Con una vitivinicultura que se debate entre pagar $ 85 millones en multas por incumplir la pauta del 35% de mosto y la urgencia por colocar 350 millones de litros de vino sin destino por ahora, se encontrará la presidenta Cristina Fernández en su visita a Mendoza el miércoles 3. Tras dos años, la llegada de la mandataria genera la lógica expectativa de anuncios, más anclados en la cercanía de las elecciones que en la convicción de cambios para revertir la crisis.
Es que al sobrestock heredado de 200 millones de litros se inyectaron otros 150 millones de la vendimia 2015, lo que hace más presión que nunca sobre los precios y no exorciza fantasmas para los pequeños productores. Y con fondos ($ 500 millones) que llegan a cuentagotas, crece la esperanza de otras medidas ante la “otra” cosecha (de votos ) a 2 semanas de los comicios.
Una situación está atada a la otra. La obligatoriedad de la sanción económica ante una pauta de elaboración de mosto (18%) de las más bajas para Mendoza en los 21 años de acuerdo regulatorio con San Juan, disparó fuertes críticas de los vecinos que, con fuerte arraigo mostero, insisten en que se cobre rigurosamente los $ 0,50 por cada kilo de uva que no fue a jugo.
De hecho, la Asociación de Viñateros sanjuaninos asegura que habría sólo 124 mil toneladas de ese producto y, con un stock al 2014 de 164.664, “sería importante revisar” el dato “ante la posibilidad de que falte mosto” para exportar.
Así las cosas, los casi 10 puntos de incumplimiento, según el Fondo Vitivinícola de Mendoza, se traducen en 1,7 millón de quintales, y casi $ 85 millones por pagar. No desembolsarlos implicaría un “sacrificio”: más vino a destilación, porque a 3 meses los U$S 0,10 por litro exportable es una quimera.
“El dinero de la Nación sigue sin llegar y así algunos llevamos 3 meses peregrinando. Pese a la voluntad en segundas líneas del Gobierno, no se exporta por falta de negocios sino de acción concreta. Tengo esperando a 82 productores con factura de venta porque desconozco si lo suyo va a mosto o al operativo de exportación”, despotricó Miguel Abdala, de Montereal, uno de los mayores exportadores de vino a granel y mosto, con 10 millones de litros en espera del subsidio para embarcar.
De ahí que la expectativa esté enfocada en lo que pueda traer Cristina Fernández bajo el brazo, a partir de una presentación del sector que motivó varias reuniones con el Ministerio de Agricultura y de Economía. La presidente de Coviar, Hilda Wilhelm, recordó que el plan “es retirar 200 millones de litros vía condiciones especiales para exportar, lo que incluye un subsidio mayor e incluso suspender retenciones. Esperamos que se traduzca en algo concreto”.
En números, el pedido se basa en una compensación de costos logísticos que alcance para asegurar $ 2,20 por litro de vino blanco y $ 3 de tinto al productor.
“Con 150 millones de litros de vino recién elaborados, nuestra postura es firme: se paga la multa o, sin exportar, se resigna volumen para destilación con un incentivo, que sería lo más lógico”, cerró Wilhelm, para quien “tan importante como un anuncio es implementarlo”.
Gestos por gestos
Para las bodegas con ventas pendientes al exterior (hasta ahora salieron unos 2 millones de litros subsidiados), la respuesta oficial es: “Esperamos reasignación de partidas para liquidarle los U$S 0,10”. Al respecto, Los Andes buscó, sin éxito, precisiones de ProMendoza y la dirección de Vitivinicultura.
Para Sergio Villanueva, director del Fondo Vitivinícola y gerente de la UVA, “nadie en el mundo se muere por comprar vino a granel. Por eso, más allá de la multa, cuyo objetivo es hacer cumplir una medida de regulación, si llega ayuda para quitar excedentes el sacrificio de la industria debe ser un acuerdo para destilar volúmenes”.
Como preparando terreno, el INV ya elevó datos de comercialización y despachos a la Secretaría de Comercio, con precios FOB que muestran que hasta abril el vino fraccionado generó U$S 243,1 millones, y U$S 29,5 millones a granel, 4% más que en 2014. Y los 2.400 hectolitros destilados en abril de 2014 se cuadruplicaron.
“Más allá del crecimiento, con un detalle de precios promedio la idea es exponer que el vino a granel es poco competitivo”, admitió su titular, Guillermo García, la voz cantante de quienes vuelven a la carga para pedir, luego de 1 año, que la Legislatura apruebe “urgente” el TIVI (Título Vitivinícola), para recortar sobreestocks “a precio superior al del mercado”.
“El TIVI fue aceptado por las entidades como instrumento idóneo para retirar excedentes, desnaturalizarlos y comercializarlos como alcohol. Si la demanda exterior existiera se evitaría eso y habría más dólares, escenario difícil por excedentes y precios mundiales”, añadió el titular del INV.
Definen grado y liberación
Según García, en la semana que comienza se firmará la resolución que fijará el grado alcohólico de los vinos 2015 “dado que se esta realizando la revisión final de los descubes”.
En cuanto a la fecha de liberación, “se realizará cuando los vinos estén enológicamente estables, por lo que el INV realizará los cierres de libros y control de existencia e inmediata liberación de los vinos. Como siempre se atenderán las urgencias de aquellos establecimientos que no tienen vino viejo en sus existencias”, completó el presidente del INV.
Entre los dirigentes de las cámaras gremiales empresarias analizan que el ruido político, este año en particular, tiene su peso a la hora de las decisiones. Sin embargo, las posturas enfrentadas no se disimulan: mientras desde San Juan propenden a una fecha de salida del vino nuevo más extendida (julio o agosto), en Mendoza los elaboradores y parte de los productores se pronuncian a favor de que la liberación no sea más allá del 1 de junio.
