Las discusiones tercermundistas entre automovilistas y algunos cuidacoches en las calles mendocinas son frecuentes y terminan, por lo general, en insultos cruzados y el pago de dinero exigido, a riesgo de que “algo” le pueda pasar al vehículo.
Estas habituales disputas se potencian en horarios nocturnos, en zonas de bares o boliches. El martes pasado, un hombre fue herido con un cuchillo por uno de estos trabajadores informales, que en algunos casos reciben también maltrato social.
La semana pasada, en un fallo poco habitual, el juez de la Tercera Cámara del Crimen Diego Lusverti condenó a dos cuidacoches -con antecedentes penales por robos y tenencia de armas- a tres años y medio de cárcel por el delito de tentativa de extorsión: quisieron cobrarle 50 pesos a un penitenciario que se desempañaba como guardia de seguridad (algo prohibido por reglamento).
Un caso habitual
En los primeros minutos del 7 de mayo de 2017, el penitenciario Juan Sarmiento se encontraba en la puerta del bar “Rumbo Perdido” (ubicado en San Martín y Democracia de Godoy Cruz) donde se desempeñaba como guardia de seguridad.
En ese momento se le acercaron dos cuidacoches -Fabricio Santana y Angel Olmedo- que llevaban años trabajando en la zona y le pidieron 50 pesos para cuidarle su automóvil.
El seguridad les dijo que les iba a pagar cuando se fuera del bar, lo que dio inicio a una discusión que fue subiendo de tono, a punto que uno de los “trapitos” le dijo: “Eh, gato, si no me pagás ahora el auto no lo vas a encontrar”.
Entonces el guardia les contestó que iba a llamar a la Policía, lo que hizo redoblar la apuesta a los cuidacoches: “Llamála, gato, que te vamos a apuñalar, que te vamos a cagar a tiros. Vos no nos conocés, no sabés quiénes somos, vení, vení”.
Luego Santana y Olmedo se acercaron y le dijeron: "Vos no durás ni un round, te vamos a cagar matando, ¿sabés lo que nos cuesta apuñalarte?".
Esto hizo que Sarmiento llamara al 911, mientras los dos cuidadores le gritaban: "Los cago a tiros a ustedes y a la gorra, llamá nomás".
La pelea terminó cuando, efectivamente llegó la Policía y se llevó a los dos exaltados.
La semana pasada se realizó un juicio contra los dos imputados por extorsión en grado de tentativa en la Tercera Cámara del Crimen.
El fiscal de cámara Javier Pascua solicitó una pena de 4 años de prisión, mientras que la defensora Ximena Morales pidió la absolución de sus defendidos.
Finalmente, el juez de la Tercera Cámara del Crimen, impuso la pena de tres años y 6 meses de prisión, para un delito que tiene penas que van desde 2 años y 6 meses a 6 años y 8 meses de cárcel.
Para establecer tal pena, el juez tuvo en cuenta que los condenados son personas maduras que ya han cumplido con otras sentencias.
En sus fundamentos, el magistrado evaluó la dos versiones del hecho. La del penitenciario, que dijo ser amenazado y extorsionado porque se negó a pagarles, y otra muy diferente, la de los imputados.
También consideró que los testigos ofrecidos por la víctima eran creíbles, en tanto que los ofrecidos por los imputados resultaron inconsistentes.
La otra versión
Según los trapitos, Sarmiento les dijo que no trabajaran en el lugar y luego les mostró su arma reglamentaria, agregando que nunca le exigieron dinero. Incluso uno de ellos explicó en el juicio que el enojo del penitenciario se produjo porque él le decía que los penitenciarios tienen expresamente prohibido realizar servicios extraordinarios.
La defensora, por su parte, dijo que el dueño del bar “estaba cansado de que molestaran a los clientes y armó esta causa asesorado por el guardiacárcel”.
Por su parte, Pascua consideró que se trata de un problema social en el que los trapitos “exigen a su gusto y placer” un monto determinado para ‘cuidar’ los coches, pero “no tienen ningún derecho a exigir una prestación a cambio de ese cuidado, y menos un monto determinado”.
Luego sostuvo que estos dos trabajadores informales, en concreto, son dos delincuentes con antecedentes por robo y tenencia de armas que llevaron adelante una tentativa de extorsión.
