La tenacidad es una característica de Alfredo Cornejo. No consiguió la autorización legislativa para tomar deuda y pagar los vencimientos de viejas acreencias, una operación que se conoce como roll-over. Pero ahora vuelve a la carga poniendo un incentivo para que los intendentes del PJ presionen a sus legisladores para lograr la aprobación.
Así, mandó un proyecto de ley para que ningún gobierno deba volver a pedir autorización para cubrir las amortizaciones de deuda con nuevo endeudamiento. El incentivo es que las comunas contarán con la gestión y la garantía de la provincia para acceder a créditos de organismos internacionales.
El rollover es una operación de crédito y como tal, requiere de los dos tercios de los votos en la Legislatura. En el presupuesto 2019 Cornejo había incluido el pedido de autorización por 3.600 millones de pesos para pagar deuda vieja con nueva.
Los escaños de Cambia Mendoza no suman dos tercios en las dos cámaras, por lo que hacía falta el aval de los legisladores del PJ; el peronismo, en proceso de restañar heridas para confluir al año electoral sin fisuras, se abroqueló en el rechazo y Cornejo no consiguió los dos tercios.
El presupuesto 2019 se aprobó pues sin rollover el martes de la semana pasada. Exactamente una semana después, Cornejo insiste con un proyecto de ley de dos artículos.
En el primero se modifica el artículo 68 de la ley de Administración Financiera de la provincia. El texto original se refiere a la reestructuración de las deudas del Estado. Allí se indica que el Gobierno puede canjear deuda vieja por nueva, siempre y cuando mejore las condiciones en tasa, plazos, montos o garantías.
En el proyecto que remitió Cornejo a la Legislatura agrega un inciso para el rollover: "Cancelar los servicios de amortización de la deuda previstos en el presupuesto de cada ejercicio".
“La autorización deberá resultar conveniente en términos de sustentabilidad y solvencia, pudiendo reflejarse en: incremento de plazos y/o disminución de servicios de interés y/o liberación de garantías y/o reducción en los montos de las operaciones originales”, dice la nueva redacción.
A renglón seguido se indica que “las operaciones que se realicen en el marco del presente no podrán implicar un incremento en el stock de la deuda pública”.
En el mediodía de ayer Cornejo presentó la iniciativa junto a los ministros de Gobierno Lisandro Nieri, y de Hacienda Paula Allasino.
El Gobernador dijo que es "una ley con dos aspectos que enmiendan lo que no se aprobó en el Presupuesto 2019. Queremos que el rollover quede autorizado para siempre y que los municipios tomen crédito con organismos internacionales a través de la provincia".
El rollover no salió hace una semana, por lo que hacía falta un cambio en las condiciones para convencer al peronismo de dar dos tercios. Entonces hay un incentivo en el segundo artículo del proyecto.
"Autorízase al Poder Ejecutivo a financiar total o parcialmente a los municipios que así lo requieran, utilizando recursos provenientes de operaciones de financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito, Programas Nacionales u Organismos Nacionales, con destino a obras de infraestructura, intervención urbana, agua y saneamiento, luminarias y/o toda otra obra que permita el desarrollo integral de los municipios", dice el texto.
En la oración siguiente se establece un tope de ese endeudamiento, hasta 30 millones de dólares, o su equivalente en otras monedas. Consultados por Los Andes, desde el Ministerio de Hacienda indicaron que ese límite es global, es decir que los 18 municipios no deberían superar en su conjunto deuda por ese monto establecido.
Dicen en el mismo Ministerio que el Gobierno hará la gestión y pondrá las garantías. Los pagos de las cuotas deberán hacerlos las comunas.
Las quejas empresarias
Desde la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), Gerardo Fernández dijo que el recorte en obra pública "significa miles de puestos de trabajo menos, comercios que dejan de vender.
La construcción le da trabajo a gente de bajos recursos, no calificada, que calificamos nosotros”.
Marcelo Bargazzi, de la Cámmara Argentina de la Construcción, agregó que "por mezquindades políticas se pierden 60 obras de 60 millones de pesos menos.
Dicen que Cornejo negó deuda, pero (Francisco) Pérez se endeudó para pagar sueldos, ahora es cambiar condiciones para hacer obras".
Claves
Pedido oficial. En 2019 vencen $ 3.600 millones de servicios de la deuda pública. El Gobierno pidió deuda para cancelarlos.
Rechazo opositor. Casi toda la oposición votó en contra. El oficialismo tuvo la mayoría para aprobar, pero necesitaba dos tercios para el endeudamiento.
Ajuste en obras. Sin ese endeudamiento para cancelar amortización, el Gobierno recortaría del plan de obra pública para no caer en default. Por eso las empresas constructoras se quejan.
Nuevo pedido. Cornejo vuelve a la carga con un proyecto de ley. En el texto ofrece a las comunas la posibilidad de endeudarse como incentivo.
