Dilan Cruz salió a buscar el futuro, y en su lugar encontró a Colombia. El estudiante de 18 años protestaba en el centro de Bogotá el 23 de noviembre, cuando lo golpeó en la cabeza un objeto disparado por un miembro del escuadrón antidisturbios de la policía.
Durante el paro nacional realizado desde dos días antes contra el gobierno de Iván Duque, Dilan demandaba acceso a la educación superior junto a miles de jóvenes y el Estado lo mandó a cuidados intensivos hasta este lunes, cuando murió en medio de la indignación ciudadana. El mismo día se graduaba de bachiller.
El debate público en Colombia estuvo secuestrado por un conflicto armado que se prolongó más de cincuenta años, y la discusión política rara vez superó la urgencia de la subversión guerrillera. Pero ahora, en gran medida gracias al acuerdo de paz que desarmó a las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el país puede por fin debatir temas relevantes para cualquier democracia: el acceso a la salud, el empleo, la educación y la seguridad. Pero el caso de Dilan Cruz revela la poca disposición del gobierno para que eso suceda. Su muerte resume la relación injusta que este país ha perpetuado durante décadas: un Estado débil que responde con violencia a las demandas de sus ciudadanos inconformes.
La noche del jueves 21 de noviembre, con ruido de cacerolas, cerró el paro nacional que había sido convocado por centrales obreras, secundado por movimientos estudiantiles, partidos de oposición y ciudadanos comunes. El golpe metálico se repitió en varias ciudades y continuó los días siguientes, como una forma de reclamo inédita en este país poco dado a la protesta. El descontento de los colombianos se ha sumado al de otros países en la región -como Chile, Ecuador, Bolivia-, y cuestiona al gobierno de Iván Duque, un presidente impopular que lleva solo quince meses en el cargo.
Este paro nacional es el más grande de la última década en Colombia. Una manifestación similar ocurrió en febrero de 2008, convocada para repudiar a las Farc. En diez años el país pasó de condenar los secuestros y la extorsión de ese grupo a admitir su participación pacífica en las movilizaciones. La semana pasada en Medellín, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, líder de la guerrilla desmovilizada, marchó como un civil más para apoyar los reclamos de la ciudadanía.
Aunque esta ha sido una nación reacia a las movilizaciones, sobran razones para protestar. Colombia está entre los países más desiguales de esta región desigual. La escasez de oportunidades condena a millones de colombianos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hacen falta once generaciones para que un niño nacido en la pobreza alcance el ingreso medio. Esta falta de oportunidades impulsó la violencia, alimentó la guerra, causó grandes desplazamientos internos y estimuló la migración.
Los colombianos del pasado tenían dos opciones: sobrevivir en su país maltrecho o huir en masa. Pero ahora que se ha superado la etapa más sangrienta y precaria de la Colombia moderna, los ciudadanos de hoy no están dispuestos a vivir atrapados en ese dilema injusto y anacrónico. Los jóvenes, sobre todo, saben que pueden reclamar, y han salido a las calles para exigir una agenda social que, en buena medida, ha faltado de forma recurrente en los gobiernos del país, enfocados en la guerra y no en fortalecer el Estado de bienestar.
En el presupuesto nacional aprobado para 2020, el gasto en defensa, con la guerrilla más grande ahora desarmada, supera el dedicado a la salud.
El paro nacional fue convocado antes de que estallaran las protestas chilenas, pero el descontento de los países vecinos puede haberlo estimulado. Las quejas originales que lo motivaron iban contra la gestión económica del gobierno: desempleo de 10,2%, una reforma tributaria que podría sumar nuevos impuestos y una propuesta laboral que sugiere un 75% del salario mínimo para los jóvenes. A ellas se sumaron otros reclamos: incumplimiento del acuerdo de paz que firmó el antecesor de Duque en 2016, impunidad tras los asesinatos de líderes sociales (hasta ahora, 627) e indígenas (157), y ejecuciones extrajudiciales contra 160 excombatientes de las Farc.
En este año ya se veían señales de transformación y descontento. Las elecciones regionales de octubre cambiaron el panorama del poder en Colombia. Centro Democrático, el partido de centroderecha en el gobierno, fue el gran perdedor electoral y surgió un nuevo tablero político que revela un viraje al centro; con los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, cada vez más debilitados. La abstención bajó y surgieron nuevos liderazgos que asoman un nuevo mapa político.
Justamente esto necesita el escenario de crisis actual: moderación. El Estado colombiano, tan dado al uso del garrote, debe abandonar la agenda de la fuerza y tender la mano a una ciudadanía inconforme y activada. La paz, aún en construcción, plantea a los colombianos un país inédito, que por fin puede mirar de frente los desafíos de una sociedad cuya vida política va más allá del conflicto armado.
La exigencia de los miles de ciudadanos que marchan en las calles de toda Colombia implica la plena defensa de la constitución aprobada en 1991. Es un documento donde confluyeron sectores diversos de la vida política del país, incluida la antigua guerrilla del M-19, desmovilizada e integrada a la democracia. En ese espíritu de debate civilizado, incluyente y sin balas, figuran las claves de la nueva sociedad colombiana.
El gobierno de Iván Duque, quien sostuvo una primera reunión con el Comité del Paro el 26 de noviembre, debe aprovechar la ayuda internacional que varios países están aportando para que la paz se concrete. Pero, sobre todo, el gobierno y sus prioridades deben cambiar, porque cambió el país: asegurar la paz, en principio, y también empezar a forjar los cimientos de una Colombia menos desigual.
El acuerdo social que las balas nos han impedido construir durante casi treinta años, se asoma ahora como una posibilidad más allá del papel. El desafío está en procurar ese pacto sin repetir los errores del pasado. La rebeldía contra la administración de Iván Duque no busca su renuncia; simplemente exige un cambio de rumbo urgente. Uno que defienda la vida y garantice el derecho al futuro. Lo que buscaba Dilan Cruz cuando el poder le respondió con un disparo.
