Dos proyectos de ley, presentados por legisladores demócratas, han vuelto a poner en el tapete la discusión sobre los concursos para el ingreso a la administración pública. En esencia, las iniciativas plantean la aplicación de la ley que exige concursos públicos y de mérito para ingresar o lograr ascensos en el Estado.
Una norma legal que fue aprobada en 2009, durante la gestión de Celso Jaque, pero que ratificaba un decreto, el 3166, de noviembre de 2007, del gobierno de Julio Cobos. Han pasado cuatro años y la situación no se modificó, razón por la cual nada regula el ingreso a la administración pública y las designaciones siguen respondiendo a la decisión de los funcionarios.
El llamado a concurso en el Estado tiene su historia. La última vez que se realizó fue durante la intervención federal de José Eugenio Blanco, en 1969, que motivó que fueran miles los jóvenes que se presentaron a rendir examen. Con posterioridad, durante la gestión de José Octavio Bordón se volvió a convocar a un concurso, pero el mismo fue suspendido ante la presentación de un recurso judicial que cuestionaba su reglamentación.
En noviembre de 2008 fue sancionada la ley 7970, que ratificaba el decreto 3166, de fecha 15 de noviembre de 2007 en el que, además de homologar las actas paritarias, establecía las pautas para la convocatoria a concursos para el ingreso a la administración pública.
La nueva norma legal establecía, en su artículo 2, que el “ingreso del personal a planta permanente efectiva, como también la promoción de clases de carácter efectivo, se producirá mediante el sistema de concursos”, agregando que “deberán respetarse los principios de igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia e igualdad de trato por razones de género y discapacidad”. Señalaba en su artículo 3 que “los concursos serán cerrados o abiertos, de antecedentes y oposición. Serán siempre públicos, con plena difusión anterior y posterior a su realización”.
En aquel momento se indicó que la intención era mejorar la carrera administrativa y que el llamado sería para cargos interinos y vacantes. Previamente, para regularizar la planta de cargos, se normalizaría la situación de los contratados temporarios, pasándolos a planta permanente.
El acuerdo contemplaba inclusive un organismo de control en la administración de la medida, del que participarían los cuerpos colegiados integrados por el Poder Ejecutivo, los gremios y trabajadores no afiliados a los sindicatos y se solicitó una colaboración de profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Tecnológica Nacional, para tomar el test de aptitudes.
La norma legal está reglamentada y hasta existe un acuerdo con los gremios. Sin embargo, a cuatro años de su aprobación, aún no ha sido aplicada y el Estado provincial, así como las municipalidades, siguen siendo una bolsa de trabajo sólo para allegados o familiares de funcionarios o de dirigentes políticos.
Más allá de la presentación del proyecto, que no hace más que recordar la existencia de la ley y la necesidad de su aplicación, creemos que es el momento oportuno para modificar la situación existente y establecer, de una vez y para siempre, un sistema de ingresos y ascensos en el ámbito de la administración pública que permita premiar a quienes tengan capacidad intelectual y técnica, aunque no cuenten con alguna cuña política que los favorezcan. La implementación de la norma permitirá llevar mayor transparencia a los actos de gobierno.
