Con algunas objeciones, avanza el plan para que los magistrados sean full time. “Hoy pasan más tiempo en la facultad que en el Juzgado”, dijeron ayer en la sesión de la Cámara de Senadores, en donde el proyecto logró la primera sanción. La idea que impulsa el gobernador, Alfredo Cornejo, pretende modificar la forma en la que se eligen los jueces, fiscales, defensores y camaristas. Ahora, deberán analizarla los diputados.
La primera consideración legislativa contó con el acompañamiento del Partido Justicialista, que, por su parte, criticó el hecho de que se “amplía la discrecionalidad” en detrimento de la objetividad.
No obstante, el partido opositor aplaudió la idea de que se ponga en pie de igualdad al abogado que viene de la calle con el que trabaja en el mismo Poder Judicial y hace carrera, lo que termina “corporizando una institución”.
Éste fue el motivo por el que surgió el proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura, un órgano constitucional que examina a los magistrados. De allí surgen ternas de postulantes que son elevadas al gobernador, quien elige a uno y lo propone cuando surge una vacante. El último paso es la ratificación o rechazo del Senado.
El principal partido opositor, si bien votó afirmativamente la idea en general, se diferenció en algunos puntos y acusó que el proyecto es un “caballo de Troya”, que esconde otra intención. “Se pretende romper con la ‘familia judicial’, pero buscan quedarse con el manejo”, señaló la senadora justicialista, María José Ubaldini.
Según argumentan en el PJ, el proyecto aumentó la discrecionalidad que tendrá el Consejo de la Magistratura a la hora de elegir a los postulantes. Así interpretaron el artículo que votaron en contra y que establece cómo se debe evaluar a los aspirantes y a los postulantes.
Los primeros son aquellos que son examinados por la Comisión Asesora. Con la nueva ley, se pretende que en este primer paso los aspirantes a magistrados no tengan nota, tal como ocurre hoy, sino que queden aprobados o desaprobados. Por otro lado, los exámenes escritos ya no serán más un filtro para pasar al oral sino que se usarán los dos sistemas y de ellos surgirá una evaluación final.
Según explica el proyecto, el hecho de colocar una nota en esta instancia deja al Consejo de la Magistratura (el segundo paso en la evaluación) “atado” a una decisión que termina, por su parte, privilegiando la formación académica por sobre la experiencia laboral.
Para esto, la modificación plantea sacar de la tabulación los antecedentes académicos. “Hoy no podemos imaginarnos a un juez que piense o entienda que todo su trabajo está destinado a ser satisfecho dentro del ámbito de su despacho o un magistrado que tenga una activa participación en el ámbito académico u otras actividades y al mismo tiempo no resuelva en tiempo oportuno causas relativas a su trabajo”, expresa en sus argumentos el proyecto.
En este punto, la oposición acusó que se pasa “de cien a cero” en la consideración en cuanto a la preparación de un magistrado, lo que también implica un riesgo.
El segundo aspecto rechazado en la votación en particular tiene que ver con la evaluación de los postulantes, es decir, de los aspirantes que aprueban. Esta tarea la tiene el Consejo de la Magistratura, órgano que sí pone una nota. De aprobarse el cambio analizado, el 40% del puntaje estará dado por los antecedentes laborales, cambio que beneficiará a los “abogados de la calle”, tal como denominan a los de la actividad privada.
El otro 60% “resultará del promedio de la merituación discrecional que realice cada uno de los miembros del Consejo”, establece el proyecto. Es decir, los representantes del Consejo (conformación que surge de la Constitución provincial) tendrán un margen en el que decidirán el perfil de magistrado que buscan.
Este perfil fue definido ayer por el senador radical, Miguel Bondino: se tendrá en cuenta que sea “una persona consustanciada con el proceso oral”, es decir, que tenga aptitud para desempeñarse al hablar, “comprometido con el trabajo full time y con capacitarse en la gestión judicial”, y con un “concepto de solidaridad”.
En este último punto, dijo que será importante ver “qué piensan respecto del impuesto a las Ganancias”. Actualmente, los magistrados están exentos de este gravamen.
Desde otro lente, el radicalismo desmintió que el aumento de la discrecionalidad termine favoreciendo al Gobierno de turno en la elección de magistrados. En este sentido, explicaron que la nueva norma pone en “equilibrio” los desbalances que se dieron hasta hoy y que posibilitaron que 98% de los magistrados provenga del Poder Judicial.
Aprueban última gestión mendocina para Portezuelo
El trámite que tiene que hacer Mendoza para que se comience a construir la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento llega a las últimas hojas. Ayer, el Senado dio la primera sanción al proyecto por el cual se expropiará el terreno en el que se emplazará la obra, los caminos de accesos y servicios.
Para esto, se afectarán tierras fiscales pero también de privados que hoy viven en la zona en donde estará la represa. Según explicó Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería, para llegar a este paso se aseguró, en el estudio de Impacto Ambiental, la posibilidad de realizar la ‘transhumancia’.
“Significa que la gente que hoy vive de la cría de ganado menor no pierda los caminos para hacer la veranada y mover el ganado en las diferentes zonas de pastoreo”, explicó el funcionario. A su vez, se trasladará la localidad de Las Loicas (sobre la ruta nacional 145, en Malargüe), aunque todavía no eligen el nuevo emplazamiento.
Por su parte, el proyecto que se sancionó ayer establece que la Empresa Mendocina de Energía SA tendrá la concesión para la generación de energía eléctrica a partir del uso del recurso hídrico, durante 50 años.
El financiamiento del proyecto total, que incluye la expropiación, estará a cargo de la Nación, aunque la obra y la explotación serán propiedad de Mendoza. Esto es así ya que la construcción de Portezuelo del Viento fue una “moneda de pago” que se logró con el juicio que hizo la Provincia a la Nación por la ley de Promoción Industrial que benefició a las provincias vecinas.
De allí que no hubo objeciones en el PJ, aunque sí observaron que la obra no sale en el Presupuesto nacional 2018. El oficialismo aclaró que está en la pauta de este año y que, al no haberse ejecutado, la ley de Administración Financiera nacional establece que se puede hacer uso de la partida contemplada.
Después de que sea ley este proyecto, los trámites para avanzar con la construcción de la represa continúan en la órbita nacional. En lo que sigue, el presidente Mauricio Macri debe emitir el laudo arbitral, por el conflicto con La Pampa y, de salir favorable (tal como se espera), se podrá llamar a licitación.
