La mesa de cuatro que conduce al oficialismo nacional abrió con cautela la puerta más cercana que tiene para dejar que las segundas y terceras líneas de su estructura política fisgoneen un rato la toma de decisiones.
No estuvo el presidente Macri, pero María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Marcos Peña, convocaron al Pro al predio porteño de Parque Norte para explicar la caída en las encuestas, activar su movilización interna y señalar a 2019 como el año de las reelecciones.
La Casa Rosada está convencida de que, pese a los indicadores volátiles del humor social, ha recuperado la iniciativa para la fijación de las prioridades públicas.
Anticipó la principal articulación que estaba construyendo la oposición en el Congreso cuando decidió abrir el debate de la despenalización del aborto y volvió a tomar ventaja con el impulso a la agenda de género antes de las manifestaciones del 8-M.
Los conductores de Cambiemos decidieron que no van a esperar a que las encuestas mejoren para trazar el horizonte de la reelección. Explicarán que merecen la reelección desplegando los argumentos con los que esperan repuntar en las encuestas.
En esa tarea, después de tocar los timbres, encontrarán la madre de los problemas que ninguna otra temática desplaza de la preocupación social: la corrosiva persistencia de la inflación.
La dirigencia convocada a Parque Norte repetirá el diagnóstico que le soplan los técnicos del gabinete económico. Casi como en un acto de fe.
El viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, cruzó los dedos y dijo que espera que el índice mensual de precios más alto del año sea el que ya azotó en febrero pasado.
De todos modos, aclaró que no se prevé una baja sustancial hasta el mes de mayo.
El clima social se impacienta con esa parsimonia. Las negociaciones paritarias están en desarrollo al mismo tiempo que el dólar se inquieta, carcomiendo el valor de la moneda.
Cada semana se reabren las expectativas por la política monetaria del Banco Central, al que también se le demandan intervenciones disciplinarias en el mercado de cambios y el cuidado de las reservas porque las perspectivas de endeudamiento han comenzado a cambiar en un mundo hostil.
La discusión de los salarios camina con altibajos. Tras los desasosiegos del verano, el ministro Jorge Triaca encontró al fin una oportunidad fotográfica, al lado de Armando Cavalieri. Los empleados de comercio cerraron su paritaria, la más amplia del país, dentro de los márgenes que recomendaba el Gobierno.
El caso de los docentes es más complejo. El gobierno acertó al desmembrar la paritaria de superestructura que agitaba la Ctera y los gobiernos de provincia avanzaron, a ritmo dispar, pero agradeciendo por lo bajo el desmontaje de esa distorsión ficticia. Aunque otra vez el inicio de clases no fue normal, la negociación se ancló sobre bases reales.
Hugo Moyano, con su movilización masiva, terminó haciéndole un favor al gobierno. El reclamo salarial no encontró unidad ni cauce en ese polo de oposición política, ni en su alegato en defensa propia. Peor aún: la CGT se fracturó de nuevo. Hasta Juan Carlos Schmid, un aliado histórico de Moyano, tomó distancia del clan del camionero.
Los empresarios observan con cuidado esos nuevos signos de los tiempos. Dos fricciones sucesivas con el gobierno encendieron las alertas. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, les recriminó a los industriales por las quejas que transmiten y el propio Macri lo respaldó en una reunión de gabinete.
Mañana la cúpula de la Unión Industrial estará en la Casa Rosada para coagular la discusión. No será sencillo. Los reclamos contra la apertura a las importaciones van de la mano con el pedido de un dólar alto.
Pero Macri también deberá adaptarse a tiempos distintos. Su llamado al presidente norteamericano Donald Trump por las barreras arancelarias al aluminio y el acero no es sino el capítulo local de un nuevo orden global caracterizado por la guerra comercial ya declarada entre Estados Unidos, Europa y China.
Trump está acelerando la designación de su nuevo embajador en la Argentina, que no será un especialista en la gestión de cercanías económicas. El juez Edward Prado pasó con éxito la primera audiencia de evaluación en el Capitolio y le dedicó atención a la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.
Esa inesperada referencia de Prado vino a sumarse al clima deliberativo que se abrió en los tribunales federales tras la apertura del año judicial. El encuentro de jueces convocado por la Corte Suprema tuvo momentos de tensión y las propuestas de reformas no serán de aplicación sencilla.
En la Procuración General esperan con atención el desenlace de la sucesión de Alejandra Gils Carbó. El oficialismo empuja la postulación de Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior porteño, y el peronismo propone al fiscal de cámara Raúl Plee.
Son demasiadas variables inciertas para un escenario en el que han comenzado a encaminarse hacia el momento de las definiciones procesos de alto impacto político.
Cristina Fernández tiene enfrente el juicio por el encubrimiento de los responsables del atentado a la Amia. En el que ya enfrentó un sinsabor reciente: Aníbal Ibarra, el desertor.
Peor es la tormenta que se cierne sobre la expresidenta en el juicio unificado por corrupción en la gestión pública. Las decisiones judiciales están cerrando un círculo: las adjudicaciones direccionadas de obra pública, el pago de retornos en las inversiones familiares de los Kirchner y el lavado de los activos generados de manera ilícita.
También la oposición tendrá que hacer de sus explicaciones un acto de fe. En los términos que le soplen sus abogados.
