El 1° de abril se conocerá el aumento que tendrá la tarifa del gas para el 2019, pero según adelantó a finales del año pasado el Secretario de Energía, Javier Iguacel, la suba rondará el 35%, superando la inflación calculada para 2019 (23%).
De esta forma, entre abril de 2018 y el mismo mes de este año, la factura promedio para una familia mendocina de cuatro personas podría mostrar un incremento de hasta un 116%.
Para llegar a ese número se debe comparar la factura promedio que pagó un usuario de la categoría R1 en el invierno pasado y la que deberá abonar en los meses más fríos de este año. Con un consumo mínimo estimado en 412 m3 para el bimestre de invierno (dos calefactores, un calefón con piloto de 14 litros y un quemador de hornalla grande), en 2018 se pagaron $ 2.179,39 (más impuestos).
Este año, luego del ajuste del 35% que llegará en abril, se tendrán que pagar $ 4.719,26 (más impuestos) por un consumo idéntico. Es decir que la factura será $ 2.539,87 (116%) más cara que hace doce meses.
El impacto bimestral
Tomando en cuenta los mismos parámetros en el ejemplo anterior, se puede deducir que la diferencia entre una factura promedio actual y la que llegará después de abril, será de más de $ 1.000. Es que hoy el usuario con un consumo bimestral de 412 m3 está pagando $ 3.495,74 más impuestos, pero con el incremento del 35% anunciado por Iguacel podría llegar a abonar $ 4.719,26 (más impuestos).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los meses de verano el consumo promedio de gas es considerablemente menor al del invierno. Por lo tanto, es válido también analizar la evolución de una factura con un consumo bimestral de 157 m3 (es el valor estimado para una familia de cuatro personas sin el uso de calefactores). En ese caso, la boleta pasará de $ 1.471,65 (más impuestos) que se pagan hoy, a $ 1.986,73 (más impuestos) que se abonarán a partir de abril, según la calculadora del Enargas.
Composición de la factura
El 49,6% del valor final de una factura corresponde al precio del gas en boca de pozo, el 30,3% de lo que se paga es por el transporte y la distribución y el 23,8% restante por impuestos. Al primer componente lo determina el Enargas y a diferencia de abril del año pasado, en 2019 no rige la bonificación por ahorro (10%). Además, se recortó el subsidio que reciben los beneficiarios de la tarifa social, aunque no se eliminó completamente.
Déficit cero
Este año el Gobierno Nacional debe llegar al déficit primario cero. Con la mirada puesta en ese objetivo, se anunció la eliminación de la bonificación por ahorro en el consumo de gas, que estaba vigente desde marzo de 2016.
Así, desde septiembre del 2019, los consumidores que recibían descuentos por ahorro vieron incrementados los montos en sus boletas, ya que según lo publicado por la Secretaría de Gobierno de Energía en el Boletín Oficial en septiembre del año pasado, sostener el esquema con ambos descuentos implicaba una erogación total de $ 2.350 millones para el presente ejercicio económico.
La buena noticia para los usuarios, es que el Gobierno Nacional confirmó que sí se mantendrán los beneficios de la tarifa social en un 100% hasta un bloque máximo de consumo, a partir del cual comenzarán a aportar el total del precio (900 m³, con variaciones por mes).
Cambio de reglamento
Esta semana el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se reunió en el Palacio de Hacienda con los directivos de las empresas distribuidoras para comunicar cambios en la forma en que se realizarán las subastas para el abastecimiento de los hogares. Así, cambiarán los plazos de pago y las licitaciones se dividirán en dos días, atendiendo al reclamo de los empresarios.
Esto implica que las distribuidoras tendrán tiempo para cancelar la factura por el gas a las productoras por hasta 60 días, ya que estas cobran a sus usuarios el gas hasta unos 75 días después de habérselos entregado. Anteriormente se había comunicado que dicho plazo sería de 30 días, y no de 75 como hasta la fecha, algo que generó mucho rechazo entre las empresas.
Desde la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas) advirtieron que cambiar el plazo a 30 días hubiera significado un capital extra de $ 31.000 millones y un costo financiero de $ 9.532 millones. Eso fue lo que motivó el reclamo y la modificación anunciada por Lopetegui.
Por otro lado, los contratos pasarían a cerrarse en un año, en lugar de los tres que se propusieron originalmente, atendiendo a los riesgos macroeconómicos intrínsecos a la Argentina. En caso de devaluación, no se podrá trasladar a precios los costos en pesos, por fuera de los contratos realizados en dólares.
