El Gobierno nacional anticipó ayer el contenido del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publica hoy en el Boletín Oficial que apunta a la “desburocratización y simplificación” de los procesos en el Estado.
Será a partir de la derogación de 19 leyes y decretos y la modificación de otros 140, con 170 medidas en 22 capítulos en las áreas de gestión de ocho ministerios, dos organismos descentralizados y el Banco Central. De ese modo, el Gobierno espera ahorrar 100 mil millones de pesos, según dijo el ministro de Producción, Francisco Cabrera.
Según las consideraciones del DNU, su publicación hoy responde a la “urgencia en la necesidad de remover estas trabas lo antes posible” porque afectan la capacidad del Estado de “hacer bien su trabajo” y de avanzar hacia un funcionamiento “dinámico y eficaz” de la gestión pública orientada a incentivar “la inversión, el empleo y la inclusión social”.
El ministro Cabrera anticipó los detalles en el Palacio de Hacienda, junto al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas y otros funcionarios del área.
Además el titular de Producción aseguró que este proceso de simplificación “no significará reducción de personal en ningún caso”. Sostuvo también que el objetivo es “agilizar trámites, simplificarlos y eliminar focos de corrupción. Elimina normas antiguas o desactualizadas, que obstaculizan procesos internos de competitividad de la economía y procesos de autorización excesivamente complejos”.
“El sentido es derogar y simplificar normas para bajar los costos del sector productivo a un punto del Producto Interno Bruto, que significan un ahorro de cien mil millones de pesos en dos años”, aseguró.
Además del BCRA, las medidas afectan áreas de los ministerios de: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. También los organismos descentralizados Agencia de Administración de Bienes del estado (Aabe) y Anses.
En el caso del organismo de la administración de la seguridad social, el decreto autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a realizar otras operaciones financieras como la creación de fideicomisos financieros y “otorgarle modernos instrumentos para invertir sus activos en otras operaciones financieras”, explicó el ministro.
Justificó el cambio en “poder invertir el dinero del sistema previsional con la mayor eficacia posible”, lo que incluirá sistemas para expandir el programa de créditos Argenta, que otorgó casi 4 millones de créditos a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares por más de $70.000 millones.
También figura la derogación de la ley de Abastecimiento de 1952, que entre otras cosas preveía que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la producción agropecuaria.
Por este DNU, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Aabe. Del mismo modo se elimina el Registro Industrial de la Nación, de 1972, como también la obligatoriedad de que el Presidente autorice la instalación de nuevas terminales automotrices, que fijaba la necesidad de un decreto presidencial para esa inversión.
En el mismo sentido que lo previsto en el proyecto de ley sobre reforma laboral, pero sin ánimo de reemplazarlo, aclararon fuentes de la Rosada, el decreto también reduce los plazos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) por informalidad laboral. Esto permitirá a las empresas sancionadas regularizar su situación con más velocidad.
"Terminar con el ciudadano cadete"
El Gobierno nacional apeló a un decreto de necesidad y urgencia de alcances ambiciosos en su objetivo de desburocratizar y simplificar el funcionamiento del Estado: se eliminan 19 leyes y se modifican otras 140, que en algunos casos datan de mediados del siglo pasado.
Dicho en palabras del ministro de Producción, Francisco Cabrera, el propósito es terminar con “el ciudadano cadete del Estado, obligado a pasar por 50 ventanillas para un trámite”. Un propósito por demás loable, que conlleva también la intención de generar un ahorro de 100 mil millones de pesos. Con el compromiso de que “en ningún caso”, dijo, supondrá despidos de empleados estatales.
El Gobierno venía trabajando en el relevamiento de todos estos obstáculos burocráticos desde su llegada misma hace dos años, según confió el encargado de tamaña tarea, el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe.
Pero no sólo en sus ambiciosos alcances reside la particularidad del DNU. También en el momento, cuando la atención parece concentrada desde la conferencia encabezada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la modificación de las metas de la inflación y la discusión de la demorada reforma laboral, después de la conflictiva sanción de la reforma previsional.
Cambiar el foco, con la instalación de otros temas en la agenda, sería la intención del anuncio y la publicación del DNU en este momento.
Precisamente en las consideraciones que lo acompañan, la “desburocratización y simplificación” de los procesos del Estado aparecen presentados como “dos ejes fundamentales” dentro del esquema de “reforma permanente”.
Se trata de las dos palabras que utilizó Macri para definir el rumbo a seguir en sus dos últimos años de gobierno después de la ratificación que recibió su gestión en las pasadas elecciones legislativas de octubre.
