Juan Suris, el empresario y novio de la vedette
Mónica Farro
, detenido la semana pasada acusado de encabezar una red de narcotráfico, también es investigado por haber montado una usina de facturas truchas que habrían beneficiado a unas 200 empresas, entre ellas, algunas de
Cristóbal López y Lázaro Báez
, dos de los empresarios más cercanos al matrimonio Kirchner.
La investigación llevada a cabo por la delegación de la AFIP en Bahía Blanca a pedido del fiscal Antonio Castaño apunta contra las firmas CVP Industria, M Magna SA, E&J Argentina SRL, Scarsur Bahía y Attimo Bahía Blanca SA. En todas ellas figuran Suris como presidente o apoderado.
Facturas apócrifas de esas firmas por unos 9 millones de pesos fueron recibidas por empresas de Bahía Blanca, Córdoba, Buenos Aires y San Luis, entre otras.
La investigación avanzó durante 2011 hasta que intervino el titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray
, quien rebajó la categoría de la oficina de la AFIP en Bahía Blanca y removió a los integrantes del área de fiscalización, según informaron ayer los diarios La Nación y Perfil.
La investigación fiscal habría continuado desde entonces bajo la supervisión de un jefe de la delegación Mar del Plata, Sebastián Durruty, amigo personal de Echegaray.
En el primer tramo de la investigación, los sabuesos habían detectado que entre las firmas receptoras de las facturas truchas por unos $ 9 millones aparecía Álcalis de la Patagonia, luego de que Cristóbal López tomara el control de esa firma. López habría regularizado su situación.
Respecto a la evasión del IVA desembolsó $ 2 millones. “Como proveedor de las usinas de Álcalis, nos enchufaron facturas truchas. Pero en cuanto se detectó, se decidió el pago inmediato”, indicó un vocero de López a La Nación.
Entre las receptoras de las facturas falsas de Suris, figuran constructoras del Plan Federal de Viviendas del Ministerio de Planificación Federal. Es decir, alcanzan hasta el secretario de Obras Públicas, José López, y al ministro Julio De Vido.
No serían los únicos, entre los receptores también aparecen empresas de Lázaro Báez, a través de una intermediaria de Caleta Olivia, Santa Cruz. Consultado por La Nación, Báez negó conocer a esa firma constructora y aseguró que, “definitivamente” no hizo negocios con ella.
En su declaración ante la Justicia, Suris negó ser el jefe de una banda narco y afirmó que la causa por la que está preso había sido “armada” para perjudicarlo. Justificó los días en que estuvo prófugo de la justicia, al señalar que, por tratarse de una causa en donde según él estaba vinculada la policía, tenía “miedo” por su vida.
Suris afirmó que sus negocios eran las operaciones financieras y desmintió el lavado de dinero. En cambio, habría señalado que las cuentas bancarias por $ 14 millones que tuvo se debían a ingresos por facturas "truchas". Para la fiscalía federal de Bahía Blanca, Suris no solo vendía drogas sino también lavaba dinero.
