La administradora del consorcio de los departamentos del barrio San Antonio, ubicado en la Cuarta Este de Ciudad fue sentenciada por la Cuarta Cámara del Crimen a un año y medio de prisión en suspenso por encontrarla responsable del delito de defraudación en la modalidad de administración infiel.
El fallo se conoció el jueves de la semana pasada. En el mismo, la Justicia estableció que durante los cinco años que la mujer estuvo a cargo del cobro de las expensas de los 152 departamentos -ubicados en la manzana comprendida entre Tucumán, Montecaseros, José Federico Moreno y Santa Fe- realizó movimientos fraudulentos.
El caso salió a la luz durante mayo de 2008, cuando se realizó el balance del año 2007 sobre lo recaudado a través del pago de las expensas y los gastos administrativos y de mantención de los complejos.
En esa oportunidad, la presidenta del Consejo de Administración (una vecina de apellido Herrera) notó que en los inventarios de 2006 y 2007 ella figuraba en varias oportunidades como deudora, situación que no era tal.
Asimismo se descubrió que muchos vecinos -que antaño se habían destacado como buenos pagadores- también figuraban como morosos.
Ante tal situación, el Consejo citó a la administradora del consorcio, Alicia Odetto, quien se desempeñaba en esa tarea desde el año 2003.
Durante el encuentro, realizado el 3 de mayo, se revisó la situación de 120 moradores (no se llegó al total de los departamentos ya que la reunión se acabó abruptamente cuando la administradora se retiró) y se estableció que registraban deudas unos cuarenta departamentos.
"Cada vez que surgía un moroso, la administradora contestaba que debía verificar la situación", comentó el abogado querellante, Carlos Benavídez.
Así las cosas, se estableció que Odetto no rindió la suma de 16.925 pesos correspondientes al año 2007 y parte de las expensas de 2008, lo que hizo un total de alrededor de 24 mil pesos desaparecidos.
Por aquel entonces, el monto que debía pagar cada familia de los departamentos por sus expensas era de 60 pesos mensuales.
Robo de documentos
Para empeorar las cosas, dos días después de la reunión que mantuvo el consejo con la administradora acusada, Odetto se acercó a la Oficina Fiscal 1 de Capital y denunció un robo en la sede del consorcio, ubicado sobre Montecaseros al 2578.
Odetto indicó que los ladrones se habían llevado la documentación correspondiente al pago de expensas de los años 2006 y 2007, justamente los períodos que eran investigados por posible fraude. De esta manera, se inició una investigación por hurto agravado -por el uso de ganzúa o llave falsa- aunque "lo concreto es que no se había violentado la cerradura", denunció la querella.
Con el paso de la investigación llevada adelante por el Consejo y el contador del complejo habitacional, se determinó la manera en la que la administradora Odetto llevaba adelante el fraude. "La mujer entregaba recibos falsos e intentaba hacer pasar como pagas cosas que no lo estaban", explicaron las fuentes.
En cuanto a los recibos, Odetto tenía dos talonarios: uno impreso con tinta de color negro y otro con tinta de color lila.
Los primeros eran los originales y los segundos una copia falsa, impresa a partir de digitalización de los originales.
De esta manera, la acusada entregaba a un vecino el comprobante original (con letra negra) y meses después se deshacía del duplicado (de color lila), entregándoselo como recibo a otro vecino. La investigación determinó que dos moradores recibían un mismo recibo con idéntica numeración pero que los impresos en color lila no eran rendidos.
Conocidas las estafas, la mujer quedó desvinculada de la administración a partir del 1 de agosto de 2008.
"Las víctimas eran mayormente los vecinos más grandes del edificio. Cuando se conocieron las estafas, Odetto dijo que iba a presentar una denuncia por calumnias y que se iba a quedar con tres o cuatro departamentos", comentó la querella.
Así las cosas, tras cinco años de instrucción, la Justicia sentenció a Odetto a 18 meses de prisión en suspenso. Además, durante los próximos dos años no podrá mudarse sin previa autorización judicial y deberá dar informes trimestrales acerca de sus actividades laborales.
