Luego de casi 10 días muy agitados, el proyecto para reformar la ley 7.722 tendrá hoy los votos necesarios para ser aprobado, lo que habilitará nuevamente la minería metalífera en la provincia flexibilizando el uso de sustancias químicas, especialmente cianuro y ácido sulfúrico. Claro que para ello el oficialismo tuvo que aceptar algunos cambios que pidió el peronismo y, de esta manera, lograr el "consenso político" que quería el gobernador Rodolfo Suárez, pese a que a Cambia Mendoza le bastan sus votos para tener la mayoría simple necesaria.
Sólo una decena de legisladores (de la izquierda, Protectora, PJ y aliados del oficialismo) han anticipado el rechazo a estos cambios.
Los cuatro ejes sobre los que se había "plantado" el PJ se encuentran incorporados en el texto final que obtuvo despacho ayer y que se debatirá en la maratónica doble sesión especial de hoy: en el Senado por la mañana y en Diputados por la tarde.
Uno de ellos especifica la dureza de los controles que se harán sobre las empresas mineras. En ese sentido, se creará la Policía Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente y financiada a través de tasas de fiscalización y control ambiental. Este cuerpo policial está estipulado en la 7.722, pero nunca se implementó.
El PJ también pidió crear el Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y Saneamiento, que estará conformado por un porcentaje equivalente al 1,5% del valor de venta del producto obtenido por el proyecto minero y del cual el 50% estará destinado a financiar obras de modernización del sistema de transporte y distribución de agua tanto para la actividad agrícola-ganadera, industrial y para el consumo humano.
El fomento al empleo mendocino y la participación en las riquezas era otra de las condiciones de la oposición y, de acuerdo al texto final, el Poder Ejecutivo tendrá 180 días para implementar los mecanismos necesarios para promover la participación de empresas mendocinas en la cadena de valor de la actividad y la contratación de mano de obra local.
Además se creará una Empresa Provincial Minera que permita la participación del Estado en la explotación de los recursos minerales de la provincia. A su vez, el Gobierno deberá pedir la modificación de la Ley provincial 3790, que permitió la creación de la Dirección de Minería, para modernizar, agilizar y transparentar el funcionamiento de este organismo otorgándole funciones más adecuadas para este objetivo buscado.
La licencia social, el punto más sensible
Fue quizás el último escollo para el acuerdo entre el oficialismo y el peronismo. Hasta último momento se trabajaba ayer sobre el cómo garantizar la licencia social en el desarrollo de un proyecto minero.
Una de las herramientas que se utilizará son las audiencias públicas en los departamentos en los que se localicen los emprendimientos, a fin de garantizar la participación de la ciudadanía local.
Además, los proyectos deberán desarrollarse de acuerdo con los lineamientos del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial de cada municipio. A fin de preservar los recursos naturales, la actividad minera será desarrollada respetando las limitaciones establecidas por la ley de Ordenamiento Territorial de Mendoza, el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglaciar, y la legislación que contempla la Protección de Áreas Naturales Provinciales.
Apoyo de cámaras empresarias a la reforma de la Ley
Convocada por la Coordinación de la Mesa Minera del Cluster Energético de Mendoza, en la sede de la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe) se realizó ayer una reunión de autoridades de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el Consejo Empresario Mendocino (CEM), directivos de cámaras empresarias y dirigentes sindicales. El tema: el apoyo a la reforma de la ley 7.722.
Todos coincidieron en que la incitativa llevada por el gobernador Rodolfo Suárez a la Legislatura representa una oportunidad para el desarrollo económico y para crear trabajo genuino siempre con los controles públicos necesarios para poder transparentar la actividad minera.
Mauricio Badaloni, titular de la UIM, destacó "que el año pasado se armó un cluster energético que trabaja en forma dinámica para aportar conocimiento técnico y sumar herramientas para lograr consenso entre los sectores".
En la reunión se planteó también que la minería no traerá en sí misma soluciones mágicas. Laureano Manso, del Cluster Energético de la UIM, explicó: "Trabajamos en tres áreas (energía, minería y petróleo), que son los ejes de crecimiento de corto a mediano plazo para Mendoza. El proyecto Portezuelo del Viento, por ejemplo, va a duplicar la inversión de obra pública de la provincia durante los cinco años que demandará la ejecución de la obra".
Por último, en el encuentro se destacó la promesa de campaña de los candidatos a la Gobernación en apoyo a la actividad minera y cuestionaron el accionar de aquellos que la rechazan arrogándose la representatividad de la sociedad mendocina.
