Con once imputados sentados a un costado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, hoy a las 8.30 comenzará el juicio que reveló la trama del prostíbulo "Pyme Vip" y que jurídicamente tiene la imputación para algunos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, mientras que otros serán juzgados por cohecho y un médico está acusado por aborto reiterado en dos oportunidades.
El debate se realizará sólo los días jueves y tiene previsto escuchar a más de un centenar de testigos, entre los que se encuentran víctimas de trata, funcionarios de las fuerzas de Seguridad y de la Oficina de Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
Uno por uno
Los imputados son once y encabeza el listado Sebastián Marcelo Sole Recabarren (34), licenciado en sistema y comerciante, actualmente alojado en el penal Almafuerte y que está acusado de ser el responsable del prostíbulo y quien captaba mujeres en condición de vulnerabilidad económica y social, con la promesa de trabajos que nunca existirían.
También estará Paola Carolina González Lagos (45, chilena), detenida en la cárcel de mujeres de El Borbollón, cumplía tareas de limpieza en Pyme Vip, de calle 25 de Mayo 1114 de Ciudad;
Cristian Alfredo Prado Mendoza (41), electricista y que realizaba tareas de mantenimiento en el local y está detenido en el penal Almafuerte, al igual que Raúl Cuquejo Kovaznay (63) y empleado de la Municipalidad de la Capital, siguen en la lista.
El médico Osvaldo Ramón Antonio Pastorino Garay (58), que fuera excarcelado en setiembre de 2013. También se encuentra acusado Gustavo Marcelo Torres Aguilar (36) con tareas de mantenimiento y con arresto domiciliario.
El juicio también tiene como procesados sin prisión preventiva a Angel Marcelo Arias Ibáñez (34) y Alfredo Bravo Cortez (43), ambos integrantes de la Policía Federal. Y los empleados de seguridad: Sergio Daniel Daniel Carbelli (39); Saúl Aristón Segura Godoy (25) y Emiliano Jesús Augusto Salinas (34).
El principio
La investigación comenzó con un mail al correo que recibió el fiscal federal de Mendoza, Fernando Alcaraz, enviado por la Ufase (Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas), donde se acompañaba una denuncia hecha al director del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia de la Nación, donde se mencionaba que un llamado anónimo hecho por una mujer hacía referencia al hecho de haberse escapado de un prostíbulo e identificó el domicilio de calle 25 de Mayo 1114 en la ciudad de Mendoza, que "se llamaba Pyme Vip y que el dueño se llamaba Sebastián Solé". También se aseguraba que "había tres chicas en situación de explotación, identificándolas como Camila, Barbi y Nikita".
Y después de intervenir teléfonos y un vigilancia del lugar, el 1 de mayo de 2013 (mañana se cumplirán dos años) el inmueble fue allanado y en la planta baja "se encontró con un bar, sillones y espacios acondicionados y referidos a un prostíbulo o cabarets", mientras que en el primer piso "había habitaciones con camas matrimoniales y acondicionadas para tener sexo".
Durante el procedimiento se encontraban en el inmueble 13 chicas "trabajadoras sexuales", todas mayores de edad, y unas 15 libretas sanitarias de otras tantas". También se encontraron cajas de preservativos y anotaciones referidas a "pases", donde se les abonaba a las "presuntas víctimas" el 50% de los valores fijados y que iban desde los 150 a 500 pesos (en el local) y a partir de los 800 en caso que el "servicio" se concretara fuera del local.
El Tribunal estará presidido por Alejando Waldo Piña e integrado por Daniel Antonio Petrone (del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires) y Oscar Alberto Hergott (Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 5 de Capital Federal).
La parte acusatoria estará en manos de la fiscal general subrogante Patricia Santoni, mientras son varios los abogados, entre ellos Maximiliano Legrand, Martín Ríos y Roberto Lavado, y patrocinantes oficiales que representarán a los acusados.
