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hace 7 horas
El juicio por los crímenes cometidos en el marco del
Plan Cóndor
, de coordinación represiva de los regímenes
militares sudamericanos
en los años 70 y 80, comenzó ayer en los tribunales de Buenos Aires, donde comparece el dictador Jorge Videla como principal acusado.
Además de Videla, en el banquillo también está el último gobernante del régimen militar argentino (1976-83), Reynaldo Bignone, junto a otros 23 exoficiales de las fuerzas armadas y de seguridad.
Otro de los acusados es el exgeneral Luciano Menéndez, quien acumula siete condenas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1976-83).
Los regímenes castrenses sudamericanos de entonces se unieron para intercambiar información, coordinar operativos de traslado de prisioneros y desaparición de opositores en sus respectivos territorios.
Todos están procesados por haber integrado una asociación ilícita dedicada al exterminio de los opositores políticos e integrada por jerarcas militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
"Estoy convencido de la existencia del Plan Cóndor y lo demuestran sobre todo las acciones de los propios implicados que demuestran que existió una asociación ilícita para trasladar personas de un país a otro", dijo a la AFP el fiscal del caso, Miguel Angel Osorio.
La organización humanitaria
Amnistía Internacional
(AI) sostuvo este martes en Buenos Aires que "el juicio es un hecho histórico en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por los gobiernos militares y autoritarios de los años 70 y 80".
"Aunque algunas personas han sido juzgadas en otros países, como Uruguay, por hechos concretos que se enmarcaban en el contexto de la Operación Cóndor, es la primera vez que dicho plan va a ser examinado de manera completa por la justicia", dijo Guadalupe Marengo, directora para América de AI.
El ex coronel uruguayo Manuel Cordero es el único extranjero que comparece ante el tribunal argentino, acusado en 11 casos, entre ellos la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
Vestido de traje azul y corbata bordó, Videla, de 87 años, escuchaba sin inmutarse las acusaciones de la fiscalía al comienzo del juicio, el cuarto que enfrenta por violaciones a los derechos humanos en la dictadura argentina, que dejó unos 30.000 desaparecidos, según entidades humanitarias.
El jefe del golpe de Estado de 1976 carga con dos penas de reclusión perpetua y otra a 50 años por crímenes de lesa humanidad y robo de bebés entre 1976 y 1981.
Videla y el resto de los acusados estaban separados de los familiares de las víctimas por un vidrio blindado, mientras que en el primer piso de la sala de los tribunales de Buenos Aires se ubicaron los allegados a los imputados, alrededor de 15.
Está previsto que la causa dure unos dos años como mínimo por el volumen y la complejidad de la documentación que se adjuntó como prueba y que declaren alrededor de 500 testigos, adelantó el Centro de Información Judicial.
La causa se nutrió de documentos de la CIA desclasificados en Washington, que probarían el apoyo de Estados Unidos al Plan, según abogados de la querella.
En 1992 fueron hallados en una estación policial de Paraguay los llamados Archivos del Terror, que constan de cinco toneladas de documentos pertenecientes a la policía política, que revelaron las vinculaciones estrechas entre las fuerzas armadas y de seguridad de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay.
Uno de ellos, es una carta de agradecimiento del jefe de la DINA (policía secreta) chilena a su colega paraguayo Pastor Coronel por la entrega del dirigente del MIR chileno Jorge Fuentes Alarcón, transportado a Chile por el coronel John Zeballos, recordó a la AFP el humanista Martín Almada, experto en los archivos.
En Buenos Aires, la mayoría de los secuestrados extranjeros eran llevados a un centro clandestino de detención llamado Automotores Orletti, ubicado en el oeste de la capital.
También serán ventilados en el juicio dos casos emblemáticos de la coordinación represiva sudamericana: el del excanciller chileno Orlando Letelier asesinado en Washington en 1976 y el del general chileno Carlos Prats, quien perdió la vida en un atentado en Buenos Aires en 1974.
Letelier fue ministro de Salvador Allende y Prats un militar leal al mandatario socialista, derrocado en 1973 por Augusto Pinochet.
"Hay un cable del FBI (que consta en la causa), luego del atentado a Letelier en Washington, donde se confirma la existencia del Plan y explica que el objetivo es perseguir opositores y contribuir con los distintos gobiernos de la región en inteligencia y logística en cualquier territorio", añadió el fiscal Osorio.
Otros 15 imputados en la causa del Plan Cóndor fallecieron antes del comienzo del juicio.
