El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza condenó por el delito de contrabando a los cinco imputados que llegaron a debate, uno de los más importantes de los últimos tiempos.
Las penas fueron de 6 años para Luis Eduardo García Centurión y 4 para el chofer del camión (Eloy Ventura Alvarado) donde se transportaba la mercadería (vehículo que además fue decomisado).
Igual pena recibió Carlos Antonio López, propietario de la empresa transportista, mientras que Luis Eduardo García López (hijo de García Centurión) y Ana Sonia Mercado recibieron una pena de 2 años de prisión, en suspenso, cada uno.
A esas penas de privación de la libertad se les agregó la inhabilitación para el ejercicio del comercio; inhabilitación para ocupar cargos públicos y la inhabilitación absoluta prevista en el Código Penal, en los extremos de los 2 a los 10 años.
El fallo, con la firma de los jueces Héctor Fabián Cortez, Fátima Ruiz López y Hugo Echegaray, también faculta a la Dirección General de Aduana a disponer de la mercadería secuestrada (en su momento por un valor de 6 millones de dólares), mientras que a los condenados se les ha prohibido salir del país y hasta tanto la sentencia quede firme, cada uno de ellos deberá presentarse ante el Tribunal, demostrando que no se sustraerán al accionar de la Justicia.
En otro apartado se reitera el pedido de captura para Gerardo Del Río, del que se sabe está viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica.Tras que el Tribunal dé a conocer los fundamentos que avalan este fallo, se espera que cada uno de los abogados defensores lo apelen, algo que ya habían anticipado durante los alegatos: llevar el caso a una instancia superior.
El caso
Dos contrabandos de elementos de electrónica, instrumental médico y quirúrgico, teléfonos, alarmas, repuestos para autos y equipos deportivos como palos de golf, arquería e inclusive un parapente, entre otros artículos, fueron descubiertos en octubre de 2007 y febrero de 2008, que desde Chile llegaron a nuestro país cruzando la frontera. Y desde ese momento la causa fue avanzando lentamente.
En diciembre de 2011, el fiscal federal subrogante Fernando Alcaraz, rubricó el requerimiento formal de elevación a juicio que, como quedó demostrado, demoró más de tres años en llegar a debate.
El miércoles 24 el Tribunal, durante la penúltima audiencia, abrió el capítulo reservado a los alegatos, que se extendieron hasta cerca de las 16.
Y fueron los abogados defensores -Roberto Lavado, Fernando Seleme, Alberto Aguinaga y María Duranti- los que trataron de rebatir los alegatos acusatorios de la fiscal María André y los de la querella en manos de Javier Ruggero, representando a la AFIP y la Dirección General de Aduanas, tras lo cual los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta ayer, cuando finalmente se dio a conocer la sentencia, que es casi un calco del reclamo de la fiscal André, variando sólo la pena pedida por ella de 8 años para el principal imputado y que ahora el Tribunal lo condenó a 6 años de cárcel.
