Se cumplen casi 10 años de litigio internacional, con pausas en el medio, que se reactivó a partir de la reestatización de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en setiembre de 2010. Desde entonces, el grupo francés Saur International, ex concesionario del servicio de agua y cloacas en Mendoza, apuró la demanda ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) en busca de un resarcimiento por la rescisión del contrato y, finalmente, lo obtuvo: el tribunal del Banco Mundial condenó a la República Argentina a pagar 40.676.611 dólares y 1.486.975,13 euros entre capital, intereses y costas, ajustable al 6% anual.
En su fallo, el Ciadi, ámbito que recepciona reclamos de las multinacionales, ponderó la forma en que se rescindió el contrato para proceder a la intervención de la empresa, además de las decisiones en torno a la actualización de tarifas que afectaron la inversión durante la concesión. Originalmente, el Ciadi había atendido un reclamo de U$S 144 millones en concepto de resarcimiento, luego cuestionado por la Procuraduría del Tesoro de la Nación, el abogado de Argentina en el juicio llevado adelante en Washington.
Además de las costas (U$S 686.500) y gastos de defensa de la demandante (casi 1,5 millón de euros), el Tribunal arbitral resolvió “condenar a la República Argentina por un monto de U$S 39.990.111 a favor de Saur International, en carácter de compensación por daños generados a través de la violación de dos estándares del APPRI (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia): expropiación de la inversión y trato injusto e inequitativo hacia las inversiones de Saur”, aunque descartó un tercero, la “protección y seguridad”.
Ante la perspectiva de sentencia desfavorable, la Procuración apeló el quantum (monto a pagar), que equivale a desembolsar casi un tercio de la demanda inicial presentada en setiembre de 2004. El Tribunal consideró una “expropiación directa” de una inversión equivalente al 32,08% del capital social de la empresa, más dividendos y derechos como operador, además de la participación accionaria de Saur en la empresa (U$S 20,6 millones).
En el resumen de la sentencia, los jueces consideran que conceder U$S 39,99 millones “es una cifra a todas luces razonable, teniendo en cuenta que es algo más de la mitad de lo que invirtió 15 años atrás”.
Ahora se abre el interrogante: cómo la Nación transferirá el costo a la gestión de Francisco Pérez. “Es un fallo que, en base al principio de que no se garantizó la inversión realizada, condena a la República Argentina a pagar pero sin implicar ejecución de bienes. Si bien no hay apelación, se ha planteado la revocatoria de algún aspecto de la sentencia”, señaló al respecto el subsecretario Legal y Técnico del Gobierno mendocino, Gustavo Tobares.
Demandas pendientes
Tras la notificación al Ejecutivo y a la Fiscalía de Estado, en el medio quedan una serie de acciones cruzadas entre el ex poder concedente y concesionario a nivel de la Justicia argentina: OSM S.A.L (sociedad anónima en liquidación) reclama a la Provincia un crédito deudor por $ 132 millones en bienes de uso.
A su vez, el Estado mendocino es acreedor quirografario (priorizable) desde que en 2013 la firma se declaró en concurso, a partir de un reclamo conjunto de algo más de $ 450 millones entre obligaciones impagas a ATM, EPAS, Irrigación y AFIP y una demanda por incumplimiento del contrato de concesión (falta de inversiones en la mejora del servicio) e impacto ambiental que presentó como prueba al Tribunal.
En el primer caso, los ex accionistas confirmaron que se interpuso una acción de inconstitucionalidad que llevó el caso a la Suprema Corte. Para neutralizar la demanda iniciaron una acción administrativa para pedir que se declararan nulos los decretos de intervención y la posterior estatización y creación de Aysam (Aguas Mendocinas).
Por ahora, tanto fuentes de la compañía como del Ejecutivo descartan una compensación entre el monto a pagar por el juicio ante el Ciadi y en la Justicia local para dejar el juego en tablas.
Para Tobares, “en principio no está en consideración porque se trata de reclamos que transcurren por carriles judiciales distintos: el provincial y el internacional”.
Cabe recordar que el avance del juicio y el arbitraje del Ciadi, nacido del desfasaje por el congelamiento tarifario producto de la crisis de 2001, se había ralentizado entre 2005 y 2010, producto de dos cartas-entendimiento firmadas con los gobiernos de Julio Cobos y Celso Jaque como antesala de una renegociación del contrato de concesión.
En la segunda, las partes acordaban una compensación recíproca de deudas: la de inversiones pendientes y del pago de canon anual, que debía aumentar del 3,85% al 9,9% anual, algo de lo cual desistió el concedente.
A la hora de decidir, el Ciadi venía de apoyarse en la figura de “expropiación sin contraparte” pero el Gobierno argumentó falta de inversiones e incumplimiento de contrato desde 1998.
Para el estudio patrocinante de la multinacional francesa, Sherman & Sterling, el congelamiento de tarifas a raíz de la crisis económica de 2001, el no otorgamiento de ajustes comprometidos por los gobiernos en los años siguientes, la falta de actualización catastral de inmuebles y la “imposibilidad del Gobierno de concluir un acuerdo de renegociación” fueron causas suficientes.
Proyecto para reformular el sistema de facturación
“Es necesario rediscutir integralmente cómo debe sostenerse el recurso en Mendoza, teniendo en cuenta que estamos atravesando el quinto año de emergencia hídrica. Pero no se trata sólo de imponer un sistema de medición del consumo sino de abordar también cuestiones técnicas”.
Así resumió Javier Montoro, titular del EPAS, la intención de someter a debate en la Legislatura las modificaciones para optimizar el uso del agua potable y la sustentabilidad del servicio en la provincia. Antes, el Gobierno y el ente regulador quieren convocar a una mesa de expertos para hacer una puesta en común de visiones que aporten a un plan estratégico.
Cronología
17/11/2003: Saur solicita el arbitraje de Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) al considerar perjuicio desde 2002 por U$S 144 millones, a partir de una inversión de U$S 72,4 millones en 1998.
15/12/2005: firma de la primera Carta Entendimiento para renegociar contrato de concesión con el gobierno de Julio Cobos.
7/5/2006: se frena el avance de la causa y el arbitraje del Ciadi por la negociación en marcha.
17/5/2007: pactan ajustar la tarifa 19,7%, a cambio de una inversión anual en obras de $ 10,7 millones a 2023, que se demora 1 año por “políticas imputables a la Provincia”, según el Tribunal.
3/8/2009: el Gobierno de Celso Jaque decide la intervención administrativa de OSM S.A por 180 días, extensible a 360 días, por incumplir el acuerdo.
1/5/2010: ante la Asamblea Legislativa, Jaque anuncia que la empresa debe “volver a manos del Estado por la desidia privada”.
4/5/2010: se reactiva la demanda internacional ante Ciadi, por u$s 144 millones.
27/9/2010: Jaque rescindió el contrato y la Legislatura aprobó la creación de Aysam Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria).
1/10/2010: al extinguirse la concesión, los accionistas de OSM S.A. deciden su disolución.
