Lamentablemente, hay hechos que se reiteran en los últimos tiempos e involucran a una porción de protagonistas de incidentes de tránsito.
Nos referimos concretamente a los conductores que huyen del lugar luego de haber chocado con sus unidades o atropellado a peatones, causando muertes o lesiones graves a terceros, a los que abandonan en el lugar.
Las crónicas de las secciones Policiales suman en sus páginas estos episodios. Ocurren en toda la dimensión del territorio, con mayor reiteración en San Rafael.
Estamos muy mal en materia de estadísticas, se siguen produciendo muchísimas bajas a consecuencia de la siniestralidad vial, y ahora, por añadidura, se convierte en moneda corriente huir de la escena del siniestro.
Varias organizaciones, tanto en la provincia como a nivel nacional, junto con familiares de víctimas de estos casos están demandando a los legisladores nacionales que quien atropella, mata y escapa, reciba más castigo que aquel que se queda en el lugar del hecho, y lo mismo para quien mate en estado de ebriedad, recibiendo una pena más ejemplificadora que aquel que lo hace sobrio.
Es la forma que pretenden los deudos para enfrentar la inequidad de soportar que el causante de un siniestro de tránsito se vaya, busque un abogado y prepare con tiempo coartadas que, a la postre, pueden liberarlo de sanciones. Como están las cosas, para el Código Penal, atropellar, matar o herir a terceros, y desaparecer es igual a quedarse y hacerse cargo de la situación provocada. Lo mismo vale para quien guíe alcoholizado y que, producto de esa condición, pierdan la vida congéneres inocentes.
Por eso es comprensible la premura de vastos sectores de la sociedad en que se conviertan en ley las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados en 2015, que elevan las penas para quienes protagonicen incidentes de tránsito y huyan o estén ebrios o bajo el efecto de sustancias prohibidas. La normativa pasó a Senadores y, desde entonces, “duerme” en la Cámara alta sin que nadie logre justificar por qué no fue tratada, aprobada y convertida en norma legal. Pronto podría perder estado parlamentario.
La situación lo amerita. En la Argentina mueren más de 20 personas por día en accidentes de tránsito según la entidad Luchemos por la Vida. La cifra se mantiene igual desde 1990, sin ninguna disminución. La mayoría de las víctimas son menores de 35 años. Lo mismo acontece en Mendoza.
El proyecto, “congelado” en Senadores, prevé penas de 3 a 6 años para quienes cometan accidentes y se fuguen, o para aquellos que lo hacen mientras se encuentran bajo efectos del alcohol o pasan un semáforo en rojo.
Es de esperar que los senadores que representan a Mendoza soliciten con urgencia el tratamiento de la iniciativa y logren que se convierta en una nueva normativa, teniendo en cuenta el aumento de casos fatales por estas circunstancias en nuestros límites territoriales.
La fuga del lugar del hecho tiene que ser un agravante, como sucede en el resto del mundo, y esperar que la posibilidad de ir a la cárcel obligue a algunos malos ciudadanos a meditar sobre sus conductas. De otra forma, el Día Mundial de Conmemoración de Víctimas del Tránsito, que se acaba de evocar y que fijó Naciones Unidas, seguirá engrosando sus listas con nombres de ciudadanos mendocinos.
