Un fallo de la Suprema Corte de Justicia obliga al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria (Iscamen), a pagar a cinco veterinarios de su planta, casi $ 10 millones por adicionales retroactivos no liquidados, al no haber sido incorporados al régimen salarial de los profesionales de la Salud.
Pero la sentencia replicará en el Gobierno, que también tendrá que abonar varios millones por similares adicionales a veterinarios públicos.
El fallo, considerado “histórico” por Ampros, fue emitido por la Sala II del Tribunal, y firmado por Omar Palermo y Mario Adaro (José Valerio estaba de licencia). Hizo lugar a una “acción procesal administrativa” que presentaron los profesionales del Iscamen, quienes a través del gremio reclaman desde 2008 ser incorporados al régimen salarial 27.
Ese régimen integra a los “profesionales de la Salud”, según la ley 7.759, norma que homologó el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que se acordó en 2007 (Gobierno de Julio Cobos). En su artículo 2, la ley detalla a los profesionales del régimen y nombra entre otros, a médicos, odontólogos, kinesiólogos (...) “...y veterinarios”.
Sin embargo en esos años, sólo los que trabajaban en el Ministerio de Salud cobraban en el régimen 27.
Es cierto que la cuestión cambió en 2011, cuando la ley 8.837 - que homologaba otro acuerdo paritario- ratificó la 7.759 y la condición de “profesionales de la Salud”. Con ella, el Gobierno reconoció que los veterinarios se vinculan “a la salud humana” y los incorporó a todos al régimen 27.
Aunque el Iscamen -a cargo en ese tiempo de Leandro Montané- no lo aceptó. Adujo que el acuerdo paritario se había dado entre el Gobierno y Ampros, sin representación de ese organismo.
Por eso Montané firmó la resolución 225/I/2012, en la que rechazó la solicitud de los trabajadores de pertenecer al régimen.
Una serie de reclamos gremiales una y otra vez fueron rechazados hasta que el 11 de diciembre de 2013, el entonces gobernador Francisco Pérez (PJ), firmó el decreto 2.363. Allí, el ex mandatario daba la razón al Iscamen, rechazaba las sucesivas acciones judiciales administrativas presentadas por Ampros, y la posibilidad de integrar a esos veterinarios al régimen 27.
Con el nuevo Gobierno la situación no cambió y la Justicia tuvo la palabra.
Quien argumentó fue el titular de la Sala II, Palermo. Con la anuencia de Adaro, el juez consideró en primer lugar, que si bien el Iscamen es un ente autárquico, depende del Estado. En tal sentido, consideró que en los acuerdos paritarios citados, “estuvo representado”. En consecuencia, los trabajadores deben incorporarse al régimen del CCT que se acordó con el gremio.
Además, resaltó que la tarea de los veterinarios, “vincula con la salud humana” y citó fundamentos del Colegio de Veterinarios en esa línea, como “control de productos y sub productos cárnicos, control de productos y sub productos lácteos, control de ‘epizootias’, control de plagas y vectores transmisores de enfermedades”, entre otros ejemplos.
Así, el Tribunal justificó la aceptación del reclamo, ordenó dar de baja el decreto de Pérez y la resolución de Montané y que se establezca el “cambio de escalafón” a los veterinarios. Y como el reclamo judicial comenzó el 8 de mayo de 2012, condenó al Iscamen a pagar las diferencias de sueldos con retroactividad “al 8 de mayo de 2010”. Lo hizo atendiendo a que la indemnización puede alcanzar hasta dos años, según lo indica el Estatuto del Empleado Público.
No hay cifra exacta, pero se habla de que esa diferencia, actualizada, ronda los $ 25 mil mensuales, lo que implicaría para el organismo pagar unos $ 10 millones.
El hoy titular del Iscamen lo consignó. “Son entre 8 y 10 millones”, dijo el radical Alejandro Molero, que reconoció el fallo y confirmó que el instituto “pagará” esa diferencia.
“Nos reuniremos con ellos y el Gobierno para ver de qué manera hacemos ese pago”, indicó, señalando que buscarán la forma de evitar que el desembolso complique las cuentas del Iscamen.
La Provincia también
Como la Suprema Corte obliga a pagar la retroactividad "hasta mayo de 2010", el Gobierno también tendrá que desembolsar una cifra millonaria.
Se habla de que son 139 los veterinarios que trabajan en la órbita del Estado. Todos están en el régimen 27 desde 2012. Y dado el fallo, a todos en consecuencia deberá pagárseles la diferencia, que aún no ha sido calculada. Pero una rápida cuenta permite inferir que superaría los $ 84 millones, desembolso que, lógicamente, no ha sido previsto por Hacienda en la nómina salarial de este año.
Enojo de Molero con sus antecesores del PJ
El radical Molero se mostró molesto con los anteriores funcionarios justicialistas por tener que afrontar esta situación.
“La desidia y el despilfarro de ellos nos hace tener que asumir nosotros estos pagos”, dijo el ex senador, célebre por sus declaraciones.
“Si hubieran acordado a tiempo, esto no habría sucedido”, continuó.
Y hasta tuvo palabras para los ministros de la Suprema Corte que firmaron el fallo. “Terminan firmando dos jueces fuertemente ligados al justicialismo, un fallo que nos obliga a tener que pagar el descontrol”, señaló.
El Iscamen este año tiene un presupuesto de $ 350 millones, de los cuales $ 150 millones "son de recaudación propia", informó el funcionario. "No teníamos prevista esta salida de dinero, que puede afectarnos en el presupuesto", enfatizó.
