El Gobierno y las entidades sindicales dieron días pasados un paso fundamental para concretar un largo anhelo, tanto de las diferentes gestiones gubernamentales como de los gremios que nuclean al personal estatal, y la ciudadanía en general. Se trata del acuerdo a fin de establecer el régimen de concursos, para el ingreso a la administración pública como para los ascensos, a los efectos de conformar un sistema más justo desde diferentes aspectos.
Por un lado, porque el Estado dejará de ser la bolsa de trabajo para el partido que gane las elecciones y porque se abren las posibilidades para los jóvenes para trabajar aunque no tengan militancia política sino capacidad para acceder a un trabajo en el Estado. Mientras, paralelamente, se podrá implementar una verdadera carrera administrativa que permita que sean los más capaces los que vayan ascendiendo de categoría y ocupar las jefaturas.
Acerca del sistema de ingresos y de ascensos por concurso, a lo largo de los años se habían realizado numerosas promesas pero ninguna de ellas se había concretado. En la gran mayoría de los casos, como consecuencia de planteos duros por parte de las entidades sindicales, especialmente durante los últimos años a raíz de la politización que se había adueñado de algunos de los organismos gremiales, como ATE. Sin embargo, el cambio en la conducción sindical modificó la situación y ahora esa entidad gremial, junto a UPCN, terminaron acordando con el Gobierno.
El único antecedente serio que existe sobre el tema se constituyó en 1969, durante la gestión de José Eugenio Blanco, oportunidad en que se estableció un llamado a concurso para el ingreso a la administración pública, a través de una convocatoria publicada en los medios de difusión. Se fijó, a modo de premio, que quienes ocuparan los diez primeros lugares en el concurso tuvieran la oportunidad de elegir el lugar dónde trabajar, de acuerdo con las vacantes existentes. A partir de allí varios gobernadores intentaron hacer lo propio pero no lograron su objetivo y quien estuvo más cerca de alcanzar esa meta fue José Octavio Bordón, pero en la parte final de la implementación una presentación efectuada por los gremios estatales, evitó su concreción.
Debemos señalar también que hubo muchas promesas de parte de los diferentes gobiernos, pero todo quedaba en anuncios, ya que el acceso a los cargos estatales estaba dado en la gran mayoría de los casos por la militancia política. Inclusive se repetían algunas circunstancias, como sucedía en algunas reparticiones -la Legislatura era una de ellas- en que los aspirantes ingresaban en carácter de "asesores" de determinado legislador y con el correr del tiempo iban ubicándose en las diferentes vacantes que se producían por retiro o jubilación de quienes sustentaban el cargo.
El actual gobernador, Alfredo Cornejo, decidió actuar de modo diferente, ya que en junio del año pasado llamó a concurso para cubrir 185 cargos jerárquicos en diferentes nosocomios, cumpliendo una sentencia judicial ante un reclamo efectuado por Ampros y posteriormente se realizaron concursos para el ascenso a subdirecciones, jefes de departamento o de división en distintos organismos oficiales. Días pasados se suscribió un acuerdo entre el Gobierno y los gremios de la administración central, en la intención de implementar los concursos y los propios dirigentes sindicales celebraron la decisión en razón de que se podría así terminar con los ingresos o los ascensos "a dedo".
Inclusive se estableció que representantes de las entidades integrarán la comisión respectiva para la evaluación.
Es de esperar que las buenas intenciones que se han observado en los últimos meses, la apertura positiva de las organizaciones sindicales y la iniciativa oficial, alcancen los objetivos buscados.
