El gobierno de Colombia logró recuperar 227.000 hectáreas de tierra, que estaban en manos de estructuras disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ex combatientes de esa guerrilla.
Esta vuelta al dominio estatal de grandes propiedades, que eran, entre otros destinos, utilizadas para hacer minería ilegal, no perjudica el acuerdo de paz firmado el año pasado entre la presidencia de Juan Manuel Santos y las máximas autoridades de las FARC.
El operativo de recuperación de grandes extensiones se logró merced a un trabajo conjunto entre la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía, el Ejército, la Armada Nacional, la Policía y la Superintendencia de Notariado y Registro.
Se trata de uno de los operativos más grandes, pues las tierras embargadas en conjunto equivalen a dos veces la extensión de la ciudad de Medellín.
Según el fiscal interviniente, Néstor Humberto Martínez, este proceso de extinción de dominio e intervención de bienes por 282.000 millones de pesos colombianos, ocurrió en los departamentos de Guainía, Bolívar, Meta y Arauca y sur de Bolívar.
La investigación determinó que estas propiedades se obtuvieron gracias al narcotráfico y minería ilegal, especialmente, en la explotación ilícita de tungsteno y coltán.
El fiscal precisó que los bienes estaban en manos del Bloque Oriental, especialmente en los frentes que están en disidencia -Primero, Séptimo, Décimo, Cuarenta y Cuatro, y el frente Acacio Medina-.
