Un tribunal egipcio confirmó el martes la condena a muerte impuesta al derrocado presidente islamista Mohammed Morsi por una fuga masiva de la cárcel durante el levantamiento de 2011 que terminó llevándolo al poder.
Morsi, el primer presidente electo libremente en el país, estuvo presente en el juzgado en una celda cubierta de cristal, con alambre de púas en la parte superior. Escuchó el veredicto con una leve sonrisa, pero no emitió comentario alguno.
El juez Shaaban al-Shami confirmó el fallo tras consultas con la autoridad religiosa del país, como exige la ley egipcia para los casos que incluyen la pena capital. La autoridad religiosa emite opiniones no vinculantes sobre esas sentencias.
"El panel de la corte acordó de manera unánime que no hay lugar para la indulgencia o piedad de los acusados'', dijo al-Shami, quien preside un panel de tres jueces, antes de confirmar la sentencia de muerte.
La opinión de la autoridad religiosa, Mufti, no tiene un efecto litigante, por lo que el fallo será referido de manera automática a la máxima autoridad de apelaciones del país.
El juez también confirmó la pena capital para otros cinco destacados miembros de la Hermandad Musulmana a la que pertenece Morsi, incluyendo el líder del grupo, Mohammed Badie, y Saad el-Katatni, presidente del partido político.
Al-Shami dijo que los acusados conspiraron e intentaron matar a agentes de policía cuando irrumpieron en tres prisiones egipcias, permitiendo la fuga de unos 20.000 reos, provocando caos en Egipto y violando sus fronteras con la Franja de Gaza. Señaló que lograron su cometido con la ayuda de combatientes extranjeros del movimiento palestino Hamas, el Jezbolá libanés y milicianos del Sinaí.
Otros 21 acusados encarcelados recibieron sentencias de por vida por su participación en el caso, lo que en Egipto equivale a 25 años de prisión. Otros 93 acusados fueron juzgados en ausencia y sentenciados a muerte.
Ahora Morsi deberá cambiar su uniforme azul de prisión por uno anaranjado para casos futuros. Morsi cumple actualmente una sentencia de 20 años de prisión por su participación de los homicidios de manifestantes a las afueras del palacio, cuando aún era presidente en 2012.