El sistema penitenciario mendocino tiene espacio para albergar 3.390 presos. Pero hoy aprieta tras las rejas a 4.400 privados de la libertad.
El déficit de espacio supera las mil “plazas” y tiene pronóstico de agravarse ya que viene creciendo a razón de veinte presos por quincena.
Esto significa que cada semana, las “altas” por dictado de prisiones preventivas de procesados o por nuevas condenas suman diez más que las “bajas” por cumplimiento o acortamiento de condena o por sobreseimiento de procesados.
El gobierno de Alfredo Cornejo ha gestionado ante el Ejército Argentino el uso de instalaciones militares ubicadas en Avenida Boulogne Sur Mer o Lencinas para su utilización como lugar de detención, principalmente para los procesados por violencia de género. Es que las cárceles “tradicionales” no dan abasto.
“No hubo acuerdo”, confirman escuetamente cerca de unas negociaciones que no avanzaron, sin que expliquen la negativa castrense.
Mientras tanto, el saturado sistema carcelario mendocino suma más de diez presos por semana.
Se trata del mayor ritmo de aumento de presidiarios de los últimos diez años (14% en 2016) en línea con la legislación promovida por el gobierno de Cornejo, que establece que los procesos por delitos graves deben llevarse a cabo con sus acusados detenidos.
Buena parte del crecimiento de los procesados se explica por el endurecimiento en el tratamiento judicial de los casos de violencia familiar.
Los procesados por este tipo de delito están alojados en el colapsado Pabellón 5 de la cárcel de Boulogne Sur Mer… y siguen llegando.
Se trata de un número creciente de privados de la libertad con un perfil definido que hoy supera los 270.
Con la supervisión de las autoridades carcelarias que encabeza Eduardo Orellana los hacinados integrantes del 5 están hoy reacondicionando un ala del Pabellón 9 (uno de los más grandes del histórico presidio) para mejorar sus propias condiciones de encierro y para ampliar una capacidad de alojamiento que a todas vistas muestra que habrá nuevos “visitantes” asegurados.
“En febrero ya estaremos en condiciones de habilitar el 9”, confirman en el Servicio Penitenciario. Las obras ocuparon la mano de obra de los nuevos presos, iniciando otro capítulo del trabajo en condiciones de encierro que desde hace dos décadas tiene vigencia tras las rejas.
En tanto, en junio pasado fue inaugurada la Unidad Agua de las Avispas (Cacheuta) que permite alojar a 30 mujeres internas. Y entre fines de febrero y comienzos de marzo está prevista la habilitación de una ampliación con 40 nuevos lugares de detención, en la alcaidía de la comisaría 33 en el Barrio San Martín.
Cuestión de espacio
Con la negativa castrense al uso de las barracas del Ejército para alojar presidiarios, el problema de la falta de espacio y las condiciones de alojamiento continúan en un sistema penitenciario mendocino que suma más de una década de cíclicos cuestionamientos internacionales.
Y que desde hace quince años alberga un número de internos superior al del servicio penitenciario de Santa Fe, una provincia que duplica en tamaño poblacional a Mendoza.
No obstante, las cárceles mendocinas son las que incluyen al mayor número de presos federales del país (casi 600). Por ese motivo, el pasado 2 de enero el gobierno de Mendoza y el Ministerio de Justicia de la Nación acordaron retomar la construcción del Centro Federal Penitenciario -paralizada en 2015- en un predio del Penal de Almafuerte.
Tal es el interés de la Provincia para que esa obra se termine que adelantará los fondos a la espera de una restitución de la Nación. Es que el traslado de 600 internos de las cárceles provinciales a la próxima penitenciaría federal, significará dar una respuesta al 60% del actual problema de hacinamiento carcelario.
Claro que el 40% restante seguirá creciendo y tarde o temprano reclamará nuevas instalaciones, si se mantiene el ritmo actual de diez “altas” semanales tras las rejas.
En 2013, en Mendoza había 194 presos cada cien mil habitantes. Hoy el número creció a 231. En los dos años la cifra mendocina permanece por encima de la media de Argentina (entre 160 y 190), supera a la de China (224 cada cien mil) y se acerca a la de Brasil (274) de recientes tragedias carcelarias. Aunque aún se mantiene lejos de los promedios de países más proclives al encarcelamiento como Rusia (475) y Estados Unidos (716). Este último país concentra en sus cárceles uno de cada cinco presidiarios de todo el mundo.
Pérez, Jaque y Cobos, entre altas y bajas
A fines del año pasado había 538 privados de la libertad más (entre procesados y condenados) que los 3.862 “habitantes” de las cárceles con los que se despidió el gobierno de Francisco Pérez.
El crecimiento de diez presos por semana y 14% en doce meses en la población penitenciaria del primer año de Cornejo sólo registra una aproximación de nueve por semana en el tercer año de Pérez (2014) y un acercamiento porcentual (13,8%) en el último de Celso Jaque (2011).
Hasta el momento, los tres gobiernos anteriores de los peronistas Jaque y Pérez y del radical Julio Cobos han oscilado entre momentos de crecimiento y de decrecimiento de la población carcelaria.
Cobos redujo la cantidad de presos a razón de siete cada dos semanas durante su penúltimo año de gobierno (2006) y la aumentó al mismo ritmo al año siguiente (2007) antes de dejar el mandato.
Durante su sucesor Jaque -que se posicionó con un discutido “mapa del delito”- los presos se incrementaron en tres de los cuatro años y bajaron en uno. En 2008 y 2009 las cárceles crecieron a un ritmo de siete presos más por quincena y llegaron a subir a razón de uno por día (catorce en catorce días) en 2011, su año de despedida. Intermedio quedó el 2010 en el que se redujo la cantidad de privados de la libertad a un ritmo de uno por semana (48 internos menos que el año anterior).
Finalmente Pérez también tuvo tres años “carceleros” y uno “conmutador”. En 2012, la población penitenciaria subió de a diez internos por quincena; en 2013 de a nueve cada medio mes y en 2014 trepó a razón de 18 cada dos semanas. En el conflictuado 2015 -caracterizado por un cruento proceso electoral y una complicada transición- la población carcelaria disminuyó a razón de tres presidiarios por quincena.
