Un conjunto de condicionamientos internos (del oficialismo) y externos (ajenos al Gobierno) marcan el escenario político por el que se debe mover la presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de la mala performance de su fuerza en las primarias del pasado 11 de agosto.
En cuanto a lo político, una precipitada interna se abrió dentro del justicialismo por la sucesión; sólo los más fanáticos del liderazgo de la jefa de Estado -que son también los más necesitados de ella para mantenerse en el poder- creen que el kirchnerismo, tal como se lo conoce hasta ahora, continuará luego de 2015.
El resto comenzó a prepararse para la gran batalla. Los movimientos de Sergio Massa, el gran ganador hace dos domingos, y de Daniel Scioli, el principal socio de la Casa Rosada en la principal provincia del país, denotan una situación política llena de condicionamientos que la Presidenta no tenía antes del traspié electoral.
Scioli está sobreactuando la acción: convocó en las últimas horas a una reunión de la cúpula del PJ que aún no tiene fecha clara ni objetivos definidos. Invitó a todos los peronistas que quieran ser presidente a dirimir candidaturas en las PASO 2015 y ayer, ante lo más granado del empresariado, le puso a la vez fecha de vencimiento a la estadía de Cristina en la Rosada (coincidente con la culminación de su mandato constitucional).
Tres mensajes que muestran que ese dirigente, al que oficialistas y opositores consideran dubitativo y temeroso, sigue firme en su intención de ser el sucesor de la Presidenta.
El gobernador bonaerense planteó ayer en el hotel Alvear, en el Consejo de las Américas, ante los empresarios más importantes del país: "Este gobierno tiene que terminar lo mejor posible para que, después, la dinámica de la democracia pueda seguir proyectando a la Argentina hacia un mejor futuro".
Estas palabras no deben haber caído bien en Balcarce 50, pero muestran que Scioli juega a ser el sucesor natural del kirchnerismo, si el Gobierno mejora en las urnas, o el sucesor por decantación de la unidad peronista, si la Casa Rosada sigue distanciándose de la ciudadanía.
Massa, en tanto, aprovechó el mismo escenario del Consejo de las Américas para agudizar su rol de opositor. Aseguró que la economía atraviesa un proceso "de estancamiento por la falta de sensibilidad o pericia de muchos funcionarios".
De este modo, ante los potenciales inversores, Cristina Fernández recibió, de su más importante socio en la principal provincia argentina y de su nuevo gran enemigo en las urnas, advertencias sobre el fin de ciclo.
Por su parte, la Presidenta, en su discurso del 14 de agosto en Tecnópolis, destinado a Massa, y en su alocución de esta semana en Río Gallegos, aceptó que el rumbo económico puede ser corregido pero no cambiado. "No se puede ni soñar con un modelo con mayor endeudamiento o devaluación (abrupta) del tipo de cambio. Puedo hacer correcciones en el rumbo, pero otra política necesitará de otro gobierno que la haga", señaló Cristina Fernández.
Las respuestas de la Presidenta para salvar las limitaciones políticas están en marcha. La primera fue un decreto de necesidad y urgencia que se conoció el martes por el cual se aumenta el gasto público en 51 mil millones de pesos (más de dos presupuestos de Mendoza) para sostener subsidios, permitir el funcionamiento de empresas públicas deficitarias, hacer obras públicas en municipios, entre otras cosas.
El dinero saldrá de utilidades del Banco Central (12.000 millones de pesos) y también de las reservas de la entidad que el Presupuesto 2013 destinó al pago de deuda externa y que no se usarán porque no se debe pagar a los acreedores el Cupón PBI ya que en 2012 se creció menos de 3,5%. El resto, proviene de otras fuentes de financiamiento como el Banco Nación y la Anses, lo que aumenta al menos otros 11.000 millones de pesos el déficit de este año.
De este modo, el kirchnerismo apuntó sus cañones a dar más vigor al gasto público, dos meses antes de las legislativas, para evitar una catástrofe en las urnas que le haga perder el control del Congreso, como muchos anticipan que pasará.
Entre las presiones o limitantes que rodean a la Presidenta en términos económico-sociales, están los pedidos que los principales actores -los que ella llamó "los titulares"- le plantearon el miércoles en Río Gallegos cuando la jefa de Estado recibió a industriales, banqueros, trabajadores y empresarios (cercanos al Gobierno).
El principal de ellos es la disminución del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que alcanza a 1,5 millón de trabajadores y que es una de las principales quejas de los sectores de clase media que en las primarias votaron en contra del oficialismo.
La discusión es de dónde sacar los 15.000 millones de pesos que la AFIP recauda por esta vía. La Presidenta dijo que no está de acuerdo en gravar la renta financiera, como proponen opositores de centroizquierda, de centroderecha como Sergio Massa y algunos kirchneristas como Héctor Recalde, porque eso implicaría gravar los plazos fijos para obtener sólo 500 millones de pesos y se distorsionaría altamente el sistema financiero.
Lo que podría obtenerse, de aplicar el tributo a las utilidades de bonos y títulos, es aún menor. Por eso la Presidenta dejó picando a sus interlocutores que busquen ellos de dónde obtener los 15.000 millones que pagan los trabajadores por Ganancias, una cifra que parece exorbitante pero es sólo un tercio del monto que por un DNU ella misma aumentó el gasto público esta semana, de cara a octubre.
Detrás de estos dilemas políticos y económicos se esconde el fantasma de la ingobernabilidad que el kirchnerismo azuza para victimizarse y ver si, de paso, obtiene mejores resultados en las urnas.
Lo cierto es que hay sectores -los más anti K- que planean quitar al oficialismo la presidencia de la Cámara baja si como resultado de las elecciones del 27 de octubre, el conjunto de bloques opositores reúne los 129 legisladores necesarios para obtener el control del cuerpo.
Los antecedentes no son muy buenos. En 2009, el arco opositor no se animó a hacer esto pese a tener los números y sus proyectos legislativos fueron obstruidos sistemáticamente por el kirchnerismo desde la Presidencia de la Cámara. Sólo prosperó el proyecto que fijaba el 82% móvil para los jubilados que finalmente fue vetado.
El antecedente inmediatamente anterior no trae buenos recuerdos a nadie porque significó el principio del fin de un gobierno que debió irse sin cumplir su mandato: el de la Alianza.
En 2001, la gente dio un fuerte cachetazo en las urnas a Fernando de la Rúa y el PJ, con el voto de Cristina Fernández, le sacó al radicalismo la presidencia provisional del Senado. Puso ahí a Ramón Puerta, el efímero presidente que se hizo cargo tras la salida en helicóptero de De la Rúa.
Con semejantes precedentes, la oposición debería pensar muy bien sus pasos venideros. Que forzar al kirchnerismo al diálogo no termine convirtiéndose en un déjà vu que nadie desea.
