En medio del debate en la Legislatura del nuevo Régimen General Disciplinario para los estatales (aprobado hace 10 días), salió a la luz que hay 974 sumarios a empleados públicos sin resolver en la Administración Central. Y que un tercio de ellos se han producido durante la gestión de Alfredo Cornejo, en la que además se registraron 293 cesantías (despidos), algo que casi no ocurría en los gobiernos anteriores.
"Cuando llegamos nos encontramos con una gran cantidad de irregularidades en relación con las inasistencias. Esa es la principal causa de cesantía", explicó el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez.
"Hasta diciembre de 2015 no había registro de las cesantías. Estaban registradas las bajas, pero no estaba especificado si era por renuncia, jubilación, muerte o cesantía. Esta gestión busca ordenar y para ello se basa en los datos. Ordenamos y actualmente podemos decir que hay 974 sumarios sobre una planta de 95.600 empleados, es decir, un 1% de los empleados públicos", agregó.
De los empleados cesanteados -no pueden volver a trabajar en el Estado por 5 años-, 190 son por faltas injustificadas (más de 6 en los últimos 6 meses) y 103 por otros motivos.
"Sabemos que la gran mayoría de los trabajadores cumple. Pero muchas veces hay falta de compromiso y faltas injustificadas. La sanción es una señal para el buen empleado, para el que cumple", lo justificó Suárez.
Con respecto a los sumarios, 345 datan de la gestión de Celso Jaque (2007-2011), 313 de Francisco Pérez (2001-2015) y 316 de Cornejo (2015-actualidad). Es decir que el actual gobernador ha cesanteado la misma cantidad de empleados que los anteriores pero en menos tiempo, ya que le queda poco más de un año de gestión.
"Hay sumarios que tienen más de 10 años. Esto genera incertidumbre y estrés en el empleado porque puede ser inocente. Además queremos que el ciudadano recupere la confianza en el empleado público, queremos jerarquizarlo", insistió Suárez.
Rechazo de los gremios
El 10 de octubre se aprobó en la Legislatura una ley que deroga el capítulo V del Estatuto del Empleado Público y crea la Oficina de Sumarios, muy cuestionada por los gremios y la oposición porque sostienen que debe discutirse en el ámbito paritario.
"Es una flagelación al derecho de defensa de los trabajadores frente a las sanciones de la patronal de turno", dijo Roberto Macho (ATE) durante el debate del proyecto que después fue ley. "Esta reforma se podría interpretar también para tomar las adhesiones a medidas de fuerza como faltas injustificadas". Además, dijo que hay "más de 700 sumariados" que "podrían pasar de un día para otro a perder sus fuentes laborales".
Por eso, el titular de ATE afirmó que elevará un pedido de inconstitucionalidad de la ley.
Por su parte, para el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Gustavo Correa, "este es un gobierno que pretende controlar y castigar; su única política es perseguir a las organizaciones gremiales, sociales y no sentarse a discutir. Esta ley lo que hace es dejar afuera no menos de 400 celadores en la provincia. Les imputan inasistencia injustificada por permisos gremiales", denunció.
Desde el Gobierno les contestó Ulpiano Suárez: "Si la justicia no es rápida no es eficaz, por eso no puede estar abierto un sumario 10 años sin una resolución. Esa es una de las razones por las que se crea la oficina de sumarios".
Y explicó que antes, estas investigaciones administrativas estaban a cargo de la oficina de legales de cada ministerio, que también hace otros trámites más urgentes relacionados con la gestión, lo que deja en un segundo plano los sumarios. Ahora, la nueva Oficina va a centralizarlos y se encargará de la instancia previa, del sumario y de buscar las pruebas. Va a estar conformada por abogados especializados que ya trabajan en la Casa de Gobierno y va a depender del Ministerio de Gobierno.
La ley establece una instancia presumarial de investigación en la que si no hay pruebas el expediente se archivará. Durante esos 30 días se suspende preventivamente al trabajador aunque se le pueden asignar otras tareas. Cuando termina esta etapa se decide si se abre o no el sumario.
“Durante el sumario se presume la inocencia del empleado por lo que no se ve afectada su carrera administrativa. Y las conductas que se sancionan son las mismas de la ley anterior”, aclaró Suárez.
Después de la investigación y la defensa, la Oficina presenta un dictamen que pone a disposición de la Junta de Disciplina en la que hay empleados elegidos por el personal.
La Junta sugiere la sanción a través de una resolución y después el ministro, secretario o jefe decide la sanción.
"El régimen disciplinario busca inmediatez y proporcionalidad para corregir la conducta y tener un proceso ágil y transparente. Las sanciones siempre son acordes a las faltas", señaló el subsecretario de Gestión Pública.
"Con la ley se ha ampliado el plazo de descargo: antes eran 5 días y ahora son 10. A este cambio hay que sumarle el expediente electrónico, que permite más celeridad. No se puede cajonear el expediente porque se puede acceder a él y ver en dónde está", explicó.
Lo Oficina se hará cargo de todos los sumarios nuevos. Los 974 que ya existen y están sin resolver seguirán en las áreas legales de las distintas áreas. "Estamos revisando cada 15 días el estado de esos expedientes para que se resuelvan lo antes posible", detalló Suárez.
En detalle
Cesantía: se da la baja y deben pasar 5 años para que vuelva a trabajar en el Estado.
Exoneración: se da la baja y no puede aspirar a un cargo por 10 años.
En ambos casos, cuando el empleado quiera volver a trabajar en el Estado lo deberá hacer a través del concurso público.
De 974 que hay en trámite, 345 corresponden a la gestión de Jaque, 313 a la de Pérez y 316 a la de Cornejo, a quien aún le queda un año de gobierno. Con él también fueron cesanteados 293 empleados.
Echan a 4 empleados del ex COSE
El estricto orden y control sobre la planta de personal del Estado tuvo su última novedad la semana pasada cuando el Gobierno echó a cuatro agentes del ex Cose por falsificar sus títulos secundarios.
La denuncia sobre Hugo Norberto Videla, Gustavo Javier Roque, Sergio Raúl Zarandon y Raúl Omar Cabañas era de mayo de 2016 pero recién este mes se tomó la decisión de dar las bajas al comprobar que los certificados eran falsos.
