La justicia tucumana emitió ayer diez condenas de entre 22 y 10 años de prisión por el secuestro y sometimiento a prostitución de María de los Angeles Verón, en la revisión de la sentencia que a fines de 2012 absolvió a los 13 imputados del caso.
Los fiscales habían reclamado el lunes condenas de 25 años de prisión, por lo que ayer Susana Trimarco, madre de la joven secuestrada hace 12 años en Tucumán, señaló que "esperaba mucho más, pero estoy conforme" y aclaró que seguirá "luchando hasta el día que sepamos qué hicieron con Marita".
Los principales acusados, los hermanos riojanos José "Chenga" y Gonzalo José Gómez, fueron condenados a 22 años de prisión, mientras la madre de ambos, una de las más comprometidas en la acusación, Irma Lidia Medina, quedó fuera del proceso porque falleció en febrero.
El nuevo fallo fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia tucumana que aceptó la apelación presentada por fiscales y querellantes, resolvió que se condene a los acusados y derivó la decisión de fijar el monto de la pena al tribunal integrado por Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez.
Los jueces condenaron también a 18 años de cárcel a Daniela Milhein y a Andrés González como coautores penalmente responsables de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución.
Sobre los cuatro pesaban pedidos de condena por 25 años de prisión, efectuados por la fiscalía y la querella. En tanto, como partícipe necesario de retención y ocultamiento de personas para prostitución se condenó a 17 años de cárcel a Carlos Luna y al ex policía Domingo Andrada; a 15 años a María Azucena Márquez; a 12 años a Humberto Derobertis; y a 10 años a María Natalia Bustos y a Cyntia Gaitán.
En todos los casos se dispuso las condenas por entender que ayudaron a los hermanos Gómez en el sometimiento de Marita Verón.
Los jueces ordenaron la prisión preventiva para todos en la unidad penitenciaria correspondiente, que puede ser en Tucumán o en La Rioja, salvo en el caso de Gaitán, que seguirá en arresto domiciliario por 15 días. En cambio, se rechazó la acción civil que había pedido una indemnización simbólica de un peso.
El tribunal también anunció que el 24 de abril se difundirán los fundamentos del fallo, fecha a partir de la cual comenzará a correr el plazo para las apelaciones de las partes.
Los condenados fueron retirados por la Policía sin hacer declaraciones.
Satisfacción y enojos
"Veintidós años para los cabecillas no es poco", comentó Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, en relación a la pena dictada para los hermanos Gómez. Y agregó que "está cerca" de los 25 años que había pedido para los cuatro coautores su colega cordobés José D'Antona, representante de la querella. En cambio, Garmendia opinó que le parecían "poco" las penas dispuestas para los seis partícipes necesarios, para quienes D'Antona había solicitado 24 años y medio de prisión.
El defensor de los Gómez, el también cordobés Jorge Cáceres, consideró por su parte que el fallo de ayer "es una vergüenza".
El 11 de diciembre de 2012, tras diez meses de un juicio oral por el que desfiló más de un centenar de testigos, un tribunal presidido por Alberto Piedrabuena e integrado por Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano absolvió por unanimidad a los 13 acusados originales. La sentencia causó indignación en la opinión pública y cuestionamientos de todo tipo a sus firmantes.
Un año después, el 17 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó esa sentencia y condenó a diez de los imputados, ratificó la absolución de dos de ellos (María Jesús Rivero y su hermano Víctor Rivero) y declaró extinguida por fallecimiento la acción penal contra Lidia Medina, madre de los Gómez.
La diferencia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria estribó básicamente en la distinta valoración que hicieron el tribunal oral y la Corte provincial de los testimonios de mujeres que declararon haber visto a Marita en La Rioja.
Ahora, la condena definitiva de los diez acusados arroja algo de luz sobre este caso que es un faro en el tema trata de personas. Según la ONGfeminista La Casa del Encuentro, hay actualmente unas 600 mujeres y niñas desaparecidas en Argentina presuntamente víctimas de trata.
En 2008 el Congreso sancionó una ley que pena ese delito con entre tres y 15 años de prisión y contempla condenas más graves cuando la víctima es menor de edad.
