El atentado ocurrido en la mañana del jueves 17 de enero en Bogotá conmocionó no sólo a la sociedad colombiana sino también a observadores internacionales, que veían con algo de esperanza aún las frágiles conversaciones de paz que formalmente se mantenían vigentes en La Habana, Cuba, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Digo 'formalmente', ya que el presidente Iván Duque se negaba a reactivarlas hasta tanto el ELN liberara a todos los secuestrados en su poder.
Ese jueves 17, un coche bomba logró ingresar algunos metros en la escuela de cadetes de la policía nacional, ubicada al sur de la capital colombiana. Se trata de una escuela de gran prestigio internacional ya que a ella llegan estudiantes de toda América Latina buscando formación de excelencia.
Las primeras investigaciones concluyeron en que el atentado era responsabilidad del ELN (Ejército de Liberación Nacional), una de las guerrillas más antiguas del continente americano y la única en actividad, luego del acuerdo de paz con las FARC, hoy convertidas en partido político.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es un grupo terrorista de ideología marxista leninista integrado por unos 1.500 subversivos. Fue fundado en 1964 por dos sacerdotes, Camilo Torres y Manuel Perez, fervientes defensores de la teología de la liberación. Su objetivo es instaurar en Colombia un régimen similar al de Cuba a través de la lucha armada. El grupo subversivo es dirigido por una cúpula de cinco miembros y se financia mediante el secuestro, la extorsión y el narcotráfico.
Actualmente se cree que mantienen cautivos a unos diez y siete rehenes. La narcoguerrilla viene provocando, entre otros desmanes, atentados a oleoductos como forma de presionar a las empresas petroleras extranjeras a irse del país. El último atentado de gravedad fue en Barranquilla, al norte del país, hace un año. En esa ocasión un miembro del grupo terrorista hizo estallar un explosivo en una comisaría; en el hecho resultaron muertos cinco efectivos policiales.
Este derrotero de secuestros y atentados hizo que las conversaciones de paz que comenzaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos en Quito (2016) estuviera lleno de dudas y recíproca desconfianza, prueba de ello es que las partes nunca establecieron un cese bilateral del fuego.
Debido a que la guerrilla del ELN continuó durante esas conversaciones en Quito, con actos que no revelaban voluntad de paz, el gobierno ecuatoriano decidió, sobre todo debido al secuestro y posterior homicidio de tres periodistas ecuatorianos en el sur de Colombia, renunciar a su calidad de anfitrión y garante de los diálogos de paz (18 de abril de 2018). Así es como esas conversaciones se trasladaron a La Habana, Cuba.
Diez miembros del grupo subversivo esperaban la reanudación de los diálogos. Dicha circunstancia estaba condicionada por el gobierno del presidente Duque a la liberación de todos los cautivos. El terrible hecho ocurrido en la escuela de cadetes General Santander, que dejó el saldo de veintiún muertos y numerosos heridos, precipitó la decisión del gobierno de darle término a aquellas conversaciones.
Todo hace prever que a la decisión oficial sobrevendrá una escalada de violencia. Así lo percibe el ahora partido político FARC que, a través de su autoridad máxima, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ha solicitado al gobierno no hacer abandono de la mesa de diálogo de La Habana y, además, ha ofrecido su mediación.
Detrás del conflicto armado colombiano, como en todos los conflictos armados, hay un gran negocio y muchos intereses, incluso políticos, en juego. La derecha recalcitrante colombiana, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático), criticó duramente al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y premio Nobel de la Paz por el acuerdo de paz con las FARC. Iván Duque, alfil de Uribe, al asumir el gobierno en agosto de 2018, puso a la guerrilla del ELN una condición de muy difícil cumplimiento y expresó su decisión de endurecer las políticas gubernamentales en contra de los grupos armados.
Todo hace suponer, como sostiene Rodrigo Londoño, que la escalada de violencia y de muerte no se hará esperar, lamentablemente, y que la guerra interna, que ha dejado a lo largo de cincuenta años, miles de desplazados, muertos y secuestrados, continuará.
* El acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue firmado el 26 de setiembre de 2016 en Bogotá, Colombia, entre el expresidente Juan Manuel Santos y la cúpula de movimiento guerrillero, hoy partido político.
