Un hombre que regenteaba un prostíbulo de Ciudad fue condenado a diez años de prisión por trata de menores.
Junto a él, se enjuició a su ayudante, al que le dieron cinco años de cárcel. La Justicia Federal individualizó al menos a tres menores que fueron víctimas. Una de ellas había denunciado al proxeneta, pero la Justicia local no le creyó.
La cronología del delito se remonta al año 2011, cuando una joven que para entonces tenía 18 años se presentó ante las autoridades de una Oficina Fiscal de Ciudad.
Durante esa presentación, se desprendió que la chica, para fines de 2009 y principios de 2010 (cuando ella era menor de edad), había sido explotada sexualmente en un prostíbulo que funcionaba en una casa de calle Salta de Ciudad. En su relato, la joven denunció que junto a ella había secuestradas otras tres menores que también eran obligadas a prostituirse.
Según su declaración, llegó engañada al prostíbulo por una mujer a la que había conocido ocasionalmente. En su relato, indicó que apenas entró a la casa, notó que se trataba de un lugar de prostitución pero que ya le fue imposible salir; acto seguido, conoció a Claudio C., su captor. "Vos ahora no salís", le indicó.
Mientras la metían por la fuerza a una de las habitaciones, la chica alcanzó a ver que la mujer que la había llevado engañada recibía a cambio un paquete con drogas, contó el fiscal federal Fernando Alcaraz, quien intervino en el debate junto con la fiscal Patricia Santoni.
Los meses siguientes los pasó encerrada. Sus captores la amenazaban constantemente con agresiones que la tenían a ella y a su familia como blanco. Sólo los domingos podía salir, pero bajo estricta vigilancia.
Durante su cautiverio conoció a otras tres jóvenes que, al igual que ella, eran obligadas a prostituirse. Todas vivían en un cuarto diferente, con una mesa de luz y una cama como únicos muebles; allí recibían a sus clientes.
Escape
Los meses que pasaron sirvieron para que las menores, de a una, pudieran huir de sus captores.
Así las cosas, tras la denuncia recibida en 2011 tomó intervención en el hecho la Justicia Federal, que realizó un allanamiento ordenado por el juez federal Walter Bento.
En el proceso investigativo se estableció que la casa donde funcionaba el prostíbulo había sido allanada en otras oportunidades por orden de la Justicia provincial, pero las medidas nunca arrojaron resultados positivos.
Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que no existen dudas de que ese lugar era un prostíbulo.
La afirmación se basa por ejemplo en la investigación realizada por gendarmes, que indicaron que en inspecciones hechas en las inmediaciones del lugar encontraron a prostitutas que los invitaban a pasar al lugar. "Incluso algunas de ellas estaban paradas en la misma puerta", dijo el fiscal federal.
Cuando los oficiales allanaron la vivienda, encontraron a una mujer manteniendo relaciones sexuales con un cliente. Otro indicio lo aportó la fisonomía del lugar: "Eran sólo habitaciones que tenían una cama y una mesa de luz", explicó.
El juicio
A principios de setiembre, Claudio C. y su ayudante, Pablo O., fueron enjuiciados por el Tribunal Oral 1.
Decenas de testigos los incriminaron en delitos relacionados con la trata de menores.
Uno de los testimonios que más conmoción causó fue el de otra joven que al momento en que fue víctima también era menor de edad.
La chica indicó que ella, tal como sus compañeras de cautiverio, había logrado escapar del lugar durante 2010, pero que meses después Claudio C. la encontró y volvió a secuestrar.
Entonces ella le avisó a un familiar y la propiedad fue allanada por la policía.
Si bien la chica indicó todo lo que había ocurrido ante la Justicia provincial, se inició una investigación de la que Claudio C. terminó sobreseído. Este hombre tenía antecedentes por violación a ley de profilaxis y por promoción de la prostitución de menores.
Los acusados fueron condenados por trata de menores: Claudio C. recibió 10 años de cárcel y Pablo O. 5 años.
Las agravantes de la condena fueron las condiciones de vulnerabilidad en las que fueron captadas las chicas y las amenazas y el uso de fuerza de las que fueron víctimas. La sentencia fue llevada a casación.
