Sociedad
La UNCuyo lanzó su plataforma de stream: “Contenido público, gratuito y de calidad”
hace 9 horas
El ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime será sometido a juicio oral y público por enriquecimiento ilícito, según dispuso el juez federal Sebastián Casanello.
Preso en la cárcel de Ezeiza desde el 2 de abril último, Jaime tiene tres condenas en su contra, unificadas en seis años de prisión, por destrucción de pruebas en un allanamiento donde se investigaba su patrimonio, por recibir dádivas de empresarios a los que debía controlar y por su responsabilidad en la tragedia de Once.
Pero también tiene múltiples causas abiertas, como la de enriquecimiento ilícito -en donde se investiga a su familia y su entorno- por la que ahora deberá ir a juicio y por la que fue embargado en 40 millones de pesos.
Jaime está siendo investigado por un patrimonio de 12 millones de pesos que habría obtenido de manera ilegal entre 2003 y 2009, cuando fue secretario de Transporte de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Entre los bienes que el fiscal Carlos Rívolo le imputa a Jaime se encuentran un yate, un avión Lear Jet, una moto de agua (que adquirió su hija Julieta) y propiedades en Córdoba y en countries que habría puesto a nombre de testaferros.
La causa por enriquecimiento ilícito se abrió en 2008 por denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, estuvo durante años en el juzgado de Norberto Oyarbide y luego pasó a manos de Casanello.
Jaime fue procesado en mayo de 2014 y en mayo último se le amplió el procesamiento y dictó la prisión preventiva, cuando -no obstante- ya estaba en prisión por disposición del juez Julián Ercolini, que lo llamó a declarar en la causa por la compra de material ferroviario inservible y dispuso su arresto por la multiplicidad de condenas en su contra y el peligro de fuga.
Jaime es el funcionario kirchnerista con más causas sobre sus hombros y ahora deberá enfrentar el banquillo para dar explicaciones de su patrimonio.
En una resolución de 218 carillas, Casanello sostuvo que "el acervo probatorio reunido durante la instrucción y condensado en los instrumentos acusatorios aquí evaluados permiten conformar un plexo suficiente para elevar la causa a juicio".
Según recordó, "el delito se configura por la acción de haberse enriquecido apreciablemente -de modo considerable, desproporcionado, en relación a la situación económica del agente- y sin resultar objetivamente justificado".
En marzo pasado el fiscal Rívolo, al pedir el juicio oral, sostuvo que "en razón del importante cargo que ocupó" Jaime "se enriqueció de manera apreciable", y quedó "demostrado que el gran incremento de su patrimonio fue injustificado, en relación con los ingresos legítimos que registró".
El fiscal dijo además que "el patrimonio de las personas imputadas, cuya vinculación con Ricardo Jaime en todos los casos quedó demostrada, incrementaron sus patrimonios sin tener la capacidad económica para ello, y mientras el nombrado se encontraba ejerciendo como funcionario público a cargo de la Secretaría de Transporte".
Entre esas personas figuran Julieta Jaime, la pareja del ex funcionario, Silvia Elena Reyss, y sus hijas Lorena y Agostina Jayo; su ex asesor Manuel Vázquez (también preso) y el hijo de éste, Julián Vázquez.
La nómina se completa con Eduardo Daniel Jaime, Alfredo Alejandro Pielach, Lisandro Damián López, Nina Lozeva, Hugo Daniel Alvarez Picasso, Silvano Del Carmen Mazzucchelli, Ignacio Julián Soba Rojo, Graciela Elsa Vigna y Norberto Andrés Ledantes, todos ellos considerados "personas interpuestas para disimular su enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado".
Julieta Jaime fue la última en sumarse a la lista de procesados, pese a los reiterados intentos del fiscal; en mayo pasado la joven fue considerada presunta partícipe del enriquecimiento ya que habría participado en la adquisición de un inmueble en Villa Carlos Paz (Córdoba) y de una moto de agua que en realidad integraban el patrimonio supuestamente oculto de Ricardo Jaime.
