Luego de tres años de haber recibido la absolución del cargo de peculado (sustracción de caudales públicos), pero después de haber estado procesados durante 16 años en una causa por el cobro de sobresueldos, un grupo de ex concejales de Las Heras decidió demandar al Estado por los "daños y perjuicios" sufridos durante ese tiempo. Reclaman el pago de entre 700 mil y 1,2 millón de pesos.
Se trata de los ediles que en 1994 fueron denunciados por su entonces colega, Patricia Gutiérrez (hoy diputada provincial por Unidad Popular), por cobrar sumas adicionales a su sueldo. Entonces se abrió una causa que involucró en total a 24 funcionarios de los distintos partidos que integraban en ese entonces el Concejo Deliberante.
Hasta el momento, y según confirmó el titular de la Asesoría de Gobierno, César Mosso Giannini, "son cinco las demandas" que han ingresado del mismo tenor, aunque por cuestiones administrativas no se pudo conocer el nombre de todos.
Sí es seguro que uno de los demandantes es Julio Rafael Molina, ex edil justicialista que aún hoy trabaja en la Municipalidad de Las Heras y que, de acuerdo con lo que su abogada, María Alejandra Sticca, fundamenta en el expediente inicial de la causa, pide al Gobierno la friolera de $ 1.155.000 (más los intereses eventualmente devengados) en concepto de daños y perjuicios por la "irrazonable duración de 16 años del proceso penal" a que fue sometido.
Sticca también es abogada de Ignacio Garín y Héctor Robledo, otros dos ex legisladores departamentales afectados a la causa, por lo que se supone que también han iniciado similares demandas. E incluso trascendió que una de las querellantes es la viuda de un ex concejal ya fallecido.
Los daños y los perjuicios
El expediente de Molina, al cual Los Andes tuvo acceso, lleva el número 156.967, consta de 115 fojas y está ingresado en el Tercer Juzgado Civil provincial, a cargo de la jueza Fernanda Salvini de Mussi.
En la fundamentación de la millonaria demanda, Sticca (a nombre de Molina) responsabiliza al Estado porque a raíz de los 16 años del proceso, el demandante vio truncada su carrera política, "sin poder ser candidato a nada", pero también por la "condena social" que sufrieron él y sus colegas procesados, dado que la fuerte y permanente aparición en los medios de comunicación también afectó su figura de "hombre público", quedando "mancillada socialmente".
También habla de perjuicios económicos, porque "desde 1993 cobró 20% menos en sus ingresos", debido a una imposición del Tribunal de Cuentas que consideró ilegal los adicionales cobrados y que ni siquiera la Suprema Corte de Justicia atendió las apelaciones realizadas por él y sus pares.
Finalmente, habla de daños "psicológicos" como la "perturbación patológica de personalidad" traducida en un "equilibrio físico alterado". Incluso refiere que su esposa sufre de "picos de tensión" por estos hechos.
Es cierto que esta situación es la vivida por Molina, pero no es ilógico pensar que las otras demandas puedan tener similares argumentos.
La sorpresa
La resolución del proceso en el que se terminó absolviendo a los 18 imputados con vida en mayo de 2010 no dejó conformes a muchos. Sobre todo a la denunciante Patricia Gutiérrez quien, al enterarse ayer por este diario de las demandas que están generando los ex concejales, no pudo contenerse: "No tienen cara", disparó. Es que para ella "siempre fueron culpables" y criticó el juicio y el proceso, ya que si bien había sido ella quien puso en el tapete la irregular situación de cobrar de más, nunca fue llamada a declarar.
Ahora, el Gobierno tiene hasta el 10 de junio para responder y justificar su posición y ayudar a determinar si hubo o no responsabilidad estatal en los cargos que reclaman Molina y sus pares.
Según Mosso Giannini, "es difícil determinar" si el Estado tiene responsabilidad. "Cada caso es diferente por lo que no se sabe si las demandas pueden prosperar", añadió. Pero si eso sucediera, también sería lógico preguntarse si el resto de los ex concejales iniciaría demandas similares.
