Después de un sinfín de idas y vueltas, amagues de venta y muchos silencios a lo largo de los últimos 3 años y 4 meses, Vale hizo oficial su intención de reactivar el proyecto Potasio Río Colorado, cuya suspensión le costó el puesto a unos 3 mil trabajadores en su momento.
Según lo comprometido con el Gobierno de Mendoza, por las condiciones del mercado internacional del potasio el “nuevo” emprendimiento será un tercio del original, a fin de producir 1,3 millón de toneladas de sales de potasio a partir de una inversión de U$S 1.500 millones para ponerlo en marcha en el lapso de 18 meses, es decir en 2018.
Así lo confirmó ayer el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Emilio Guiñazú, luego de un encuentro con el CEO de Vale en Argentina, Edoardo Santana, la semana pasada. El plan primitivo preveía 4 millones de toneladas de sales de potasio por año, con un presupuesto de U$S 6.300 millones, del que sólo ejecutó 30% hasta que la caída de la cotización del mineral empujó a la multinacional brasileña a negociar con el gobierno de Cristina Fernández ventajas fiscales que nunca llegaron y terminaron en la parálisis del emprendimiento.
Vale ya decidió rematar más de 40 mil toneladas de material rodoviario, como parte de la reformulación del proyecto que achicará en 350 kilómetros la conexión por ferrocarril entre la planta de Malargüe y el puerto de Bahía Blanca. Es que, para abaratar logística, el camión remplazará parcialmente al tren.
Según Guiñazú, si bien es parte del acuerdo suscripto con los ejecutivos brasileños en función de la reingeniería del proyecto, la compañía deberá especificar qué pretende hacer con cada decisión adoptada al respecto, sobre todo en cuanto a liquidación de activos. Lo concreto es que el reloj apuraba una determinación: es que el Código Minero establece 5 años como plazo máximo para considerar causal de caducidad de una concesión minera sin actividad, que para el caso se cumplirá en marzo de 2017. De ahí que ahora intenta gambetear esa chance.
Por su parte, fuentes de la compañía informaron que “Vale estudia constantemente alternativas para encontrar la viabilidad económica de Potasio Río Colorado, suspendido en 2013 debido a los cambios en el contexto macroeconómico. En esa búsqueda, ha compartido con el Gobierno de Mendoza la idea de un desarrollo de producción de potasio menor al volumen original. Un modelo más reducido facilitaría la atracción de inversores que permita reactivar la obra”.
De ahora en adelante
Lo acordado entre Vale y la provincia implica un trabajo en dos etapas: en principio, 90 días para completar el rediseño de Potasio, lo que exige un nuevo análisis de factibilidad técnica que, por ahora, no pasará por la Legislatura. Posteriormente, será turno de una ingeniería "en detalle". Esto es, articular el proyecto ejecutivo, con la contratación de los proveedores de insumos necesarios, lo cual llevaría otros 12 meses.
“No hay razones para pensar que los trabajos en la mina se activen antes de los dieciocho meses. Aunque por sus características, probablemente, la absorción de mano de obra sea menor. Vale reconoce que está interesado en sumar un socio cuando concluya la reingeniería necesaria”, precisó el funcionario.
Al respecto, Guiñazú descartó cualquier posibilidad de que haya marcha atrás al resaltar que “después de varios meses de trabajo, logramos algo que no se había logrado antes: que la compañía manifieste su intención por escrito de reactivar el proyecto bajo una nueva configuración. Resta completar la revisión del marco legal y contractual, porque Vale tiene términos y tiempos que cumplir y los vamos a hacer respetar”. Asimismo, negó que, como a fines de 2012 previo a a la suspensión de Potasio, se haya planteado algún tipo de exención impositiva como condición.
Casualidad o no, la novedad se conoce luego de que el Gobierno nacional anunciara la quita de retenciones a exportaciones mineras. El trabajo de reingeniería implica adaptar las instalaciones y activos disponibles al nuevo esquema. Hasta el momento, PRC admite una inversión de U$S 2.600 millones que considera “costo hundido” por el parate.
“La propuesta aún está en desarrollo y su diseño final supeditado a que PRC obtenga el financiamiento necesario para realizar un estudio de prefactibilidad con una consultora internacional”, señalaron desde la minera.
Para la segunda etapa (FEL II) deberá cerrar una sociedad con algunos de los capitales interesados en participar, entre chinos, árabes y británicos. De acuerdo con lo manifestado por el Ejecutivo mendocino, el propósito de la firma brasileña es ceder el control (se quedaría con un 40%) y sólo asegurarse la ganancia producida por la venta del potasio.
Qué pasó durante estos 40 meses
Todo comenzó en diciembre de 2012, con las primeras licencias anticipadas al personal, y la rescisión de contratos con empresas como Distrocuyo-Cartellone.
Ya para febrero habían empezado las suspensiones quincenales, lo que minimizó la actividad en la planta de Malargüe hasta llegar a una suspensión por 60 días. Finalmente, y pese a un apercibimiento de la Dirección de Minería, en abril la casa matriz de Vale en Río de Janeiro, ante las infructuosas gestiones con el Gobierno nacional para aliviar la carga impositiva en tiempos de caída del precio internacional de la tonelada de potasio y la economía nacional, terminaron por decidir la parálisis por tiempo indefinido del proyecto, con su obra civil avanzada y en etapa de equipamiento.
“Las condiciones del emprendimiento no están alineadas con el compromiso de la empresa de mantener una disciplina en la inversión y la creación de valor”, argumentó la minera entonces.
La medida tuvo un alto costo, toda vez que unos 3 mil trabajadores quedaron cesanteados, de cuyo salarios se hizo cargo parcialmente el Estado, al menos durante los siguientes 5 meses, a través de subsidios de hasta $ 2.000 que resultaban insuficientes para salarios que superaban los $ 11.000. Vale sólo conservó el vínculo contractual con la UTE Techint-Odebrecht, encargada del mantenimiento del predio.
A las empresas subcontratistas les llevó más de un año cobrar sus trabajos, cuando lograron entregarlos a tiempo y no terminaron como simples estructuras confinadas en galpones.
Mientras tanto, ya se había desatado un conflicto con la Uocra: primero, en busca de la reincorporación de los despedidos y luego, en disconformidad por el pago de las indemnizaciones.
A esa altura, le cabía otra intimación a la firma: la de hacerse cargo de unos $ 70 millones por tal concepto.
Sin embargo, Argentina continuó en el mapa de inversiones de Vale, aunque con la geografía de Mendoza más desdibujada. Al menos hasta ahora.
