Tuve ocasión de leer, en un Diario de Buenos Aires, un adelanto de un libro de Natalia Volosin sobre el gran mal argentino: la corrupción. Su análisis me impactó por sus datos, su claridad y profundidad. Me pareció, entonces, de interés espigar algo de lo que la abogada da a conocer.
* Lo primero que aparece en el análisis es que estamos ante “un problema estructural y fundacional íntimamente vinculado a nuestra saga de desarrollo inverso”. No hubo un solo momento de nuestra historia en que la corrupción funcionara como un problema exclusivamente público o privado. El poder político y el económico aparecen como elementos inseparables del mismo fenómeno, por lo que es absurdo sostener los prejuicios que aún predominan en los debates que tenemos sobre el tema.
* El “sistema penal”, para preservarse, es bastante astuto en la lectura del escenario político, lo que por supuesto incluye garantizarse impunidad para su propia corrupción. Si quieren saber qué pasará en una elección, antes de revisar encuestas, fíjense qué hacen los jueces y fiscales con las causas de corrupción. La justicia penal puede ser igual de efectiva para proteger a los poderosos funcionarios de turno durante años y para imputarlos, indagarlos o procesarlos en cuanto pierden una elección o se reduce significativamente su nivel de aprobación en la sociedad. La tolerancia con los grandes jugadores del sector privado es aun mayor, básicamente porque el poder económico es permanente. Los gobiernos deben saber que, sin reformas que superen “el maquillaje y la remoción selectiva de los jueces y fiscales que resultan molestos para el poder”, esto seguirá ocurriendo.
* Las elecciones (los ciudadanos electores) no sirven para controlar la corrupción. Ya sea por los límites propios de estas acciones colectivas (¿cómo hacer que un voto cuente entre millones?), por frustración, hipocresía o simplemente porque se priorizan intereses y preferencias que se consideran incompatibles con la honestidad. No parece que los electores castiguen la corrupción. Además, la dirigencia política -que dice estar comprometida con el control de la corrupción- debe dejar de quejarse por la falta de castigo por parte del electorado y comenzar a trabajar seriamente en la larguísima lista de deudas que tiene con la sociedad desde hace décadas. Cuando adviertan la antigüedad de esa lista, tal vez dejen de sorprenderse por los frustrados electores que “votan corruptos”.
* Quienes lideran la agenda de lucha contra la corrupción en la política -la oposición, gobierne quien gobierne- también podrían ayudar a exhibir los costos ocultos que ésta acarrea -pérdida de fondos del tesoro, distorsiones económicas y graves violaciones de derechos humanos-, en especial porque los organismos de control solo se ocupan de la persecución penal. Se debe demostrar, en términos comprensibles, cómo se relacionan los costos ocultos de la corrupción con otras cuestiones públicas que el electorado prioriza, como el narcotráfico, la inseguridad, la economía o la calidad de la salud pública y la educación.
* Más allá del castigo electoral, el análisis histórico muestra que, al menos desde el período de Menem, el trabajo de “prevención y detección” que no hicieron organismos de control, fue hecho por la sociedad civil.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil y los Medios de Comunicación promovieron la sanción de una ley de acceso a la información, se unieron a un grupo de medios para publicar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, divulgaron análisis presupuestarios, supervisaron procesos de compras públicas e iniciaron acciones legales para transparentar el proceso de designación del Defensor del Pueblo, así como monitorean en forma permanente el financiamiento electoral. Gracias a ese trabajo tuvimos los primeros números sobre la impunidad de la corrupción en la Argentina.
* La historia de la corrupción argentina muestra que, más allá del hiperpresidencialismo, la estructura del sector privado contribuyó de manera directa, tanto a la inestabilidad política como al funcionamiento ininterrumpido de la maquinaria corrupturista. La corrupción fue central para que los grupos de interés corporativos (militares, sindicatos y poderosos agentes económicos) obtuvieran un acceso privilegiado a las rentas públicas. Los esfuerzos destinados a “debilitar el corporativismo” -defensa de la competencia, democratización sindical, transparencia y supervisión de los usos privados de fondos públicos, etcétera- son, por lo tanto, tan vitales como las restricciones al hiperpresidencialismo.
* Informes recientes de organismos oficiales revelan que hay muchos sectores de la economía “con empresas en posición dominante”: aluminio, acero, petroquímicos, comunicaciones móviles, petróleo, leche y transporte. Más allá de estas áreas, quienes tengan capacidad de decidir sobre las reformas deberían atender especialmente a “los servicios públicos privatizados”, que gozan de monopolios u oligopolios legales, y a “los proveedores y contratistas del Estado”, que se alimentan de un mercado altamente concentrado y vulnerable.
* El análisis histórico revela que, desde un punto de vista preventivo, son muchas las debilidades institucionales que explican nuestra corrupción estructural. Ninguna política anticorrupción tendrá éxito sin resolverlas. A treinta y seis años de la transición democrática y a veinticinco de la última reforma constitucional, la clase política todavía tiene muchas deudas cruciales con la sociedad argentina en materia de control de la corrupción.
Reformas urgentes son:
- La ley de Administración Financiera fue distorsionada con excepciones.
- Nunca se dictó la Ley de Coparticipación Impositiva Federal.
- La Oficina Anticorrupción “sigue sin tener autarquía funcional y presupuestaria, su titular todavía es nombrado y removido unilateralmente por el presidente y siempre se ha designado a políticos cercanos al partido de gobierno.
- La Comisión Nacional de Ética Pública nunca fue creada ni reemplazada por una entidad similar
- Desde 2009 que no se designa al Defensor del Pueblo de la Nación.
- No hay procedimientos de participación ciudadana obligatorios y que sean más que consultivos.
