Lo que venga a continuación nunca ha sido tan incierto.
Se suponía que la guerra de 52 años de duración en Colombia debería haber terminado para este momento. Se habían fijado fechas para el momento en que rebeldes abandonarían sus campamentos en la selva, mudándose a territorio neutral y deponiendo sus armas.
Pero, ahora que los electores colombianos han rechazado un acuerdo de paz - el fruto de cuatro años de negociaciones entre el gobierno y el mayor grupo rebelde del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC - las partes se están apresurando por encontrar un camino para salir adelante.
El gobierno había declarado públicamente que no había un Plan B. Ahora, debe concebirlo.
La gama de posibilidades es vertiginosa, desde diálogos rápidos, pasando por un acuerdo enmendado, hasta un esfuerzo por redactar de nuevo la Constitución. Las estancadas negociaciones con el segundo mayor grupo rebelde de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, parecían frustradas por el rechazo popular al trato de las FARC. Todas las partes ahora evaden una tercera posibilidad, largamente temida a lo largo de la campaña de paz: un final a la tregua y un regreso a la guerra.
“Ah, Dios mío, esto realmente ha sido muy duro”, dijo María Emma Wills, asesora de la dirección del Centro Nacional por la Memoria Histórica, con base en Bogotá. “Es un momento muy aleccionador. Es un momento de la verdad”.
El martes, negociadores del gobierno habían vuelto a La Habana, donde tuvieron lugar las charlas. Fue un regreso a una escena familiar: las dos partes sentadas a la mesa, negociando la suerte de la nación.
Sin embargo, el rechazo del acuerdo de paz el domingo ha cambiado repentinamente el cálculo político. Ahora, el político más poderoso en Colombia discutiblemente no es el presidente Juan Manuel Santos. Más bien, bien pudiera ser Álvaro Uribe, el senador y ex presidente que encabezó la amarga lucha en contra del acuerdo y prevaleció.
Santos y Uribe anunciaron que se reunirían. Uribe y su partido, el Centro Democrático, están preparando un análisis de los defectos que ven en el acuerdo de paz, exponiendo sus demandas por un acuerdo negociado.
Sin embargo, en rueda de prensa este martes, María Ángela Holguín, la canciller, dijo que la renegociación del acuerdo “no es una decisión del gobierno, es una decisión de las FARC”, con base en los medios informativos de Colombia. El comentario enfureció a los aliados de Uribe.
“No depende de las FARC”, dijo Federico Hoyos, integrante del Congreso por el partido de Uribe, en entrevista. “Depende del pueblo, y la gente decidió que necesitaba haber una renegociación”.
Uribe y sus aliados han criticado una variedad de cláusulas contenidas en el acuerdo. Sin embargo, la de más difícil resolución pudiera ser el sistema de justicia transitoria que expuso. Bajo el acuerdo, comandantes de las FARC, incluso aquellos que habían cometido en contra de la humanidad, habrían evitado pasar tiempo en prisión y más bien habrían sido sometidos a “restricciones de libertad” indefinidas.
Uribe y sus seguidores han exigido que comandantes hallados culpables de los crímenes más serios sean sometidos cuando menos a condenas reducidas en prisión, quizá durante varios años tras las rejas. Los integrantes de la tropa, dicen, aún podrían recibir una amnistía, como el acuerdo estipulaba.
Aunado a lo anterior, Uribe y su partido quieren prohibir que comandantes rebeldes que han cometido crímenes atroces tengan cargos de elección popular, dijo Hoyos. El acuerdo de paz designó 10 escaños automáticos para integrantes de las FARC en las elecciones de 2018 y 2022.
El lunes de esta semana, Uribe también propuso "alivio judicial" para las fuerzas de seguridad de la nación.
“Ellos saben que no deberían ser ellos los que realmente empiecen la guerra de nuevo, así que realmente están intentando caminar hacia la paz”, dijo Wills.
“La gran pregunta es qué es negociable entre los tres grandes actores”.
La incertidumbre política ha envalentonado a colombianos que se han pronunciado largamente por una asamblea para redactar de nuevo la Constitución del país. Fuerzas de la derecha, incluyendo a conservadores religiosos que apoyan a Uribe, y de la izquierda, incluidas las FARC, han causado agitación durante años por un proceso de esa índole.
No obstante, la idea al parecer es sumamente impopular entre los colombianos. La mayoría no quiere reformar la Constitución actual, que fue moldeada durante una asamblea constitucional en 1991, reemplazando una versión de un siglo de antigüedad y suministrando una firme defensa de los derechos a minorías.
“Probablemente sería una Constitución redactada por dos extremos políticos”, dijo César Rodríguez, director de De justicia, instituto de investigación legal. “Alcanzaríamos la paz a través de un reaccionario pacto político que cambiaría el espíritu de la democracia colombiana. Eso es un gran riesgo”.
Si bien todos los participantes principales en este debate han insistido desde el domingo que quieren encontrar una solución negociada, analistas dijeron que mientras más tiempo persistiera la incertidumbre, mayor la posibilidad de que el cese al fuego se viniera abajo, sumiendo al país de vuelta en el conflicto armado.
“Si prevalece falta de claridad con respecto a dónde marchan las cosas en La Habana, las fuerzas centrífugas van a ser fuertes”, dijo Adam Isacson, integrante sénior de política de seguridad regional por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.
