La alianza política entre Cambiemos y el peronismo no kirchnerista tuvo su primera victoria política. El escenario de la misma fue la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que ayer dictaminó sobre los dos DNU más polémicos que firmó el presidente Mauricio Macri: el que frenó la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias y el que modificó el corazón de la Ley de Medios.
Los seis legisladores oficialistas lograron el acompañamiento del diputado massista Raúl Pérez y del senador Adolfo Rodríguez Saá y, de este modo, consiguieron quedarse con el despacho de mayoría ya que juntaron ocho firmas, igual número que reunió en contra de ambos DNU el Frente para la Victoria (FpV). Pero Cambiemos corrió con la ventaja de tener la presidencia del cuerpo, en cabeza del senador radical Luis Naidenoff, cuya rúbrica vale doble en caso de empate.
El triángulo conformado por Cambiemos, el Frente Renovador y el Peronismo Federal permitió al presidente Macri respirar aliviado ya que sus dos DNU tendrán vigencia salvo que el kirchnerismo pueda rechazarlos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, algo que hoy a priori parece complicado para el FpV sobre todo por las fisuras que hay entre los legisladores que responden a los gobernadores del PJ y los que defienden la conducción política de la ex presidenta Cristina Fernández.
Pero para conseguir este logro la Casa Rosada debió negociar largamente con Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. El hombre de Tigre exigió al Ejecutivo que saque un nuevo decreto (simple, no de necesidad y urgencia) para encauzar los reclamos de las 21 provincias que no fueron alcanzadas por el fallo de la Corte que devolvió el 15% de la coparticipación a Santa Fe, San Luis y Córdoba.
Este requisito se cumplió ayer. En el Boletín Oficial, Presidencia publicó el decreto 406 por el cual se creó el programa “Acuerdo para el Nuevo Federalismo”, que establece la creación de un Consejo Argentino en el cual todas las provincias, la Nación y una delegación de tres diputados y tres senadores discutirán de qué modo se reintegrará paulatinamente -entre 2017 y 2020- el 15% de la coparticipación que las provincias cedieron en 1992 para sostener el déficit del sistema previsional.
Durante el debate en la bicameral los legisladores K calificaron a la nueva pieza legal de Macri como “engaña pichanga”, “la nada misma” y “mamarracho”. Según el senador Juan Pais (Chubut), hoy Macri no tiene marco jurídico para detraer a las provincias el 15% ya que el fallo de la Corte anuló el artículo de la Ley de Presupuesto 2006 por el cual se impuso compulsivamente la prórroga de la cesión que hicieron las provincias en 1992.
“Con el decreto publicado hoy (por ayer) están negando a las provincias derechos y recursos que les son propios”, se quejó. “Están creando un programita pero no le van a dar un peso en todo el año a nadie”, vociferó la diputada Juliana Di Tullio.
Respecto al DNU que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y eliminó las autoridades de aplicación de las leyes de Medio y Argentina Digital, el diputado de La Cámpora, Marcos Cleri, cuestionó tanto la forma como el fondo. “No hay necesidad ni urgencia de eliminar dos entes (la Afsca y la Aftic) que garantizaban la pluralidad y el federalismo y que tenían como respaldo leyes largamente discutidas por este Parlamento”, sostuvo. El santafesino aseguró que “el 80%” de la nueva reglamentación favorece al Grupo Clarín y “el resto al Grupo Telefónica”.
Desde el Pro, el diputado Pablo Tonelli defendió este DNU al asegurar que el Gobierno busca avanzar hacia la “convergencia” entre medios audiovisuales y las telecomunicaciones.
Los votos decisivos
El hombre que aportó la firma clave fue el massista Pérez, quien, como el senador Rodríguez Saá optó por no hacer uso de la palabra en la reunión, lo que irritó al kirchnerismo. "Quisiera escuchar qué opina el co-gobernante diputado Sergio Massa", refunfuñó la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. "El co-gobernante Sergio Massa y el presidente Macri están quitando el 15% a todas las provincias. Eso es lo único concreto", postuló Di Tullio.
Pero Pérez sí habló con los medios. Sostuvo que con el nuevo decreto “las provincias tienen un ámbito de discusión. Los gobernadores prefieren avanzar este año en lugar de ir a la Justicia y esperar diez años, como les pasó a Córdoba, Santa Fe y San Luis, para tener un fallo favorable”, dijo. Además, sostuvo que su apoyo al Enacom “es provisorio” ya que “esperamos que el Ejecutivo mande este año una nueva ley de Comunicaciones”.
Disidencias para todos
Ayer tanto el oficialismo ampliado (Cambiemos, Pérez y Rodríguez Saá) como el FpV, tuvieron fisuras en relación a otros decretos. Pérez no convalidó la prórroga a la baja en el IVA a los paquetes de cigarrillos del 21% al 7%, algo que paradójicamente sí apoyó el kirchnerismo.
En el FpV hubo fisuras entre cuatro senadores cercanos a los gobernadores (Pais, Graciela de la Rosa, Juan Abal Medina y Juan Irrazábal) y el “cristinismo” (Fernández Sagasti, Diana Conti, Cleri y Di Tullio) ya que los primeros bancaron al oficialismo en la reducción de los impuestos a los autos de lujo y los segundos firmaron dictamen en contra.
Frigerio garantizó "adelantos" para obra pública
El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, reunió ayer a los ministros de Infraestructura de las 24 provincias y les garantizó “adelantos” de fondos para las obras en curso y reducir la deuda que mantiene el Estado con ellas, aunque solicitó que se coordine un “plan de inversiones”.
“Lo que queremos es cambiar la dispersión del gasto público que se registró en los últimos años; necesitamos definir cuál es el rol de la Nación en la inversión de infraestructura, y que las provincias o los municipios se hagan cargo de las obras menores”, aseguraron a DyN desde el Gobierno nacional.
Durante el encuentro, que desde lo formal fue una reunión del Cimop (Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas), Frigerio reconoció las deudas que el Estado mantiene con las provincias por obras en curso o ya terminadas (que ascienden a 10 mil millones de pesos) y planteó “un mecanismo de anticipos” mientras “se verifican los certificados de obras”.
“El anticipo va a permitir la continuidad del flujo y, una vez que se termina la verificación, si el certificado está bien, se continúa, pero si está mal, el anticipo se devuelve”, agregó a esta agencia un funcionario nacional.
En este sentido, Frigerio se refirió a la deuda e indicó que el miércoles se pagaron “otros 2 mil millones de pesos y en una semana debería saldarse el resto”, al tiempo que remarcó que el Estado “no impone proyectos de infraestructura” sino que busca “consensuarlos”.
