El Tribunal Oral Criminal Federal 2 condenó a Elena Susana López Tejada (58) a 12 años de prisión al ser encontrada culpable de haber captado a dos menores de edad y a una mayor, con fines de explotación sexual, situación que se agravó por haberlas engañado, amenazado y haber abusado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, según el artículo 145 bis del Código Penal.
Igual imputación recibió su hija Sara Elena Valdez (25) aunque en este caso la pena fue de 11 años.
Sin embargo ambas mantendrán el régimen de prisión preventiva, por enfermedad la primera y por estar al cuidado de un menor la más joven.
También se falló contra un joven de 21 años -menor a la fecha de los hechos- a 4 años de cárcel efectiva, por lo que fue detenido tras la lectura de la sentencia. Y un cuarto sujeto, de 20 años, que deberá cumplir 3 años en suspenso. En el juicio que se inició en diciembre del año pasado también estuvieron acusados Ana Alejandra López (41) y Daniel Enrique Díaz (50), pero ambos fueron absueltos.
Una menor
Este caso se inició con la denuncia de VP, una menor de 17 años ante las autoridades de la Dinaf y que impulsó el propio director de Protección de Derechos Humanos, Héctor Rubén Cuello, hace casi 3 años.
Con sus dichos se inició el expediente que le sirvió a la fiscal federal Alejandra Obregón para impulsar la investigación y elevar el caso a juicio.
En el debate, que por sus características fue a puertas cerradas, se pudo conocer, a través de la declaración de la menor, hecha en una Cámara Gesell y que los jueces, defensores y la fiscal pudieron seguir mediante pantallas en la sala, que además de los malos tratos -donde no faltaron insultos, amenazas y golpes con el fin de que la menor ejerciera la prostitución-, la obligaron a “trabajar” generalmente con "hombres viejitos que vivían en las fincas aledañas al domicilio de El Sauce donde estaba cautiva.
Otro tramo de la declaración puso al descubierto dos hechos preocupantes. En el primero se le "pedía" que consiguiera del "hogar de la Dinaf o de la calle, chicas bonitas y tontitas".
De "visita" a la cárcel
En una oportunidad la menor fue llevada en un remise al penal Almafuerte, con la finalidad de que mantuviera relaciones sexuales con dos internos y que además pudiera ingresar estupefacientes para los presos.
Así se supo también que las víctimas, pese a que estaban permanentemente custodiadas, un día lograron escapar, oportunidad en que hubo una persecución e inclusive algunos disparos de armas de fuego, hasta que un móvil policial la rescató.
A otra menor -en este caso de sólo 14 años- la llevaban en auto al centro -San Martín y General Paz- donde la obligaban a ejercer la prostitución mientras era observada por la pareja desde el vehículo en que la habían transportado. Una tercera menor escapó de la casa y nunca pudo ser encontrada por las autoridades.
De ese modo, el Tribunal integrado por Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Fátima Ruiz López, después de los alegatos, dio a conocer el fallo.
Pedido por trabajadoras sexuales en prisión
Visitaron Los Andes cinco mujeres que se identificaron como meretrices y aseguraron que "nunca fuimos sometidas, ni engañadas y mucho menos nos sentimos vulnerables".
El reclamo del grupo fue por Angélica Yolanda Moreno (63) y sus hijas Micaela Vanina (37) y Lorena Anahí (40), que fueron detenidas durante un procedimiento realizado el 8 de mayo del año pasado en un domicilio de calle Federico Moreno al 2171 de la Cuarta Sección.
Ellas actualmente se encuentran procesadas con prisión preventiva acusadas de infringir el artículo 145 bis del Código Penal (Ley 26.482) y alojadas en la Unidad de Mujeres 3 de El Borbollón, Las Heras.
Según lo explicado por la doctora Fernanda Ante, que tiene a su cargo la defensa de las detenidas, desde diciembre el expediente Nº 1015981 se encuentra en trámite de apelación del procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Juan Antonio González Macías, Héctor Cortez y Carlos Parra, "es decir los mismos magistrados que en solo unos 20 días resolvieron la detención de Alejandro Vandenbroele...”.
Marilú y Bernardita (nacidas en la República Dominicana), Granata y Ana (argentinas) e Ingrid (colombiana), confiaron que "nosotros hacemos nuestro trabajo y somos conscientes de ello. Trabajamos en el mismo lugar en donde detuvieron a Angélica y sus hijas, por una cuestión económica sin tener que responder a nadie... Ni ahora ni nunca" y remataron reclamando que "si no hay víctimas tampoco hay delito".
