Lo llamativo, por el momento, es que ninguna de las voces que se han hecho presentes ha intentado vincular, el libra gate con los problemas estructurales que atraviesan a la sociedad argentina, básicamente la relación de hechos como este, que son sin duda uno entre tantos menos visibles, con el proceso de destrucción de las capacidades estatales por las que viene transitando nuestro país desde hace más cincuenta años.
Por unas horas los argentinos estuvimos sometidos a una sobredosis de información disparada por la intervención del presidente, a través de la red X, ponderando/recomendando/promocionando invertir en la moneda digital $LIBRA, lo que, según sus palabras, serviría para apoyar el desarrollo de las Pymes del país. Las marchas, contramarchas, debates y explicaciones posteriores a esa publicación son ampliamente conocidos, por lo que no es necesario reiterarlos.
A partir de ahí se desató la tormenta que dio lugar, por una parte, a la aparición de expertos, y otros que no parecen serlo, tratando de hacernos entender de qué se trata ese universo, hasta horas antes desconocido por la casi totalidad de los argentinos. Por otro lado, desde los espacios políticos, los actores de siempre, tratando de usarlo, a través de distintos medios, para encontrar algún rumbo, frente a la aparición del “cisne negro”.
Desde la oposición tratando de encontrar alguna tabla que le permita salir del desconcierto en que se encuentra sumida desde hace un año, buscando sacar la mayor ventaja posible para intentar el “resurgimiento”, lo que se conoce en esas jergas como “carancheo”. Por el lado del Gobierno y sus aliados haciendo malabares para sortear la embarazosa encrucijada, buscando minimizar lo más posible los daños directos y los colaterales.
Lo llamativo, por el momento, es que ninguna de las voces que se han hecho presentes ha intentado vincular, este tema con los problemas estructurales que atraviesan a la sociedad argentina, básicamente la relación de hechos como este, que son sin duda uno entre tantos menos visibles, con el proceso de destrucción de las capacidades estatales por las que viene transitando nuestro país desde hace más cincuenta años.
En efecto, deberíamos preguntarnos cómo, porqué y bajo qué circunstancias quién desde la máxima jerarquía, representando al Estado argentino, usando uno de los instrumentos de comunicación más importante de nuestro tiempo, pone en conocimiento del mundo la información sobre el instrumento de inversión $LIBRA, argumentando un supuesto interés nacional, sin antes haber pasado por el análisis de las instancias organizacionales, técnicas y legales competentes, que permitirían respaldar y dar fundamento a decisiones de tamaña envergadura, sobre la que posteriormente reconocería no estar bien informado.
Pero en nuestro país es de esperar que las cosas no suceden así. Esto no es de ahora, sobran ejemplos semejantes en nuestra historia reciente de decisiones absurdas amparadas bajo diversos discursos -del “Estado presente”, pasando por los del “fortalecimiento del Estado”, o por los de la “motosierra” y la “destrucción del Estado”- que terminaron con resultados catastróficos para el Estado y la sociedad toda.
En el caso del “criptogate”, bajo las consignas anarco capitalistas imperantes, suceden hechos, por lo que se sabe hasta ahora, en los que intervienen un conjunto de actores “privados”, pero con acceso libre a lo más alto del poder, con dudosas trayectorias y reputación, mientras que no se conoce la intervención de ninguna instancia organizacional del Estado, con competencias y conocimientos sobre la cuestión.
En todas las visiones y discursos, esquematizados como las que propugnan el “Estado Presente” y las que propician la “destrucción del Estado desde adentro”, anidan apreciaciones superficiales sobre la situación en que se encuentra el Estado Argentino. Ambas suponen que tiene capacidades organizacionales, técnicas y de gestión, para los primeros solo hay que “militarlo” y ponerlo a ejecutar las políticas en función de los “intereses nacionales y populares”, mientras que, para la otra tribuna, suponiendo también que existen esas capacidades, hay que “achicarlo” o directamente “destruirlo” desde adentro para liberar las fuerzas productivas de la sociedad.
La realidad es que independientemente del tamaño, el estado argentino, desde hace por lo menos cinco décadas, viene siendo destruido en su función de ser expresión de intereses generales o agregados de la sociedad y en sus capacidades para gestionar los problemas complejos que requieren del análisis, formulación e implementación de las políticas públicas pertinentes.
Ese proceso de deterioro obedece y se puede intentar explicar desde diversos enfoques, orígenes y determinaciones. Entre los que destacan, desde lo organizacional, el progresivo uso del aparato estatal como “botin” político. Hecho no sólo atribuible a las dirigencias políticas que se sucedieron desde 1983, pues los sucesivos asaltos militares/civiles anteriores hicieron lo suyo con las mismas prácticas. Dando lugar a la superposición de “capas geológicas” del funcionariado, que sobreviven entrelazados con grupos económicos, de intereses sectoriales, regionales, sindicales, confesionales o de cualquier otro tipo, que han llevado a que el aparato estatal sea un conjunto de islas “colonizadas” o “cooptadas” por esa trama de actores públicos y privados, que cada vez lo hacen menos apto para expresar los intereses generales o agregados de la sociedad.
En ese cuadro de situación quienes accedieron a la conducción del Estado en las últimas décadas se les plantearon como opciones la de subordinarse a esa trama de intereses corporativos que controla las organizaciones, intentar reconstruir los aparatos estatales deteriorados o buscar operar con grupos “paraestatales”, dejando de lado las organizaciones competentes existentes.
Esos tres caminos se han intentado desde 1973 en adelante. En el caso de los gobiernos cívico/militares y de los gobiernos de origen Justicialista negociando y apoyándose en las corporaciones sindicales, empresariales, etc. más afines a sus proyectos e intereses. En el caso de los gobiernos dictatoriales buscando además articular las corporaciones controlantes de las organizaciones públicas con las estructuras militares y civiles acompañantes, operando como una corporación más.
Tanto en el gobierno radical de 1983/89 como en el del PRO entre 2015/19 se insinuaron intentos, o por lo menos así lo explicitaron los discursos, que propendían a la reconstrucción del aparato estatal. En el caso del Radicalismo poniendo el acento en el fortalecimiento de una burocracia estatal calificada, mediante la implementación de instrumentos sofisticados de formación, selección, promoción etc. Ejemplo de ello fue la Formación del Cuerpo de Administradores Gubernamentales. En tanto que el PRO intentó desarrollar un proceso de modernización de la Administración Pública poniendo fuertemente el acento en los aspectos tecnológicos y la formación de recursos humanos, aptos para la gestión de las nuevas herramientas de gestión que acompañan a esas tecnologías.
Los gobiernos justicialistas transitaron sus distintos periodos con matices diferentes, bajo una misma matriz de cooperación y entendimiento con las corporaciones instaladas en el Estado, poniendo el acento en el fortalecimiento de las regulaciones de las relaciones laborales en el Estado, con el Sistema Nacional de Profesión Administrativa (SINAPA) y posteriormente con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). No obstante, es de destacar que en el periodo 1989/99, las áreas controladas o cercanas a Ministerio de Economía combinaron esas tendencias con la incorporación de personas y grupos con alta calificación en los temas en que intervenían, apoyados en la mayoría de los casos con proyectos de cooperación o financiados por organismos internacionales. Esto último con el objetivo explícito de introducir y dejar instaladas prácticas de gestión más cercanas a las de las organizaciones privadas, conocidas como “new public management”, propósito que raramente se cumplió. Los gobiernos que se sucedieron a partir de la crisis del 2001/02 bajo la lógica del “Estado presente” intentaron con distintos instrumentos revertir los cambios introducidos en los 90’, recurriendo a los instrumentos tradicionales de expansión de la presencia estatal, con fuertes improntas clientelares.
La gestión del Presidente Milei, bajo las consignas de la “motosierra” y de la “destrucción del Estado desde adentro”, más allá de intentar corregir las irracionalidades introducidas por los gobiernos del último peronismo, ha tendido, con su desprecio por las organizaciones públicas y por el desconocimiento de la mayoría de sus Funcionarios de las lógicas y herramientas de la gestión pública, a no preocuparse por la mejora de las organizaciones y sus capacidades para gestionar, sustituyendo los saberes y experiencias que sobreviven aún en el Estado, por grupos “sobre ideologizados”, sin ninguna trayectoria ni “expertise” en el manejo de las organizaciones estatales.
La gravedad de los hechos sucedidos y sus consecuencias, aún desconocidas porque el proceso está en curso, deberían convocar a nuestras dirigencias, a reflexionar sobre la situación en que se encuentra el sector público en todos sus niveles y que el “cripto gate” vino a sacar a la luz, proponiendo caminos para la recuperación de las capacidades estatales, dejando de lado la tentación de sacar ventajas inmediatas de la crisis.
Más allá de los aciertos gubernamentales en su política fiscal y en sus esfuerzos por corregir los desbordes y atropellos operados en el Estado bajo la última gestiones del Justicialismo, interpretando con su discurso y acciones el malestar de gran parte de la sociedad con todo lo que esté vinculado con lo público, debería ser un compromiso de toda nuestra dirigencia, aprovechando el cimbronazo producido, poner el tema de la gestión pública, de la necesidad de elevar sus capacidades para producir los bienes, servicios, regulación y acciones de promoción que inexorablemente deben estar a cargo del Estado en esta etapa del desarrollo de nuestra sociedad.
Esto implicaría poner en agenda, superando los discursos efectistas, un debate serio sobre qué funciones y actividades deben estar a cargo exclusivamente del Estado, cuales se pueden compartir con diversas formas de participación de los privados o sus organizaciones y cuales deben salir definitivamente de la órbita estatal, dejándolas en los espacios del mercado, simplificando y desregulando en todo lo que sea posible todas las iniciativas y acciones de los actores privados.
Para avanzar en esta dirección se requerirá abandonar la tentación de los discursos de barricada, sobre la “destrucción del Estado desde adentro”, que cabalgan sobre el “enojo” de la sociedad con la política y las organizaciones públicas, exponiendo de cara a esa sociedad todos los nichos, feudos, guaridas etc. que fundamentan y han dado lugar ese enojo, para poder dar pelea con los actores y corporaciones que se cobijan en ellos. Pero, en simultaneo y no de menor importancia, intentar recuperar la imagen ante la población de las organizaciones públicas imprescindibles para toda sociedad capitalista moderna, que inexorablemente deberían ser saneadas y fortalecidas, en sus estructuras, tecnologías, personal, culturas, etc., para que puedan desarrollar de manera eficaz y eficiente las acciones indelegables del Estado.
Esto implicará, a su vez, generar políticas explicitas para la recuperación de la imagen del Estado y sus organizaciones ante la sociedad, “amigándola” con sus organizaciones, empleados y funcionarios. En paralelo, como producto complementario de esas políticas y acciones ello permitiría la elevación de la “autoestima” y compromiso de esos funcionarios y empleados. Permitiéndoles que sean considerados por la sociedad como servidores públicos, rol que nunca debían haber dejado de tener.
Hay que reconocer que, por ahora, las reacciones de la mayoría de la dirigencia política, sindical, empresarial, social y de los generadores de opinión no está ocupándose de los problemas y las carencias mostradas por el Estado para sustentar racionalmente la toma decisiones y gestionar temas complejos. Por el contrario, lamentablemente continúan aferrados, poniendo todas las energías, en los aspectos superficiales de la decisión presidencial, en los actores intervinientes y en las eventuales implicancias legales, tratando de sacar desde ahí alguna “ventaja” inmediata.
* El autor es abogado-master en Administración Pública. Docente e Investigador. Ex consultor en Proyectos BID-BIRF. Fue funcionario nacional, de la Provincia de San Juan y del Banco Nación.