El anteproyecto de reforma del Código Penal de la Nación, que una comisión interpartidaria y con representación de la Corte Suprema de Justicia redactó y envió al Poder Ejecutivo para su evaluación y posterior remisión al Congreso, generó una lógica reacción de la sociedad que terminó siendo canalizada por sectores de la oposición que ahora se oponen al rápido abordaje del mismo.
¿Por qué es lógica la reacción de la gente? Porque el contenido del anteproyecto incursiona en la reducción de penas y en aspectos relacionados con la abolición de los conceptos de reincidencia delictiva y peligrosidad que llevan a pensar que en el futuro la nueva normativa terminará perjudicando el combate contra la inseguridad, cada vez más alarmante, que los argentinos padecen en cualquier punto del país.
Entre otras muchas consideraciones, el proyecto que se pretende poner a debate del Congreso elimina la reclusión perpetua por homicidio agravado, impulsa una importante baja en la condena por trata de personas, posibilita penas que viabilizan la excarcelación para aquellas personas que delinquen utilizando armas de fuego y da similar trato a quienes son juzgados por tráfico de drogas.
Legisladores y juristas que se han interesado por esta polémica iniciativa sugieren que las autoridades nacionales y de las provincias evalúen fielmente el impacto que pueden tener las modificaciones recomendadas por la comisión redactora, al punto de alertar que una de las consecuencias será el aumento de la cantidad de delitos, en virtud de que un elevado número de personas condenadas podrían recuperar la libertad en caso de aplicarse las reformas sugeridas.
Otro aspecto a tener en cuenta es la oportunidad para el debate y eventual aprobación de una modificación tan sustancial como la que se impulsa. Se trata de un código vigente desde hace más de 80 años, al que se le han introducido innumerables enmiendas que en muchos casos desvirtuaron su espíritu y aplicación.
Como el Código Civil, con media sanción del Congreso en una alocada votación tras un insuficiente debate previo, el Penal necesita el tiempo necesario de discusión para dotar de una herramienta legal totalmente viable a quienes serán los actores de su interpretación y aplicación. Porque debe tenerse en cuenta que el principal destinatario de su necesaria eficiencia no es otro que el ciudadano común.
La Argentina ha ingresado en un acelerado proceso de transición política casi dos años antes del próximo recambio institucional. La certeza de que Cristina Fernández de Kirchner no competirá por una nueva reelección anticipa un claro cambio de conducción política en el país, más allá de que su sucesor pueda surgir de las filas del justicialismo. Ello lleva a preguntar cuál es la razón del apuro por introducir reformas que puedan incidir de manera insospechada en la vida diaria de los argentinos.
Con buen criterio, y en algún caso con lógico sentido de oportunismo, la oposición política no sólo plantea en estos momentos su rechazo al texto puesto a consideración del Ejecutivo, sino que recomienda que el debate de fondo del Código Penal se lleve a cabo a partir de la instalación en el poder del gobierno que el pueblo elija para suceder a la actual conducción kirchnerista.
Los últimos resultados electorales registrados en el país no sólo expresaron un claro rechazo al oficialismo por parte de definidos sectores de la sociedad sino que marcaron el reclamo a la clase dirigente de un cambio en la forma de hacer política, más alejada de los personalismos, la confrontación estéril y la no aceptación del disenso.
Por todo esto sería oportuno que las autoridades nacionales hicieran una correcta lectura de estas advertencias y aceptaran que la reforma del Código Penal merece una serena discusión política y académica, alejada de meras especulaciones electorales que, en las actuales circunstancias, es imposible concretar.
