Hay algunas contrataciones de insumos y servicios que llaman la atención. Por ejemplo hay una sucesión de compras de ácido cítrico bajo la lupa.
El insumo se usa constantemente en la Bioplanta de Santa Rosa, por lo que podrían estimarse las cantidades a usar y licitar, pero hay varios expedientes para adquirir el producto por compra directa.
Se acusa en este caso desdoblamiento de contrataciones de un mismo mes. La operación solía hacerse sin publicarse en la web de Compras, no existen pedidos ni recepción de presupuestos y se incorporaron en el expediente correos electrónicos de cotizaciones con fecha posterior a la compra.
“Al proveedor Droguería Polo S.R.L se le han efectuado pagos durante el ejercicio 2014 por un monto de $ 3.403.000; por el ejercicio 2015 $ 9.913.587,50 y en lo que va del ejercicio 2016 se le han efectuado pagos por un monto de $ 8.935.738,50”, dice la auditoría.
Otra contratación polémica es la del alquiler de los 33 vehículos sin chofer; el contratista es Raúl Oziel Brantiz. La auditoría indica que en 2014 Brantiz facturó 1,2 millones de pesos, en 2015 fueron 3.168.000 y en lo que va de 2016 se llegó a 1.659.000.
En la licitación 2015 “no se indica el destino de los vehículos solicitados ni justificadas las características de los mismos”; se establecía que las movilidades no podían ser de modelos inferiores a 2010, salvo en las camionetas doble cabina que se permitían hasta 2006.
Se rechazaron ofertas por presentar vehículos 2008, sin embargo a Brantiz “se adjudicaron en los renglones 16 y 17 vehículos modelos 2008 y 2006 respectivamente, beneficiando siempre al mismo oferente, lo cual configura una clara violación al principio de igualdad de ofertas”.
Además, también se señala que en la licitación “el oferente podrá ser el titular del vehículo o mediante poder, presentar como oferta un vehículo no propio. El adjudicatario Brantiz, Raúl Oziel presenta a fojas 461 a 464 poder de representación de Brantiz, Gastón Héctor Ariel”.
Gastón Brantiz es otro proveedor de Iscamen en la era Millán: a él se le alquilaron una decena de equipos de aire acondicionado para las casillas de los inspectores de las barreras fitosanitarias. En 2015 facturó 140 mil pesos por alquilar bienes que podrían haberse comprado y amortizado en algunos años.
Otra polémica es la contratación de una aseguradora como ART de los empleados. El productor de seguros es Fernando Pablo Carelli. En la auditoría se indica como curiosidad que el pago se haga al productor y no a la aseguradora, Paraná Seguros.
La explicación aparece párrafos más abajo: la propia encargada de hacer la auditoría, la directora general de Control de Gestión María Teresa Baduí, fue hasta Paraná Seguros y se le informó que el contrato estaba dado de baja por falta de pago.
“Al productor Carelli, Fernando se le han efectuado pagos durante el ejercicio 2014 por la suma de $ 76.305, en el ejercicio 2015 por la suma de 101.870.06 y en lo que va del año 2016 pagos por la suma de $117.385.94”, dice el informe. En total $295.561 cobró Carelli.
