De los cuatro años que gobernará Alfredo Cornejo, tres los hará con la declaración de la Emergencia en Seguridad. Así lo definió ayer la Cámara de Senadores, que bajo el calor electoral y valiéndose de la mayoría oficialista, sancionó la prórroga de una "herramienta" a la que le tomaron cariño.
Si bien la idea en el ministerio de Seguridad es ejecutar todo el Presupuesto 2018 con el mecanismo de compra directa, en carpeta hay una licitación en curso para comprar 15 drones.
Control aéreo
Estos vehículos aéreos serán los primeros que incorpore la Policía mendocina y la idea es que sirvan para operativos especiales, reemplazando la tarea de un helicóptero, además de poder recorrer lugares difíciles de patrullar, como fincas o territorios con desniveles.
"La imagen la vamos a ver desde los CEO. La licitación incluye la capacitación del personal y la apertura de sobres la vamos a hacer el 17 de octubre", explicó Diego Lázzaro, director de Administración de Seguridad.
En una definición más política, el funcionario se defendió de las acusaciones del PJ, que criticó la falta de transparencia por darse con un mecanismo alternativo, y dijo que la compra de los drones es "un buen ejemplo" de cómo han funcionado con el mecanismo de compra directa.
"Nosotros llamamos a licitación hace dos semanas y la publicación ha durado casi un mes. Los oferentes presentan la oferta, nosotros elegimos las más convenientes y eso va a Fiscalía de Estado, que nos dicen si está bien o mal adjudicado", detalló Lázzaro.
En lo que sigue, el "capítulo 2" de la Emergencia le permitirá al ministerio de Seguridad ejecutar el Presupuesto 2018, que todavía no está presentado. Esta herramienta reemplaza la licitación pública por la compra directa, aunque en los hechos hay un llamado a licitación. La diferencia está en que es a través de resolución y no de decreto, lo que ahorra algunas firmas. En tiempos, se pasa de un promedio de seis meses a tres.
El segundo aspecto de la Emergencia es que con la misma agilidad se podrán hacer convenios con organismos nacionales. En el ministerio de Seguridad tienen en vista la posibilidad de firmar con una compactadora de autos
Según adelantó Lázzaro, el objetivo es comenzar a compactar todo lo que está en las playas de secuestro. En San Agustín hay 26 mil vehículos. En esta etapa, se reducirán 1.200 autos, que quedarán del tamaño de un fardo de metal y serán vendidos a una siderúrgica. Luego habrá otro convenio por 3.500 coches más.
“La plata es donada al Notti o a ONG locales”, explicó Lázzaro acerca del destino del dinero.
La pelea política
Como se esperaba, la ley no salió con el acuerdo mayoritario tal como pretendía el oficialismo. Tanto el PJ como el FIT se plantaron en el "no" y criticaron al gobierno por extender 18 meses más la Emergencia. "Es un mecanismo administrativo extraordinario que por su naturaleza debilita el control público. Entendemos que hubo un plazo que se cumplió y fue suficiente", interpretó el senador Luis Bhöm (PJ).
“Advertimos por parte del Gobernador una construcción mediática y electoralista. Cornejo colocó a la seguridad como eje de campaña y tiene una intencionalidad política de acorralarnos como obstaculizadores o ‘mano blanda’”, señaló el justicialista.
El oficialismo levantó el guante y aclaró que no hay ningún fin electoral. "La pedimos el año pasado y ahora debatimos una prórroga", respondió el presidente de la banca de la UCR, Armando Camerucci.
Por su parte, Patricia Fadel, presidente del bloque del PJ, denunció que la primera Emergencia venció el 3 de setiembre y que la prórroga servirá para "blanquear" los trámites que se hicieron hasta hoy.
“El Ejecutivo no se dio cuenta que había vencido y siguió usando la emergencia. Pero la emergencia no está en los escritorios de los contadores de Cornejo, la emergencia está en la calle”, remató Fadel.
En tanto, desde el ministerio de Seguridad siguieron el debate a través de la página web del Senado y luego respondieron algunas apreciaciones de la oposición. Específicamente y sobre las apreciaciones de Fadel, Lázzaro dijo que desde que dejó de regir la primera Emergencia, “no se ha hecho ningún movimiento”.
Los datos del "Capítulo 1"
En la discusión por la prórroga, Seguridad puso sobre la mesa datos de todo lo hecho con la primera Emergencia, sancionada el 1° de marzo de 2016. Esta ley, a diferencia de la aprobada ayer, autorizó al gobierno a endeudarse por $ 561 millones.
Según explicaron, del crédito permitido se utilizó el 97% y en 18 meses adquirieron 120 móviles inteligentes, equipamiento inteligente para 200 móviles, 9.700 uniformes de combate y borceguíes, 2.500 chalecos antibalas, 300 pistolas 9 milímetros y 500.000 municiones 9 milímetros. A su vez, se equipó a 320 móviles con reconocimiento biométrico, 30 con reconocimiento de patentes y 20 con reconocimiento facial. La primera Emergencia sirvió también para refaccionar penitenciarías y comisarías
En los datos que difundieron, a partir de agosto de 2016, cuando se efectivizaron las compras, el robo simple bajó el 42%, el robo agravado el 30%, el robo agravado con arma el 38% y la sustracción de automotores en 24%menos.
