En materia educativa, Mendoza fue pionera de dos cambios sustanciales, que luego sirvieron de ejemplo a todo el país. Uno de ellos fue la obligatoriedad para que la escolarización de la primera infancia comenzara a los cuatro años y no a los cinco. Más tarde, la novedad fue la incorporación de la doble escolaridad que, en la versión “mejorada” de la norma mayor, se menciona como jornada extendida.
Ahora, nuestra provincia está lejos de ser aquella impulsora de cambios y se ha quedado por detrás de otras en el mapa nacional. Sucedió que desde que se modificó de manera estructural el sistema educativo para dejar atrás de manera definitiva la escuela que había plasmado la Ley Federal de Educación de los ‘90, Mendoza nunca adecuó su legislación a la Ley de Educación Nacional (N° 26.206), aprobada en el Congreso hace ocho años.
De hecho, la actual ley provincial N° 6970 -vigente desde 2002, en la que se habla de EGB y Polimodal- nunca fue modificada ni actualizada desde su aprobación. Incluso, los avances para ajustar esta normativa local a los designios de la nacional o bien, para crear una nueva (adecuada a la realidad mendocina, pero con la misma matriz que la aprobada por el Congreso), han sido escasos.
Desde hace dos años, un proyecto se encuentra en la Legislatura provincial y aunque comenzó a ser “reactivado” días atrás, se espera que hacia fin de año exista un borrador de la Ley que podría ser la que establezca las premisas básicas de la educación futura, adaptada a la realidad local. Al menos, el tema ya comenzó a resonar en la esfera política, luego de que el gobernador Francisco Pérez mencionara esta necesidad en su discurso del pasado 1 de mayo.
Luego, los representantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunieron con el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) para conocer las inquietudes que el sector podría plantear para comenzar a armar un borrador.
En esa oportunidad, desde el sindicato se destacó que entre otros muchos aspectos -al menos veinte- el del financiamiento para mejorar la infraestructura en las escuelas es uno de los más importantes. También se mencionó en esa ocasión la necesidad de que en el proyecto de ley se busque dar prioridad a temas como los contenidos y las condiciones de trabajo para los educadores.
Proyecto frenado
Según explicó el diputado radical Tadeo García Zalazar, el borrador que incluye las bases de lo que podría dar lugar a la nueva normativa de la educación mendocina estuvo frenado en la Casa de las Leyes al menos un año y medio, en la Comisión de Hacienda del Senado.
Justamente, porque uno de los aspectos más complicados de resolver hasta ahora, es si lo que establecerá la norma se financiaría con dinero del Producto Bruto Interno (PBI) o si los recursos serán asignados por un fondo que se derivaría del Presupuesto provincial.
“En 2012, el proyecto fue derivado a la Comisión de Educación del Senado, donde se realizaron algunos cambios. De allí pasó a Hacienda y la discusión quedó estancada”, aseguró García Zalazar.
Pero eso no fue todo. Si bien quien debe encarar el tema es una Comisión Bicameral de Educación integrada por al menos diez miembros (dos representantes de cada bloque, un titular y un suplente) el hecho fue que, en pleno cambio de sus autoridades, ésta no se volvió a constituir desde diciembre de 2013. Vale aclarar que este órgano legislativo debe renovar nombres todos los años y su presidente se intercala entre ambas Cámaras, es decir, un año es de Diputados y al otro es de Senadores.
Por eso ahora, los diputados convocaron a una reunión que se concretaría la semana que viene para votar a quienes serían las nuevas autoridades de la Comisión.
Una vez que se avance en ese aspecto, los legisladores buscarán reactivar el debate y efectuarán una consulta pública que se trasladará a las escuelas. El objetivo es que antes de fin de año sea posible llegar a un dictamen final. “La idea es abrir la discusión y hacerla participativa, de modo que antes de que termine 2014 se pueda votar la Ley”, indicó el diputado radical.
Necesidad urgente
La urgencia de avanzar en la generación de una ley actualizada a las necesidades educativas de los mendocinos, es una de las inquietudes más profundas que mencionan las autoridades del área. “Hay temas que son específicos de Mendoza y que necesitan ser contemplados en la ley”, aseguró la titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), María Inés Abrile de Vollmer.
Mendoza, ejemplificó la funcionaria, cuenta con los Centros de Educativos de Origen Social (CEOS) desde hace al menos veinte años. Estos espacios destinados a promover la integración en la primera infancia constituyen una particularidad en el territorio nacional y de hecho, en la normativa nacional son mencionados de modo muy general.
