Concentración en la Legislatura para pedir que no haya más docentes agredidos

La brutal golpiza que recibió la semana pasada un docente de una escuela de Palmira movilizó a toda la comunidad educativa del Nicolás Avellaneda y al mismo tiempo alertó a directivos y docentes de otros establecimientos cansados de la violencia escolar. Por eso, un grupo de profesionales decidieron concentrarse esta mañana en la Legislatura para exigir que no haya más docentes agredidos y que la Dirección General de Escuelas (DGE) los proteja.

A su vez, el gremio ATE Educación apoyó la convocatoria que se realizó por medio de las redes sociales y declaró el estado de asamblea y movilización en todas las escuelas como forma de apoyar el reclamo.

“Nos manifestamos en contra de la violencia que sufren los docentes en general, y en especial por la agresión que sufrió el director de la escuela de Palmira por parte de un alumno y su padre. Los trabajadores de la Educación nucleados en ATE exigimos al Gobierno que se apliquen las medidas prometidas referidas a la separación del alumno agresor y del seguimiento de la denuncia a la familia”, dijo Gabriela Blas, representante gremial del equipo de Educación de ATE.

Indicó que desde ATE denuncian que este tipo de hechos son producto de “la falta de apoyo a los docentes y de la ausencia de proyectos concretos para prevenir situaciones de este tipo antes de que se produzcan los hechos violentos”.

“Pedimos que en la Ley de Educación aparezcan formas para prevenir esta violencia. Existen experiencias como en el colegio Nacional, donde hay gabinetes psicopedagógicos. Allí se ha aparendido a separar a los chicos cuando son violentos, sin dejar de darle servicio educativo, y también a trabajar con los padres para que hagan un tratamiento especial. El problema justamente es que estos gabinetes no están en todas las escuelas”, indicó Blas.

El protocolo

Andrés Cazabán, jefe de Gabinete de la Dirección General de Escuelas destacó las medidas que se llevan adelante desde el gobierno escolar para paliar la violencia escolar. "Siempre se ha procurado avanzar en busca de soluciones colectivas y técnicas. Para eso se han diseñado protocolos de intervención, se han incrementado sustancialmente los equipos técnicos y, fundamentalmente, se trabaja todo el tiempo con los docentes en la formación y capacitación para el abordaje de estas problemáticas. Esto no significa que el docente tenga que hacer de todo, sino que lo que pretendemos es ayudarlo a que tenga las herramientas suficientes para poder enfrentar este tipo de situaciones, derivarlas y abordarlas adecuadamente a quienes les competa.

Como un modo de formalizar el “paso a paso” a seguir dentro de los establecimientos para atender casos de violencia, la DGE elaboró un protocolo de acción para los diferentes niveles de enseñanza que fue distribuido en todas las escuelas.

La Guía de Procedimientos ante Situaciones Emergentes en las Escuelas comenzó a regir en Mendoza en mayo del año pasado. Hay una destinada a los colegios de educación inicial y primaria, otra enfocada al nivel secundario y una más para los establecimientos de educación de adultos.

En todos los casos este recurso incluye un abanico de posibles escenarios complejos que involucren a alumnos, docentes y padres, entre otros actores del ámbito educativo.

Previo a lanzar este cambio, el gobierno escolar realizó una consulta (en agosto de 2013) a 1.500 escuelas para conocer cuáles eran los inconvenientes a los que debían enfrentarse los docentes todos los días en materia de convivencia escolar.

En lo concerniente a violencia física, el protocolo da las pautas en relación a cada situación. A su vez, éstas pueden variar desde los episodios violentos que tengan como protagonistas a estudiantes (que puede incluir las agresiones físicas, las intimidaciones a través de las redes sociales, la discriminación y hasta la autoagresión, entre otras), a las familias, al personal docente o a los preceptores.

La guía también se refiere a los pasos a seguir por el personal educativo en casos que se detecte a un niño, niña o adolescente que haya sido víctima de violencia familiar (incluyendo los casos de abuso sexual), que consuma drogas o que lleve armas a la escuela.