En un sorpresivo y duro fallo, la Justicia condenó ayer a un falso empleado del IPV y a su "ayudante", al encontrarlos culpables de más de 50 casos de estafas.
Los condenados se quedaron con 390.600 pesos de unas 70 familias, que les entregaron entre 3.000 y 15.000 pesos cada una con la promesa de recibir carpetas de casas del Instituto Provincial de la Vivienda. Muchos de los damnificados sabían que se trataba de una maniobra no legal, y aun así la necesidad o la inescrupulosidad, los llevó a aceptar el "trato".
Ayer el juez Víctor Comeglio, de la Primera Cámara del Crimen, dictó una dura condena: 6 años de prisión para el falso empleado del IPV Hugo Figueroa por 58 casos de estafa y 4 años de cárcel para su ayudante, Daniel Opazo, por 51 casos.
Ambos permanecerán en libertad hasta que la condena quede firme. Para evitar que se fuguen, el juez -siguiendo el pedido que hizo la fiscal especial Claudia Ríos- ordenó que aumenten considerablemente la fianza.
Al comienzo de la investigación, la fiscal los imputó y los hizo detener. Luego, la justicia de garantías les concedió la libertad tras pagar una caución de 10.000 pesos.
Pues bien, ahora Comeglio ordenó que Figueroa pague $ 140.000 más y que Opazo agregue 90.000.
Además no podrán cambiar de residencia sin avisarle al juez, no podrán salir de la provincia ni del país (se les retendrán los pasaportes). Por último, si no cumplen todas las exigencias de la condena, inmediatamente serán detenidos.
Fallo sorpresivo
Ayer al mediodía, tras escucharse el veredicto, no sólo los dos imputados se quedaron "helados", sino que la sorpresa también se trasladó a los abogados defensores Martín Ríos, Alejandro Aramayo y Estacio Cremaschi -quienes ya están preparando la apelación-, y también a la fiscal especial Claudia Ríos, instructora de la investigación y fiscal del debate.
La sorpresa de los letrados tenía fundamento: ni bien comenzó el debate el fiscal de cámara Javier Pascua decidió apartarse del asunto, explicando que para él no se trataba de una estafa sino de un simple engaño.
Este matiz estaba avalado por los propias víctimas, que durante sus declaraciones decían frases como: "Todos sabíamos que se trataba de una maniobra poco clara", "Era por izquierda", "Era para callado", y otras por el estilo, que reflejan que los afectados sabían que no se trataba de una operatoria seria: si conseguían una carpeta (algo que nunca pasó), desplazaban a otra persona que estaba en la lista de espera del IPV.
"No pretendo cambiar nada de lo que pasó. No le quise hacer daño a nadie. Más allá de la sentencia, lo que siento dentro de mí no va a cambiar: me siento más que culpable", dijo Figueroa, previo a que se conociera la sentencia que finalmente lo condenó.
