Una fuerte controversia se ha establecido frente a la reiteración de siniestros viales en los que se determina que el factor determinante es la ingesta de alcohol.
El efecto disuasivo que podría esperarse tras la ocurrencia de estos incidentes de tránsito no se ha dado. Los últimos casos impactan a la sociedad, y no decrece la tendencia de este tipo de percances en los que la causa del choque sea manejar obnubilado por beber.
Citemos apenas los casos más recientes. La muerte de Adrián Vilouta, atropellado por un conductor ebrio frente a un shopping sobre el Acceso Sur; el deceso de una deportista de 25 años, quien falleció hace días tras el vuelco de la camioneta de su novio, que manejaba con valores no permitidos de alcohol en sangre, también sobre la misma autopista, y el escandaloso hecho detectado en el centro de San Rafael: un chico de 14 años al volante con 2,18 g/l de alcohol en sangre, acompañado de su padre, en igual (mal) estado.
Si esperamos que estas conductas retrocedan por una decisión emparentada con la responsabilidad y la reflexión debido al estrago que provocan, no vemos señales de solución del gravísimo flagelo.
Al respecto, están en debate dos posiciones muy definidas, que habrá que ver si se pueden armonizar en procura del objetivo común de desterrar estas perniciosas conductas en la vía pública.
La administración provincial presentará en estos días en la Legislatura iniciativas para endurecer la Ley de Tránsito y aplicar penas más severas a los infractores, que no solo sufrirán multas pecuniarias más severas sino que además podrán recibir días de prisión, para los casos en que sean sorprendidos alcoholizados incluso sin haber llegado a protagonizar un accidente.
Pero los familiares y amigos de las víctimas que perdieron seres queridos a manos de personas alcoholizadas guiando un automotor, están reclamando tolerancia cero al volante. Se han expresado el lunes pasado frente al auditorio Ángel Bustelo, en ocasión de la visita del presidente de la Nación, y lo seguirán haciendo. Inclusive quieren hablar con las entidades del mundo vitivinícola (Acovi, Bodegas de Argentina y Coviar), a fin de plantearles que el consumo de bebidas en reuniones sociales, espectáculos y de otra índole, puede llevarse a cabo a condición de que un porcentaje de los asistentes no beban para asegurar conducción y regresos seguros.
Si hay mayoritariamente acuerdo con la incompatibilidad de la conducción de un vehículo bajo influencia del alcohol, y siguiendo pautas estudiadas por el Instituto de Seguridad Vial (ISEV), de origen privado, el Estado debe generar una política específica aplicable a la materia que no se agota (ni por mucho) con el control en la vía pública. Deberán diseñarse una serie de acciones (preventivas y asistenciales) todas ordenadas a cumplir eficientemente el objetivo de dicha política. Esto es, sintéticamente y a grandes y principales trazos:
En prevención, articular en el sistema formal de educación la elaboración, diseño y difusión de contenidos que demuestren científicamente el riesgo en la actividad de conducción bajo los efectos de sustancias psicoactivas como el alcohol. En el sistema informal deberá hacerse lo propio.
En lo asistencial un control sistémico y sanción efectiva en alcoholemia positiva.
En lo penal para sancionar a quien conduzca tras haber bebido, no alcanzará con la figura de “agravante” de un tipo penal genérico como homicidio o lesiones culposas, sino que debería ejercerse una política criminal que establezca la “tipificación” específica de quién produce lesión o muerte conduciendo un automotor estando previamente alcoholizado.
Evidentemente se deberá ser muy cuidadoso en la definición y alcances de los aspectos probatorios, carga de la misma, garantía de defensa y entidad de la sanción.
