En un fallo que la propia querella calificó de "ejemplificador" dos psicólogas de la ex Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) que restituyeron a sus padres a la pequeña Luciana Rodríguez, fueron condenadas a tres años de prisión en suspenso y a tres de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La niña de 3 años fue asesinada a golpes el 7 enero de 2014 y por el hecho fueron condenados a prisión perpetua su madre y su padrastro.
Las psicólogas Fabiana Lucentini (50) y Gianina Consina (32) llegaron a debate junto a la licenciada en Minoridad Mónica Castro (60) imputadas por los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero ayer Castro fue absuelta por el beneficio de la duda, como había pedido su abogado defensor, Sergio Carreño.
Fueron estas funcionarias quienes devolvieron a Luciana a su hogar, una casa usurpada en calle Entre Ríos al 300 de Ciudad, pese a que existían antecedentes de maltratos y a condiciones de vulnerabilidad evidentes, como el consumo de drogas de sus cuidadores y la falta de servicios esenciales en la vivienda, como los sanitarios. Además, su madre no alimentaba ni cuidaba a la niña, por lo que quedó totalmente desprotegida.
Al quitarle la custodia a la tía de Luciana para reintegrarla a su madre, las ahora condenadas no hicieron cesar las condiciones de vulnerabilidad. Tampoco hicieron nada ante una denuncia de un testigo que había visto cómo su padrastro golpeaba y tiraba el pelo a la nena.
La pena solicitada por el fiscal Sebastián Capizzi había sido acompañada por el abogado querellante, Oscar Mellado. Habían solicitado tres años de prisión para las tres acusadas, 10 años de inhabilitación para cada una de las psicólogas y uno para la trabajadora social.
Fallo ejemplificador
Las tres ex funcionarias del por entonces Órgano Administrativo Local -remplazado por los Equipos Técnicos Interdisciplinarios- llegaron a las 9 de ayer a la audiencia. Tras escuchar sus últimas palabras, la jueza Laura Guajardo se retiró de la sala.
La magistrada regresó cerca de las 11 con la sentencia, que resultó satisfactoria para la querella. "El fallo no nos ha sorprendido porque habíamos pedido una pena muy parecida; estamos conformes", dijo a Los Andes el abogado Oscar Mellado, quien representó a Claudia Rivas, la abuela materna de la pequeña asesinada, quien hoy está detenida en una causa por drogas.
Más allá de la pena impuesta a las profesionales, para Mellado lo importante del fallo “es que sea ejemplo para la comunidad y para los funcionarios, para que algo así no vuelva a suceder nunca más”.
“La actitud de las profesionales condenadas, al no cumplir con sus deberes de funcionarias públicas, puso en peligro y en situación de abandono a la menor porque, cuando se la devolvieron a su madre y su padrastro, finalmente la mataron. No decimos que ellas (las funcionarias) la mataron pero la actitud del ex OAL puso condiciones para que esto pasara”, concluyó Mellado.
La primera testigo en declarar en el juicio que culminó ayer fue la tía de Luciana. La mujer dijo que había reclamado repetidas veces a la ex Dinaf (hoy Dirección General de Proteccional) tras denunciar, en marzo de 2013, que la niña había sido golpeada.
Agregó que el Estado estaba al tanto de la situación y que ella había pedido que se la dieran en custodia pero nunca obtuvo resultados.
En setiembre de 2015 Rita Rodríguez (28), la madre de la niña, y el padrastro, Jorge Orellano (41), fueron condenados a prisión perpetua.
Brutal infanticidio
El crimen de Luciana Rodríguez ocurrió el 7 de enero de 2014. Ese día, Orellano salió de la casa usurpada en la que vivía en el Centro y fue a la clínica Santa María. Llevaba en brazos a Luciana, a quien abandonó en un consultorio.
Los médicos constataron que la nena estaba muerta y alertaron a la Policía. Luego Rita Rodríguez fue detenida pero dijo que no estaba al tanto de la situación. Después caería su pareja.
La pequeña presentaba 16 lesiones en el cuerpo; algunas eran de tres días antes de su muerte.
Operador del ex OAL ya había sido condenado
El 5 de diciembre pasado, en el inicio del debate, un operario de la ex Dinaf fue condenado en un juicio abreviado a dos años de prisión en suspenso y a cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La defensa de Felipe Vizcarra (59) acordó entonces con el fiscal Sebastián Capizzi la pena que finalmente ratificó con su fallo el juez David Mangiafico.
