La anticipación oficial de la renuncia de Carlos Fayt, tres meses antes de que se concrete, fue un sorpresivo golpe político para el gobierno de Cristina Fernández, a la que vez que un elemento generador de las condiciones necesarias para que el sucesor de la Presidenta pueda completar la conformación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ella no pudo llevar a cabo.
La decisión de Fayt, de 97 años, de renunciar como vocal de la Corte al día siguiente de la asunción del próximo Presidente, el 11 de diciembre, fue anunciada ayer por medio de un comunicado del máximo tribunal que se publicó en el portal de su agencia de noticias CIJ (Centro de Información Judicial), en el que se destacó que el longevo juez “continuará trabajando normalmente” hasta esa fecha.
También señaló que en su reunión de ayer los restantes tres jueces de la Corte (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) reconocieron a Fayt “por su trayectoria” y decidieron realizar un acto en fecha próxima a diciembre en homenaje a su colega que ha sido el de mayor permanencia con más de 31 años pues asumió el 23 de diciembre de 1983.
Además el CIJ publicó una copia de la carta dirigida a la Presidenta en la que Fayt le presentó su renuncia, en la que no hace ninguna referencia a los motivos de la decisión.
En ese sentido su abogado, Jorge Rizzo, dijo que Fayt renunció para evitar las consecuencias de “la embestida del Gobierno” y que la dimisión apunta a “facilitarle acuerdos” al próximo Presidente para “negociar políticamente las dos vacantes” que habrá en la Corte.
La salida de Fayt convierte a la Corte Suprema en uno de los primeros y principales asuntos a resolver por el próximo Gobierno ya que el máximo tribunal quedará con tres vocales pues en enero pasado renunció Raúl Zaffaroni, el más afín al gobierno de Cristina Fernández, al cumplir 75 años.
El Senado que surgirá de las elecciones de octubre tampoco contará, como el actual, con el voto de los dos tercios requeridos para aprobar a un nuevo juez del Máximo Tribunal pero, a diferencia de lo que le sucedió a Cristina, su sucesor tendrá la posibilidad de negociar con la oposición ya que serán dos y no una las vacantes para completar los cinco miembros que estableció la ley aprobada en 2006.
Ante la negativa de la oposición que se unió para impedir que el oficialismo alcanzara esos dos tercios a fin de que fuera aprobada la designación del abogado Roberto Carlés, propuesto por la Presidenta para ocupar el lugar del renunciante Zaffaroni, el Gobierno desató desde un primer momento fuertes presiones políticas sobre Fayt para que renunciara y así quedara habilitada la segunda vacante que hubiera permitido una negociación política.
Las presiones tuvieron en los entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, a sus principales ejecutores, que pusieron en duda la idoneidad física y psicológica del anciano juez para ejercer el cargo. Hasta la Comisión de Juicio Político de Diputados encabezada por la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti inició una investigación que después de algunas semanas quedó en suspenso ante el inicio de la campaña electoral.
El embate alcanzó su máximo nivel cuando en abril pasado Aníbal Fernández sostuvo, en base a una investigación periodística, que Fayt no había estado en la reunión de la Corte, pero sí firmado en su casa, el fallo que de manera anticipada confirmó la tercera reelección de Lorenzetti al frente del tribunal para el período 2016-2019.
