Miedo. Esa es la palabra que repiten constantemente los inmigrantes mendocinos que viven en Estados Unidos.
Más allá de la situación particular de cada uno, respecto a su permanencia legal o ilegal, todos coinciden en el temor a ser deportados y al colapso del sistema que demora los trámites para conseguir los papeles que garanticen la legalidad.
Si bien ese sentimiento es común en todas las personas que viven en forma ilegal en países a los que emigran por diferentes motivos, el contexto actual que atraviesa EEUU ha llevado a que el miedo se extienda inclusive a situaciones cotidianas.
Por ejemplo, muchos tienen temor de nombrar en conversaciones privadas en Facebook, Whatsapp o correo electrónico al presidente Donald Trump o a su esposa Melania, porque aseguran que el gobierno rastrea esas palabras y accede a toda la información.
Cierto o no, la creencia está instalada. Por eso quienes aceptaron hablar para esta nota eligieron no dar sus nombres completos, para evitar consecuencias indeseadas.
"La comunidad indocumentada tiene miedo, sufre ansiedad, depresión y estrés", describe J (43), quien llegó a Nueva York junto a su esposa en 1999, donde nacieron sus dos hijos. En aquellos años los argentinos no necesitaban visa para ingresar, sino que la misma se otorgaba al momento de hacer migraciones y tenía una duración de 3 meses.
Con preocupación, J relata que desde que asumió Trump el temor de los inmigrantes ilegales aumentó porque "en cualquier momento" los pueden "ir a sacar de sus sitios de trabajo" y que en ningún lugar están seguros porque "ser indocumentado en este país es vivir en un limbo".
Teniendo en cuenta que sus hijos son ciudadanos americanos y que viven allí como cualquier familia normal, J hace más de 10 años presentó los documentos para conseguir que su estadía sea legal, pero aún no ha recibido respuesta.
“Trabajo de manager en un restaurante. Mi jefe me pidió una solicitud como un trabajador extranjero y apliqué, pero el sistema de migración de Estados Unidos está con problemas tremendos porque necesita una reestructuración para poder darles a todos los inmigrantes una oportunidad”, detalla.
La historia de G (59) en ese país comenzó hace 16 años, cuando llegó a Florida junto a su hija que era una niña. Según manifiesta, decidió irse de Mendoza "por aventurera" y no porque su situación económica estuviese mal.
“Durante todos estos años nunca intenté casarme ni por papeles ni por amor. Ahora que mi hija se casó es ella la que me va a dar la residencia para estar tranquila” señala la mujer, que trabaja en mantenimiento de casas, oficinas y departamentos.
Haciendo un balance de lo que ha sido su permanencia en Estados Unidos, reconoce que nunca sintió temor de andar y circular por el país, llegando inclusive a viajar en avión.
“Personalmente estaba tranquila, no tenía ningún miedo para nada, vivía tranquila, trabajaba a full y, por mi trabajo, andaba inclusive de madrugada. A pesar de que ahora ya está en trámite lo mío con mi hija, igual empecé a sentir cierto temor”, precisa.
Gustavo (41) llegó a California en 1999 con una visa de 3 meses. Sin embargo, él ya había vivido en ese país cuando era niño e, inclusive, regresó en otras oportunidades.
Al vencerse el plazo de permanencia autorizado se convirtió en inmigrante ilegal, aunque contaba con el carnet de seguro social que le entregaron cuando vivía allí. Gracias a eso, y a la intervención de un conocido, pudo obtener la licencia de conducir que sólo se puede sacar siendo ciudadano o residente permanente.
“Con eso me pude defender muchos años para buscar trabajo, por si me paraba la policía, pero siempre con ese temor de que, si se daban cuenta de que no tenía mis papeles como residente, me iban a deportar. Viví con mucho miedo esos años y fue muy duro para mí”, cuenta.
Finalmente, pudo obtener la residencia permanente a través de una chica con la que se casó, a quien dice adorar porque "fue uno de los amores de mi vida".
Ahora vive “con mucha paz” porque puede ir a donde quiera. “Lo siento mucho por esa gente que no tiene los papeles porque con este presidente racista las cosas se están poniendo muy complicadas”, reflexiona en referencia a Trump.
Voces preocupadas
Durante los dos gobiernos de Barack Obama también existía temor en la comunidad de inmigrantes ilegales, pero la deportación era algo que les ocurría a quienes cometían algún delito o crimen.
En general, los consultados explican que en los últimos meses han aumentado las redadas de inmigración, por lo que es común ver cómo se llevan a las personas donde sea que la encuentren. “La gente querida nos pide tener cuidado o no andar por ciertos lugares”, reconoce G.
Respecto a los operativos, J dice que los hacen “al voleo”. De todas maneras, muchas personas que defienden a los inmigrantes les advierten que, a pesar de no tener estado legal, tienen derechos y pueden pagar una fianza en caso de ser arrestados por ‘la Migra’.
“La prensa intimida a la gente diciendo que van a usar al servicio militar para localizar a los indocumentados, pero hasta ahora son rumores”, precisa.
Diego es otro mendocino que vive en Florida desde hace muchos años y es comisario de abordo en Delta Air Lines. Antes de mudarse a EE.UU. vivió en España e Italia.
“Yo jamás sentí miedo, nunca en mi vida en ningún país, porque no inmigré por una necesidad económica, lo hice porque se me dio la gana; porque quería ver el mundo, nada más. Tenía todo lo que se podía pedir, fui gay toda mi vida, desde los 17 años que salí del closet y nunca más tuve un problema con eso”, detalla.
Inclusive, acepta que durante el año en que permaneció ilegalmente tampoco estuvo preocupado, pero que “hoy sí tengo miedo, y tengo 45 años y toda una vida hecha. Soy legal y soy ciudadano americano desde hace 10 años. Voto, tengo una propiedad y una vida hecha, bien y decente”.
Por su parte, G mantiene la esperanza de que la situación se revierta: “Espero que en verdad surja un milagro y que sea una estrategia que tiene Trump, que él quiera limpiar un poco y dar después una legalización o algo que nos pueda dejar vivir tranquilos. Ahora se vive con temor, cosa que antes no pasaba”.
La visión de Romina (27) no es tan optimista respecto al futuro. La joven llegó a Washington en mayo de 2016 con una visa de estudiante de un año y trabaja, además, en una oficina junto a otros arquitectos.
“Sé que Trump prometió cancelar las visas de intercambio porque la gente tomaba puestos de trabajo que un americano podía tener. Todavía no ha pasado y por eso estoy viendo la posibilidad de extenderla”, cuenta.
Aunque por el momento no ha visto afectada su situación personal, ha sido testigo de casos en los que las nuevas políticas han afectado la realidad de otras personas.
En el lugar donde trabaja comparten oficina con un grupo humanitario. Uno de los integrantes, estadounidense, debía viajar a Turquía y visitar otros países de la región, por lo que se vio obligado a “contratar un abogado de inmigraciones, hablar con las autoridades y presentar papeles” para no tener problemas para salir y volver a ingresar a su propio país.
Emilio llegó a Kansas el 10 de agosto de 2016, con una visa de estudiante a través de un intercambio entre la Universidad de Mendoza y la Kansas State University.
Para él, los habitantes de ese Estado son “muy conservadores” y “apoyaron a Trump no por estar a su favor, sino por estar en contra de Hillary Clinton”.
Asimismo, remarca que la realidad allí no se ha visto tan afectada, pero que "algunos compañeros de la facultad son mexicanos y me dijeron que quieren estar legales" por lo que van a tratar de sacar la "green card". Emilio no ha notado que los extranjeros estén con miedo, aunque sí considera que "tampoco se los ve muy contentos con la situación".
A pesar de que el Estado de Nueva York se ha mostrado partidario a mantener una política más flexible en relación a los inmigrantes indocumentados, J reconoce que la llegada al poder de Donald Trump “ha traído el racismo, a los grupos que odian a los hispanos y a los morenos que estaban en las sombras” y que “fomentados por el racismo del presidente han salido” a manifestarse abiertamente.
En este sentido, Diego observa lo mismo que J, manifestando que se siente preocupado por los derechos de la comunidad gay que tanto sacrificio les costó conseguir, al punto de haber considerado la posibilidad de irse de EE.UU.
Vista gorda
A lo largo de los años los diferentes presidentes que ha tenido ese país han realizado promesas de campaña relacionadas a la realidad de los inmigrantes. Algunos poniendo el acento en la persecución y otros en políticas para mejorar su situación.
En todos los casos, la comunidad indocumentada ha seguido trabajando, llevando a sus hijos a las escuelas y tributando. "Mientras pagues 'taxes' (impuestos federales) te dejan laburar. Es lo que ellos quieren, que pagues impuestos, en ese momento sos importante", indica J, agregando que el panorama cambia cuando la intención es conseguir un seguro médico o hacer trámites, momentos en los que "te ponen piedras en el camino y es difícil".
El caso de Gustavo también fue así en la etapa en que estuvo sin papeles. Desde entonces se ha desempeñado como preparador físico y dietólogo. Adquirió vehículos, pagó impuestos y alquiló propiedades para vivir, todo sin papeles.
Mientras tanto, la industria de los "coyotes" ha seguido creciendo. Se trata de grupos de personas organizadas que, a través del pago de una suma de dinero, cruzan a los inmigrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
Aunque la mayoría de quienes optan por esta alternativa son mexicanos, personas de todas partes del mundo también eligen ingresar por allí.
Otro tema que se repite desde hace décadas es el de los abusos laborales, porque muchas veces los empleadores se aprovechan de los indocumentados para explotarlos con largas jornadas de trabajo y remuneraciones bajas. Además, los trabajadores carecen de beneficios laborales y de salud. Por supuesto, nadie lo denuncia porque saben que serían deportados.
Primer revés judicial para el nuevo decreto antiinmigración
El nuevo decreto migratorio del presidente Donald Trump enfrentó su primer obstáculo judicial, después de que un juez federal suspendiera la aplicación de la medida para la esposa y la hija de un refugiado sirio en Estados Unidos.
En paralelo, varias organizaciones defensoras de los derechos cívicos y de los refugiados anunciaron que enviarán un recurso a la justicia contra el decreto, que será examinado el 15 de marzo, la víspera de su entrada en vigor.
El juez federal de Wisconsin William Conley impidió el viernes en un fallo preliminar que se prohíba la llegada de la esposa y la hija de este refugiado sirio, al considerar que corren “el riesgo de sufrir un daño irreparable” si se aplica el decreto de Trump, que niega la admisión de refugiados a Estados Unidos durante 120 días.
El demandante, un musulmán sunita que huyó de la guerra en Siria en 2014 para evitar una “muerte casi asegurada”, según los documentos enviados al tribunal, recibió el estatuto de refugiado en Estados Unidos, y luego presentó la demanda de asilo para su esposa e hija, quienes permanecen en Alepo.
Su solicitud estaba a punto de recibir luz verde cuando se vio obstaculizada por el decreto antiinmigratorio de Trump, que también prohíbe la entrega de visados durante 90 días a ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
Aunque la decisión del juez Conley se aplica únicamente a este sirio y a su familia -cuya identidad quisieron preservar-, tiene una fuerte carga simbólica, al ser la primera medida judicial contra esta nueva orden ejecutiva de Trump, una versión modificada del decreto implementado el 27 de enero y suspendido el 3 de febrero por un juez federal de Seattle.
"Daño irreparable"
El juzgado de Wisconsin estableció una audiencia para el 21 de marzo y, admitiendo posibles “diferencias importantes” entre las dos versiones del decreto, indicó que los argumentos que favorecen la suspensión podrían ser confrontados por “otros tribunales”.
Por otra parte, organizaciones como la poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y varios estados como Washington, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nueva York, Oregón y Hawái, emprendieron una batalla legal contra el decreto anunciando o introduciendo nuevos recursos en los tribunales federales.
Tanto este nuevo decreto como el anterior estuvieron "motivados por un sentimiento antimusulmán y discriminatorio basados explícitamente en los orígenes nacionales”, denuncian estas asociaciones.
AFP
