La presentación de un proyecto de ley, que contempla la condonación de deudas de los productores merece, por lo menos, un profundo debate en razón de que si bien la iniciativa de los legisladores puede contener buenas intenciones, no es menos cierto que paralelamente se estaría castigando a quienes -los más- han cumplido sus obligaciones con el Estado.
El proyecto, de autoría de cuatro diputados del radicalismo, señala que se deben otorgar a los productores agropecuarios los beneficios contemplados en la declaración de emergencia agropecuaria por accidentes climáticos, ante la actual crisis de rentabilidad de sus explotaciones y, a la vez, establecer que se den por canceladas las deudas de los productores por ingresos brutos y con el Departamento General de Irrigación.
Destacan además que los productores están sufriendo serios inconvenientes de competitividad, lo que no les permite hacer frente a sus obligaciones. Sostienen también que Irrigación -que no percibiría la deuda de los productores- cancele por su parte la deuda que tiene con la Provincia.
No se puede dejar de reconocer que la producción mendocina está atravesando una situación más que complicada a raíz de la pérdida de competitividad tanto en los mercados externos como interno, a consecuencia de una creciente inflación que no se condice con el aumento de costos ni con el aumento del dólar oficial, que es el que se fija para sus exportaciones.
También es concreto que la situación está afectando esencialmente a los pequeños productores y a las pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con espalda financiera para hacer frente a la situación.
Pero no debe dejar de reconocerse que este problema ha surgido en los dos o tres últimos años, luego de más de un lustro de un dólar más que competitivo. Cabría preguntarse entonces si esa deuda acumulada de los productores a los que se intenta ahora beneficiar, supera estos últimos años o si alcanza también a los años en que la situación era beneficiosa.
Sólo a modo de ejemplo podríamos señalar que algunos productores aún no han devuelto los créditos que se les otorgaron con motivo de la helada de 1992 (hace más de 20 años) que se otorgaron con motivo de la helada que se llevó dos tercios de la producción de uvas y frutas en la provincia, aún a pesar de las numerosas quitas que se les realizaron a lo largo de los años.
Tampoco puede dejar de reconocerse que cada vez que los productos primarios, llámense uva, vino, mosto o determinadas frutas -situación que no se da en la horticultura- no alcanzan valores rentables, el Gobierno suele salir a intentar precios “piso” a los efectos de atenuar las pérdidas de los productores.
No se trata aquí de dejar a los pequeños productores desamparados en un momento difícil como el que están atravesando, sino de buscar otro tipo de soluciones, como el reclamo que se deben los gobernadores y los representantes legislativos de las distintas regiones al Gobierno nacional para que imponga un freno a la inflación, que es el principal condicionante de los problemas de competitividad. A partir de allí la economía podría tender a normalizarse.
Condonar deudas, como se impulsa en el proyecto exigiría un estudio caso por caso a los efectos de no castigar, indirectamente, a quienes, a pesar de los problemas cumplieron con sus obligaciones.
