Sancionada la Ley de Emergencia Económica, el gobierno de Alberto Fernández dispondrá de una serie de medidas para intentar reactivar el consumo y cambiar las expectativas de la población. Mientras hace esto, también intentará ganar tiempo para generar un cambio positivo en el ánimo de los acreedores para avanzar en una renegociación de la deuda, sobre todo la nominada en dólares.
Para esto, el gobierno incluyó varias normas en la Ley para asegurarse los objetivos. Por un lado, se aseguró los recursos, mediante la aplicación de retenciones a las exportaciones y la duplicación de la tasa que grava el Impuesto a los Bienes Personales, que ya no grava a los ricos, porque el mínimo no imponible es de $ 3 millones. Este impuesto es simbólico, porque lo que puede recaudar es mínimo al lado de lo que le pueden generar las retenciones.
Además, y con el fin de resguardar los pocos dólares líquidos que quedan (unos U$S 15.000 millones) se impuso un gravamen del 30% a la compra de dólares del sistema oficial (sólo se puede comprar un total de U$S 200 por persona vía homebanking o U$S 100 por ventanilla). Además, quedan alcanzadas todas las operaciones de compras en el exterior hechas con tarjetas de débito o crédito. Esto no sólo impactará en estos rubros sino que pegará duro al turismo en el exterior.
El gobierno calcula evitar la fuga de unos U$S 3.000 millones, mientras el saldo comercial aún es positivo. Por otro lado, intenta evitar que las compras presionen el valor del dólar y, a su vez, favorecer el turismo interno. También complicará a los que hacen compras en los países limítrofes o en sitios internacionales.
El plan del consumo
El gobierno intenta, rápidamente, que ciertos sectores de muy bajos ingresos tengan mayor disponibilidad de recursos que, casi en su totalidad, se dedicarán al consumo de alimentos. Para ello los jubilados que cobran la mínima percibieron el 27 de diciembre un bono de $ 5.000 y en enero recibirán otro similar. También los beneficiarios de AUH tendrán un bono, lo que supone que casi 7 millones de personas tendrán ingresos adicionales en los próximos 60 días, que se volcarían al consumo.
Existe una duda razonable acerca del efecto real que podría tener dicho aumento ya que el 31 de diciembre se termina la exención del IVA a productos de la canasta básica y esto generaría un aumento importante de los precios, lo que incidirá en la inflación y licuaría el beneficio. Tampoco hay certezas sobre la conducta de las empresas productoras que, en los 60 días, introdujeron incrementos preventivos, y tampoco respecto de los hipermercados y los márgenes que aplican.
Con estos dos sectores están tratando de negociar. Siempre los argumentos de los funcionarios giran en torno de la necesidad de solidaridad de las empresas que más ganan. Los más grandes dicen que no ganan nada y que llevan varios trimestres trabajando a pérdida y que no les pueden pedir que se hagan cargo de nada. El problema es que si no retroceden, el impacto del IVA será muy fuerte sobre la inflación y esto afectará al consumo.
Los funcionarios no quieren repetir el esquema del gobierno de Macri porque, dicen, esa rebaja de impuestos beneficiaba más a los sectores de mayor capacidad de consumo, y ellos quieren que sea selectivo, sólo para los sectores de menores ingresos. Una posibilidad es que estos sectores (identificados por su nivel de retribución), reciban la devolución del IVA o un porcentaje, comprando con tarjeta de débito, como existía antes.
Otro problema que el gobierno de Alberto Fernández deberá asumir es la consecuencia de haber suspendido el Pacto Fiscal con las provincias. Esta suspensión se hizo sin ninguna contraprestación de los gobernadores, como no aumentar el gasto, y así los mandatarios provinciales se aprestan a subir impuestos en sus jurisdicciones.
Lo más preocupante es que la mayoría quiere aumentar ingresos brutos, que es un impuesto muy regresivo, ya que se incorpora a los costos y crece en proporción geométrica, o efecto cascada, como se lo conoce. Lo más grave es que los gobernadores e intendentes, que gozaron de una gran bonanza financiera en el gobierno de Macri, se dedicaron a poblar las administraciones de empleados, que ahora no pueden pagar.
El gobierno nacional debería poner algún freno sin alterar las autonomías porque, de lo contrario, se minarán los intentos de una recuperación. Hay que entender que mayores impuestos sacan recursos a los bolsillos de los contribuyentes y perjudican el poder de compra de los salarios, sobre todo de los de menores ingresos.
Entre los impuestos nacionales, que castigan a la clase media y alta y los de las provincias, que castigan a los sectores más bajos, no será posible pensar una recuperación duradera y, además, complicará el frente fiscal ante la negociación con los acreedores. El gobierno debe sentarse a negociar mostrando un escenario sustentable que asegure la posibilidad de cumplir a futuro. Si se compromete la lenta recuperación, nada será posible.
