El juez federal Daniel Rafecas encontró en el monasterio de General Rodríguez, donde fue detenido el ex secretario kirchnerista José López, documentación sobre partidas de dinero enviadas desde el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido a la Basílica de Luján y al propio convento e información de cuentas bancarias del fallecido obispo de Mercedes-Luján Rubén Di Monte.
La documentación fue recabada durante una inspección ocular que realizó Rafecas en la investigación por enriquecimiento ilícito en la que López ya está procesado con prisión preventiva y con un embargo millonario.
Según indicaron voceros de la Oficina Anticorrupción (OA), que en su rol de querellante pidió la inspección, en el operativo se halló “documentación que demuestra la relación que tenía la Secretaría de Obras Públicas con el monasterio e información sobre cuentas bancarias del obispo Rubén Di Monte”, quien tenía a su cargo la arquidiócesis Mercedes-Luján.
Parte de los papeles vinculados a Planificación se remontan a diez años e incluyen documentaciones de ida y vuelta con el fallecido Di Monte, señalaron fuentes judiciales.
A pedido de la OA se secuestró el CPU que se encontraba en el despacho del fallecido religioso, que -según dijo Rafecas a la prensa al término del procedimiento- será analizada.
“Se cumplió perfectamente con el cometido que se había buscado -dijo Rafecas a la prensa-. El objetivo, por lo menos desde la perspectiva del juzgado y también de la fiscalía de la Oficina Anticorrupción, era básicamente establecer posibles vínculos previos entre el convento, el obispo Di Monte, la madre superiora y la hermana Celia (Inés Aparicio) con José López, que es el imputado principal de la causa”.
También dijo que “todas las dependencias privadas que están en la parte de atrás del monasterio no habían sido inspeccionadas en ese momento (en el allanamiento) y ahora se hizo una revisión exhaustiva y completa”.
En el operativo, que comenzó a las 10.30 y finalizó a las 13, estuvieron oficiales de las policías Federal y Bonaerense y los abogados de López, así como los coordinadores de Investigaciones de la OA Arturo Gutiérrez y Patricio O'Reilly y el investigador Lucas Trigo.
Hoy, en tanto, el juez le tomará declaración a Jesús Ojeda, el testigo clave que llamó a la Policía en la madrugada del 14 de junio, cuando vio que un hombre, que resultó ser López, quería entrar al convento con bolsos en los que había unos 9 millones de dólares.
Y el viernes le tomará testimonio a dos religiosas -la hermana Marcela y la hermana María- que estuvieron en el convento aquella noche; una de ellas, Marcela, reconoció ante el juez haber sido una de las que ayudó a entrar los bolsos, reveló Rafecas.
En la primera semana de agosto, Rafecas tiene previsto volver a indagar a López por esa situación, así como a su esposa, Amalia Díaz, y a dos supuestos testaferros a quienes acusa de ser partícipes necesarios de enriquecimiento ilícito.
También indagará a la hermana Inés por encubrimiento, a raíz de la difusión de las imágenes del día de la detención de López y de las declaraciones de los policías que actuaron en el procedimiento.
Y al Cuerpo Médico Forense se le encomendaron diligencias para saber si la jefa del convento, la hermana Alba, con 95 años y asistida por un tubo de oxígeno, está en condiciones de declarar.
“La sensación que ha tenido el juzgado es que la hermana Alba, de 95 años, no está en condiciones de declarar y lo más probable es que respecto de ella se suspenda el proceso. A duras penas puede caminar”, dijo Rafecas a la prensa.
Además de la inspección ocular, Rafecas pidió al Colegio de Martilleros de San Isidro que realice una tasación del valor de mercado de la propiedad en la que vivía López en Tigre, ya que se sospecha que -aunque estaba a nombre de terceros- formaba parte de su patrimonio.
Según los registros catastrales, esa vivienda fue vendida por Andrés Galera -sospechado de ser uno de los testaferros de López- en mayo de 2009 al empresario Eduardo Gutiérrez, también salpicado en la causa, porque figura como el arrendatario de la vivienda a la familia del ex funcionario.
En la justicia federal López ya fue procesado por enriquecimiento ilícito por los casi 9 millones de dólares que se le encontraron en su poder, pero la defensa apeló diciendo que la primera indagatoria fue nula porque no estaba en condiciones de declarar.
Además el abogado de López, Diego Sánchez, dijo a una radio que su cliente está “evolucionando en su estado anímico” y que “no son ciertas” las versiones de que se la pasa bailando desnudo frente a las cámaras de seguridad y pidiendo a gritos por el ex gobernador de Tucumán y actual senador José Alperovich.
