Economistas privados mendocinos y funcionarios locales conocen un número que les preocupa y los obliga a agudizar el ingenio para evitar un problema que dejó marcada a la sociedad argentina durante mediados de los 90 y principios del siglo XXI con la crisis económica y política del 2001: la desocupación.
Es que ya nadie duda de que la economía se encamina a una recesión. Lo que pocos se animan a vaticinar con precisión es su salida, debido a que se vienen meses de ajuste de gastos en el Estado y los precios de los servicios seguirán aumentando.
El gobierno nacional, siempre con el optimismo “pop” que lo caracteriza, entiende que durante el último trimestre de 2018 la economía estará mostrando “brotes verdes”.
Otros consultores afirman que recién durante el primer trimestre de 2019 comenzarán a verse números positivos, mientras que algunos empresarios importantes vinculados al sector financiero afirman que recién en el tercer trimestre del año próximo, en plenas elecciones, la economía se reactivará.
Este es el contexto en el que, para que la desocupación no se dispare, gobierno y empresarios deberán generar las condiciones para que la economía mendocina cree unos 7 mil empleos en el año.
Es que ésa es la cantidad estimada promedio de personas que se suman todos los años a la Población Económicamente Activa (PEA) de Mendoza por el crecimiento vegetativo de la población.
Es decir, hacen falta 7 mil empleos, suponiendo que no se destruyó ningún puesto de trabajo. De ese número, economistas que estudian de cerca el empleo local saben que unos 1.500 puestos de trabajo los deberá aportar el Estado, pero, como sabemos, la tijera del ajuste está muy afilada.
A la tijera, tanto en el ámbito privado como público, hay que sumarle el incansable avance tecnológico, que reemplaza mano de obra cada vez en más rubros.
Además, desde hace tiempo los economistas saben que la relación entre el crecimiento de la economía y la creación de empleo es menor.
Es decir, que menos puestos de trabajo se generan por cada punto del PBI.
Habrá que ver si la estrategia delineada desde el gobierno nacional y local, de apuntalar a las pymes y la obra pública, sirve para atravesar un tornado que nadie sabe cuándo terminará y qué daños dejará.
Aquí hay un punto más preocupante todavía, y es que la corporación política no define con precisión cuál será la deuda interna que dejará el ajuste.
Sabemos que habrá más pobreza y lo que eso genera: más gente dedicada al narcotráfico porque le deja más ganancias que un plan social o un empleo, más delincuencia y conflictividad social.
Para los sectores más humildes planifican más asistencia en comedores comunitarios y dinero extra en planes sociales. Para los sectores medios que viven de un salario no hay auxilio alguno anunciado, mientras que varios empresarios estarán cubiertos con el dólar alto si no se come la inflación el beneficio que les genera a los exportadores la devaluación.
Pero qué pasará con las necesarias inversiones en infraestructura, desde conexiones a internet hasta caminos, puentes y extensión del servicio de luz y gas para que vengan inversiones, ya que Argentina será un país con bajos salarios, entre otras “ventajas”.
Qué pasará con la educación, la mejora de la calidad educativa, la creación de más escuelas, la incorporación de profesores y maestros, el seguimiento de los chicos para que aprendan y no dejen la escuela.
Seguramente volverán a los establecimientos públicos varios alumnos porque sus padres no podrán seguir pagando un colegio privado, y algo similar sucederá con la salud.
Al quedarse sin empleo o no poder pagar una prepaga, los hospitales y médicos públicos serán los que atenderán a los que expulsen del sistema.
Temas varios, como otros tantos, que no se discuten. Por ahora sólo se discute el ajuste, algunos parches para paliar la crisis, pero nada de fondo.
