El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza comenzó a juzgar hoy a 26 represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Rafael en perjuicio de 72 víctimas, de las cuales 14 permanecen desaparecidas.
“Será el juicio más grande de la jurisdicción de la zona sur mendocina y abarcará a la mayoría de los responsables, tanto de la Policía como del Ejército, en sus roles dentro del aparato terrorista" en esa región de la provincia, declaró el fiscal Pablo Garciarena.
El Tribunal juzgará a los acusados por los delitos de privación ilegal de libertad, tormentos, homicidio, violación, robo y asociación ilícita, entre otros, en un debate en el que declararán unos 150 testigos.
Los crímenes por los que están imputados 10 militares y 16 policías fueron cometidos en su mayoría durante la última dictadura, aunque 14 de las víctimas fueron secuestradas antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
La acusación de los fiscales Dante Vega y Garciarena apunta a la articulación militar-policial que operó como una asociación ilícita represiva en el marco del terrorismo de estado. Tres de los policías acusados integraban el Departamento de Informaciones (D-2) y cuatro de los militares formaban parte de la Sección de Inteligencia 144 del Ejército en San Rafael.
El debate se desarrollará en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael y tras esta primera audiencia, cuyo eje fue la lectura resumida de la elevación a juicio, "el debate oral comenzará formalmente el 10 de febrero, luego de la feria judicial", indicó el fiscal.
Los casos de las 72 víctimas fueron investigados en 45 causas luego unificadas y comprenden a estudiantes, obreros, profesionales, militantes sindicales, peronistas, comunistas e incluso niños.
Entre los acusados se encuentran el ex intendente de facto de San Rafael, el militar Luis Alberto Stuhldreher, que tuvo pedido de captura internacional, y el comisario Hugo Ramón Trentini, quien fue condenado por el asesinato del joven Sebastián Bordón, cometido en 1997.
Declararán más de 150 testigos a lo largo del proceso que podría extenderse unos seis meses, según estimaciones, y las audiencias serán los martes y miércoles.
Entre los numerosos centros clandestinos de detención de existencia probada se cuentan la Municipalidad de San Rafael a cargo de Stuhldreher, la Unidad Regional II de la Policía, la Brigada de Investigaciones de Zona Sud, el D-2 de la ciudad de Mendoza, la Penitenciaría, otras unidades policiales, varios regimientos del Ejército y hasta sedes judiciales, de Gendarmería, bomberos y las bodegas Garbín y Pico de Oro, precisó la acusación.
Este es el quinto juicio por delitos de lesa humanidad que se sustancia en el territorio provincial y el Tribunal a cargo está conformado por los jueces Fátima Ruiz López, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente; Héctor Cortez, de Mendoza, y Antonio Petrone, integrante del Tribunal Oral Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Están imputados Edgar Martín Ferreyra, Stuhldreher, Cecilio Oscar Martínez, Tomás Luis Rojas, Luis Juan Edgardo Graín, Daniel Navarro Frías, Daniel Ernesto Huajardo, Orlando Gerardo Gutierrez, Luis Ricardo Riso, Oscar Raúl Pérez, Ciro Isidro Maza, Norberto Ernesto Mercado, Rafael Francisco Bitti y Trentini. También están acusados Juan Armando Giovarruscio, Miguel Ángel Báez, Carlos Alberto Ochoa, Raúl Alejandro Oguín, Emilio Eduardo Castro, Argentino Eduardo Villafañe, Miguel Ángel Megetto, Aníbal Alberto Guevara, Raúl Alberto Ruíz Soppe, Pierino David Massaccesi, Osvaldo Alfredo Domínguez y Juan Roberto Labarta.
En la primera jornada estuvieron presentes Juan Manuel González, subsecretario provincial de Derechos Humanos; los diputados nacionales Anabel Fernández Sagasti, Guillermo Carmona y Horacio Pietragalla; Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, y referentes de organismos de derechos humanos.